El verano de 2012 marcó un punto de no retorno para la economía española. Fue entonces cuando la prima de riesgo se disparó por encima de los 600 puntos básicos y el espectro del "rescate", al modo de una intervención doméstica tan brutal como la vivida en Grecia, se apoderó de la prensa. ¿Quedaría España supeditada a la dirección de la troika? No, o al menos no del modo imaginado. España sí sufrió un rescate, pero uno bancario. Un matiz que implicaba un enorme desembolso público.
Y que según el gobierno de entonces, con el ministro Luis de Guindos a la cabeza, no iba a costar "ni un euro" al buen contribuyente.
Lo que sabemos. Casi una década después de aquel mensaje, repetido con frecuencia durante los años siguientes, la realidad es otra: España desembolsado desde entonces unos €58.000 millones en sanear las cuentas de sus cajas de ahorro, entidades teóricamente privadas que se amalgamaban con el sector público y los intereses políticos. Lo relata esta tribuna de El País donde además se apunta a otro hecho singular: ningún otro país ha destinado tanto dinero a salvar a sus bancos. Alemania, el segundo, suturó la herida en los €49.000 millones.
El motivo. Gran parte de la historia ya la conocíamos. En 2019, el Banco de España cifraba en unos €41.000 millones el coste para el erario público. En este gráfico se detalla lo que recibió cada entidad. La diferencia hoy estriba en el origen y la concreción de la cifra: proviene de un informe de Eurostat en el que se computan los déficit públicos anuales entre 2008 y 2020, la década larga perdida en España, y suma los activos provenientes del Sareb, el célebre "banco malo". €9.800 millones, nada menos.
En total, el organismo estima el déficit público del país en unos €123.000 millones, alrededor del 10,97%. Es un porcentaje que lleva muy por encima de lo recomendado en Bruselas desde el inicio de la crisis.
Mal. Gran parte del problema viene del Sareb, la entidad que absorbió los activos más deteriorados de las cajas (léase: promociones inmobiliarias ruinosas adquiridas o financiadas durante los años de vino y rosas). En teoría una sociedad anónima, su deuda, unos nada despreciables €35.000 millones, ha terminado siendo deuda pública. Parte de su delicada situación viene también por cuestionables decisiones, como un swap (aquí se explica qué es) que genera pérdidas anuales de unos €500 millones.
Una operación bastante ruinosa también a costa del erario público.
Alternativas. ¿Pero había otra opción? Desde que De Guindos pronunciara aquellas palabras, el escándalo ha rotado no tanto en torno al rescate en sí mismo como en torno a la mentira consciente, similar a la "desaceleración" de la economía que también célebremente camufló Zapatero. El ministro fue interpelado en más de una ocasión por la cuestión en el Congreso (el hoy ministro de Consumo, Alberto Garzón, siempre fue muy insistente). De fondo una magra realidad: no había alternativa.
Lo expuso nuestro compañero Alejandro Nieto hace algunos años a cuenta de un vídeo viral donde un youtuber hablaba sobre el rescate:
¿Cuál es la alternativa a un rescate con dinero público? Pues hemos visto un caso reciente, con la absorción del Popular por parte del Santander: todos los accionistas y bonistas han pedido su dinero. Pero había más: el Santander ha tenido que poner 7.000 millones de euros más para tapar agujeros. Si nadie hubiera acudido con el dinero el Popular habría quebrado (ya sea por falta de solvencia o de liquidez, eso está por ver) y el agua habría llegado a los depositantes. Los primeros afectados habrían sido los depositantes con más de 100.000 euros. Puede parecer mucho, pero es un efecto dominó: las empresas acumulan saldos superiores, por ejemplo para pagar nóminas. Y esto podría haber creado una ola de impagos en cadena que habría dejado a mucha gente sin cobrar sueldo y seguramente sin empleo a las pocas semanas. Chipre es un buen ejemplo.
Cómo responsabilizar. En resumen: "El rescate bancario fue un rescate ciudadano. Se impidió que la gente perdiera su dinero, que las empresas quebraran, que la gente perdiera (aún más) su empleo". Cuestión distinta es su gestión. Son diversos los economistas que consideran que el error estuvo en no inyectar dinero ya en 2008, cuando se negaba, no a partir de 2010; y muchos más los que entrevén el pecado original del rescate en un modelo económico-político donde las cajas y los bancos fueron tan instrumentales como el concejal de urbanismo de turno para la posterior ruina.
Esa es una historia del pasado. La del presente se cuenta con cifras muy redondas: €58.000 millones. €57.999 millones más de los augurados.
Imagen: Andrés Kudacki
