“No puedo hacer nada parecido a una previsión. Estoy atado de manos, no puedo hacer nada más. Cada día hablo con el gestor pero aún no hay nada seguro”. No son nada halagüeñas las primeras frases que nos suelta por teléfono Julián, propietario de Moondog, un bar de copas en Santander que abre 364 días al año, en el que trabajan (o trabajaban) él y tres personas “que son también mis amigos” y que tiene contratadas a su cargo.
Él es sólo uno de los cientos de miles de comercios cerrados a la fuerza por el Real Decreto que decretó el Estado de Alarma en España el pasado sábado 14 de marzo. Él forma parte de ese 99.8% del tejido laboral de España que representan las pymes, compuestas por 10.5 millones de trabajadores de las que el 54% son autónomos sin asalariados y el 40% microempresas con menos de nueve empleados. Como para tantos otros, el presente de Julián se ha convertido en una pesadilla de facturas pendientes (los alquileres y los pedidos no desaparecen por arte de magia) y un futuro aún peor por la total incertidumbre de cómo y, sobre todo, cuándo llegarán las ayudas que necesitan para mantenerse abiertos.
Hablemos de futuro. ¿Finales de abril? ¿Principios de junio? A día de hoy el plazo de tiempo en el que los españoles habremos de pasar el confinamiento es oficialmente un mes, aunque muchos, con los ojos puestos en la experiencia china, ya anticipan que será bastante más que eso. Más de un mes sin facturar ni un euro. A diferencia de otros empresarios, para Julián el Moondog es su única fuente de ingresos. Aunque ya ha tramitado un ERTE para sus empleados, si el local se mantiene cerrado él mismo dejará de recibir ingresos para su sustento. ¿Qué puede significar entonces para un pequeño bar como el suyo tener que parar tres meses?
“Para mí casi la ruina. Con mis ahorros a penas duras penas lo podría soportar, pero para la gente a mi alrededor sería dramático. Tengo colegas con bares que ya me han dicho que si en 15 días no llegan las ayudas van a tener que dejar el piso de alquiler en el que viven e irse a vivir donde sus padres”.
Y sí, hay un riesgo real de que las ayudas no lleguen a tiempo. Si bien el gobierno ha abierto la vía urgente para solicitar los ERTEs para los pequeños comercios que han tenido que cerrar por orden directa (comercios, bares, etc.), no es así para autónomos como Julián, o para aquellos que no hayan tenido que cesar la actividad expresamente pero que, a causa del confinamiento y la merma en la actividad general, han visto caer sus ingresos en picado.
Julián explica su caso: él, como autónomo con empleados a su cargo, podrá solicitar una prestación extraordinaria por la declaración del Estado de alarma si su facturación ha caído un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. Pero para solicitarla deberán esperar a poder presentar la acreditación de esa caída mensual, y aún no se sabe cuándo podrán presentar dicha documentación. Algo parecido ocurre con otro tipo de ayudas, como las provinciales, que en el caso de Cantabria se ha prometido una pequeña subvención para "cubrir los gastos fijos", pero según los entrevistados esa medida aún está en el aire y no se sabe cuándo va a llegar.
“Por supuesto, a su vez todos mis proveedores y distribuidores están cerrando o rebajando su actividad a mínimos para dar servicio a supermercados. Y claro, todo repercute”, dice Julián. El sector además no estaría en su mejor momento: “de febrero a abril son los peores meses del año para la hostelería y la mayoría de negocios que conozco ya se habían quedado sin colchón. Si esto te pasa en octubre o noviembre tendrías ahorrado lo del verano, pero en estas fechas muchos bares están ya en números rojos esperando al repunte de Semana Santa”.
Un efecto dominó para sectores completos del comercio
Con todo, la situación de los bares no es la más dramática. El trastorno que provocará el coronavirus en todo el sector cultural va a notarse, y en palabras de los afectados las experiencias se repiten: “en el mundillo somos varios los que lo hemos hablado: dos semanas iba a ser difícil. Un mes, que es en lo que estamos ahora, sería algo muy muy duro. Más de dos meses imposible. Si las ayudas llegan en dos meses ya no tendría solución para prácticamente nadie del negocio cultural, y lo mismo para el teatro, cines, series y hasta clases de pintura”.
Jónatan Rubio es uno de los tres socios independientes que montaron hace cuatro años la librería La Sombra, en Madrid. “Se acabó Sant Jordi/ El Día del Libro, la campaña del día del padre también desapareció, y luego viene la calma chicha del verano. Si esto se extiende hemos perdido uno de los poquísimos momentos gordos que tiene el sector”.
“Por supuesto ya desde la segunda semana de marzo, con las cancelaciones de eventos, que son los que atraen a los clientes, hemos perdido todos esos ingresos. Te puedo asegurar que ya en marzo nuestra facturación va a caer por debajo del famoso 75%. Hemos hecho pruebas, como activar la recogida de la compra online cuando acabe todo esto o las tarjetas de regalo, pero un negocio como este depende mucho de la parte física. Hemos hablado varias veces con nuestra gestoría, pero no se acaban de aclarar. Cada día sale una información nueva o el Consejo de Ministros dice algo distinto. No saben nada de moratoria de suministros, se habla de ayudas al alquiler, pero no saben cómo ejecutarlas ni para quién… Se percibe una voluntad de querer ayudar, pero no terminan de hacerlo. Lo peor de todo es eso, nadie tiene muy claro qué va a pasar o qué vamos a poder hacer”.
Rubio apunta a otro problema evidente, el “efecto dominó” que esta crisis está provocando en sectores al completo, para los que el punto de venta cerrado ahora al público es sólo el último eslabón de toda una cadena de suministros, en el caso del libro precedidos por distribuidores, editores, ilustradores, correctores, escritores y muchos otros. Si ante la asfixia total los comercios dejasen de pagar los pedidos hechos a proveedores y suspenden sus próximos contratos, todo caerá como un castillo de naipes. De hecho, El País recoge que el Gremio de Libreros de Cataluña, con 63 librerías, se han aunado para no pagar las facturas de este marzo a los distribuidores (solicitando una moratoria, que no una suspensión), poniendo indirectamente de patas arriba el futuro de cientos si no miles de trabajadores.
Según las cifras ahora mismo estimadas, los afectados por ERTEs en España ascienden ya a más 1.5 millones de trabajadores, algo menos del 10% de la masa laboral del país, a los que habrá que sumar un número aún indeterminado de los 4.5 millones de empleados con contratos temporales, a muchos de los cuales se iban a renovar y de los que ahora las empresas podrán desembarazarse sin que puedan acogerse a estos planes.
Cuando que te permitan abrir significa hundirte aún más
Es lo que, para su desgracia, ha tenido que hacer Zulema López, dueña de la pequeña herboristería Ganesha en Renedo de Piélagos. “Esto me ha pillado a punto de contratar a una chica. Casualmente se había terminado el contrato que tenía con una empleada previa e iba a dar de alta a la nueva un día antes de todo esto, así que lo he pospuesto, claro”.
En contra de lo que podría parecer, hay muchas tiendas que encajan en la excepción del Real Decreto que pueden abrir estos días y para las que la situación va a ser igual de dura o más. “Tengo dos actividades, la de alimentación ecológica y otra de tratamientos y terapias. La parte de terapias la he tenido que cerrar, claro, y por ahí me entraba aproximadamente la mitad del dinero. Luego, la parte de alimentación… La gente no viene aquí a comprar muchas cosas a por las que sí venía antes. Hasta que haga la caja de final de mes no sabré si he bajado por debajo del 75%, pero ha sido un golpe muy muy duro. Además, el Gobierno nos ha dejado totalmente desatendidos. Nos estamos enterando de las cosas por el boca a boca y está llevando a errores. Hay mucho desconcierto acerca de qué podremos pedir y cuándo”.
“Está siendo la muerte”. Más tajante es Alberto Aguado, dueño de la tienda de informática Santander Solutions. Al ser una tienda de informática y haber sido decretada como un servicio de primera necesidad ellos están obligados a abrir, o, mejor dicho, no podrían acogerse a los planes de cese de actividad que se están dando para el resto de comercios a pesar de que, en palabras de Alberto, están haciendo cero euros de caja. La gente no sale a comprar pendrives en mitad de una pandemia.
Su pequeño negocio es la imagen misma de la sacrificada apuesta personal levantada con mucho esfuerzo. Una pequeña empresa montada entre tres socios que, según nos cuentan, en siete años no ha repartido dividendos, sino que ha reinvertido todos los beneficios en la empresa para ampliar, de modo que ahora tienen cuatro empleados a su cargo.
"Debido a nuestro epígrafe estamos en un limbo. No podemos cerrar, con lo que no podemos aplicar un ERTE a los trabajadores. Intentaremos acogernos a la pérdida del 75% de facturación, que la cumplimos de sobra, pero parece que vamos a tener que demostrarlo, es como demostrar tu inocencia mientras que en el otro caso no te ponen en duda y parece que va a tardar más. No nos están dejando otra que pedir un crédito, algún ICO, algo a lo que siempre hemos sido muy reacios, no hemos necesitado pedir ninguno hasta ahora. Ahora mismo no facturo, sólo asumo riesgos para mi salud y la de mi socio. Lo piensas y te pones malo, siete años trabajando como un burro, todos los esfuerzos, la ilusión, las horas que hay aquí metidas… Nos sentimos desprotegidos".
El bloqueo administrativo: las promesas en medios aún no llegan al BOE
Mientras estos días muchos trabajadores como los que hemos visto se quedan de brazos cruzados, desgraciadamente otros viven algunos de los momentos más intensos de toda su trayectoria laboral. Cientos de miles de pequeños comercios han corrido a contactar con sus respectivos asesores, provocando para estos un volumen de trabajo que, en sus propias palabras, sobrepasa al recuerdo de las peores jornadas de la pasada crisis de 2008.
“Estamos tramitando como locos todas las solicitudes”, afirma Eduardo Martínez Retuerto, de EMR Asesoría, aunque el principal problema que señala no es ese, sino el no saber qué respuestas darle a sus clientes ante las múltiples incertidumbres que está creando este excepcional momento. desconcierto que se está provocando por la falta de medidas.
“La puesta en funcionamiento está siendo más compleja de lo que parece porque hay muchísimos flecos pendientes de cerrar. En los grupos de redes sociales de asesores fiscales en los que estoy coincidimos, hay muchas cosas que no están claras en los decretos”.
“No sólo eso, sino que, a pesar de que hemos tramitado los ERTEs de nuestros clientes, me consta que a nivel nacional sólo se han tramitado unos pocos”, sigue Martínez. “Todos los que tenemos tramitados en Cantabria aún no han sido resueltos ni positiva ni negativamente. Es posible que la administración esté colapsada, pero no sé si les va a dar tiempo a responder en el plazo de cinco días que tienen para contestar".
En caso de que Trabajo no respondiese se aplicaría lo que se conoce como silencio administrativo positivo, es decir, que la solicitud se da por buena. Pero como nos explican, esa respuesta puede ser problemática, ya que la documentación que va a pedir el SEPE para poner en marcha el trámite es la propia resolución del ERTE, con la que no van a contar, así que ahí van a empezar los conflictos. "Te van a pedir documentos que aún no se han generado. Lo que se le está trasmitiendo a la gente por parte del Gobierno, o lo que se ve en prensa, no se corresponde con lo que hay", sentencia Martínez.
Martínez coincide en el diagnóstico pesimista. Para él ese requisito de demostración de una caída del 75% de la facturación es "una animalada". "Hay que ser conscientes de que muchos autónomos viven en el día a día, no pueden esperar un mes. Primero, que haya que esperar a demostrar la facturación de marzo para poder tramitarla les va a generar graves problemas de tesorería. Y después, hay que ponerse en su lugar: ¿qué pasa si sus ingresos han caído un 70 en lugar de un 75 y no entras en los requisitos para la prestación? ¿Tú podrías sobrevivir con un 70% menos de tu sueldo?".
Los problemas administrativos no terminan aquí. "Llega a unos niveles tan absurdos", explica Martínez, "que se están pidiendo documentos que sólo se pueden conseguir de forma presencial y que está obligando a muchos afectados a saltarse la prohibición de la libre circulación. Es un fallo grave teniendo en cuenta que ellos en su sistema tiene la mayoría de la información que están requiriendo. Es una redundancia innecesaria. Entiendo que estamos en una situación excepcional, que la propia Administración está desbordada, pero no se están haciendo bien las cosas".
La imagen que ha encontrado Alberto Aguado para definir su situación y la de otros tantos pequeños empresarios y autónomos en estos momentos no podría ser más dolorosamente simbólico: "tenemos un pulmón de un mes para soportar esta situación, no más, si tardan más nos van a asfixiar".
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