La crisis energética que azota a España durante los últimos meses, traducida en un incremento incesante en el precio de la luz, se puede entender también como una crisis territorial. De desigualdades internas.
Una buena forma de entenderlo es acudiendo a este informe publicado en 2019 por Red Eléctrica Española (REE). En él podemos observar el abrumador desequilibrio existente entre quién genera y quién consume electricidad en nuestro país. O dicho de otro modo: cómo dos ciudades gigantescas son altamente demandantes mientras que el resto de territorios circundantes se dedican a exportar energía. Llevado a cifras: Madrid produce un 4,8% de la energía que necesita, mientras que Extremadura eleva ese porcentaje al 423,1%.
La mejor forma de verlo es en un mapa y un gráfico (este algo viejo ya, de 2008, aunque también oficiales de la REE). Mediante ellos ellos se percibe con más claridad la diferencia de volumen entre producción y reparto. También hay que tener en cuenta que estos gráficos podrían despistarnos y hacernos pensar que es un circuito autosuficiente, pero no es así: España importa en torno al 70% de energía que consume. Tenemos una de las dependencias energéticas más altas de Europa, donde la media de importación está en torno al 50%.
Todo el continente europeo atraviesa una transición de un modelo más dependiente de los combustibles fósiles a otro que opte por las energías renovables. En España, en concreto, estamos apostando a lo grande por la eólica y la fotovoltaica. Hay proyectos de megaparques de eólicas y fotovoltáicas por toda la llamada España vaciada, y de ahí que empiece a haber protestas vecinales por doquier. "Renovables sí, pero no así" es el lema de organizaciones como Asociación Salvemos los Campos, la Alianza Energía o Territorio Aliente (una agrupación de 152 organizaciones) son sólo algunas de ellas. Galicia y Cantabria también andan mosqueadas.
La construcción de estos parques energéticos se observa con suspicacia en la España interior por diversos motivos. Sus críticos apuntan a la destrucción de ecosistemas, mayor dificultad de supervivencia para especies amenazadas, una inclinación más aguda a los desastres naturales y un deterioro del paisajes. Pueblos y urbanizaciones enteras, se argumenta, pasarían a vivir rodeados de molinos de acero o plantas de transformación ruidosas, algo que mermaría su calidad de vida.
En el fondo, la intensa proliferación de parques convierten a pequeñas granjas eólicas o fotovoltaicas en un gran megaparque. Este interesante reportaje de El Mundo ilustra cómo funciona el proceso y por qué genera algunas resistencias entre la población local: para proyectos de menos de 50 MW las empresas deben acordar con las Comunidades Autónomas y los parques que superan esta potencia pasan por el filtro del Ministerio. Solución: trocear los proyectos.
Aunque ya hay ayuntamientos que se están organizando para tumbar planes de edificación en campañas específicas, habrá que ver hasta qué punto este debate se convertirá en primordial en las agendas políticas autonómicas. Ya hay medios que hablan de un giro regionalista para las próximas elecciones al Congreso, con movimientos grupales que se sienten abandonados y reclaman materias básicas como mejores trenes, hospitales más cercanos o más retribución por su producción energética frente a las prósperas megaurbes.
Todo este proceso se puede resumir en "la regla del notario". Algo a lo que, en parte, nos hemos enfrentado durante la pandemia, cuando nos dimos cuenta de qué eran trabajos "esenciales" (un repartidor, un cajero de supermercado) y quiénes no (un publicista, un consultor). Antonio Valero inventó este símil: si bien en la construcción de una casa el mayor trabajo proviene de la obra, al final "el consumo energético que hace el notario para firmar la escritura es el que más dinero cuesta". Que "valoramos más los productos del ingenio que lo que nos da la naturaleza, que no reclama su pago".
Sirve también para entender una posible falsedad monetaria en el mundo en el que vivimos: mientras que las actividades esenciales para la vida están en el sistema productivo primario, estos trabajos son los que menos valen frente al sector servicios o los productos financieros. Los países que producen energía son más pobres que los que producen información.
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