¿Europa contra sus refugiados? Así están reaccionando nuestros gobiernos frente a la crisis

Varios meses después del pico informativo que llevó la crisis de los refugiados a las portadas de todo el mundo, Europa continúa enfrentada a una realidad que, cada vez en mayor medida, se empeña en negar. O al menos en dejar de lado. Miles de refugiados continúan tratando de entrar dentro de los límites de la Unión Europea, y las últimas decisiones tomadas por los ejecutivos del continente indican que lo van a tener cada vez más difícil. Ya no es sólo Hungría, ya no se trata sólo del bloque del este: ahora Alemania, Reino Unido, Noruega o Dinamarca también se sitúan frente a sus refugiados.

O sus gobiernos, más bien. Durante los últimos días, varias noticias y declaraciones han puesto de manifiesto lo evidente: nadie en Europa occidental sabe cómo lidiar con la crisis de refugiados sin correr grandes riesgos políticos. Ante lo exagerado del problema, y ante la carencia de soluciones integrales aplicadas por todos los miembros de la unión, cada país, en función de sus circunstancias, trata de solventar la cuestión del modo más expeditivo posible. Así, las deportaciones forzosas, la confiscación de bienes (!) y la represión policial se han convertido en herramientas habituales.

"Devuélvanlos al mar, vayan en contra de la ley"

Comencemos por los hechos más recientes: ayer mismo, el ministro de Inmigración del gobierno griego, Ioannis Mouzalas, acusaba al ministro de Interior del gobierno belga, Jan Jambon, de querer devolver a los refugiados a las aguas del Mediterráneo, al margen de la legalidad establecida. Lo hizo en BBC Newsnight, ante la incredulidad del presentador británico, que tuvo que preguntó en varias ocasiones a Mouzalas por la petición del gobierno belga ante lo inverosímil de la narración. Así fue la conversación:

—El ministro de Interior de Bélgica dice que tenemos que devolverlos de vuelta, lo que es ilegal, y que Grecia debería construir un lugar para 400.000 refugiados.
—Los belgas ciertamente han hablado sobre esta idea de tener gigantescos campos en Grecia a la que se ha referido...
—Pero también de expulsarlos, señor Davis. Los belgas dijeron "devuélvanlos al mar". Los belgas dijeron "vayan en contra de la ley, me temo que no me importa si los hunden, los quiero devueltos". Probablemente nadie en la conferencia de ministros lo aceptó.
—Lo siento, sólo para dejarlo claro: los belgas querían que ustedes devolvieran a la gente al mar para solucionar el problema.
—Sí, sí.

La Unión Europea atraviesa un momento delicado. La acusación de Mouzalas se entiende mejor dentro del contexto de presión y crítica de sus colegas europeos a las gestión del gobierno griego de la crisis. Grecia está, una vez más, en el ojo del huracán: ha recibido alrededor de 850.000 refugiados en sus costas y está teniendo graves problemas para lidiar con semejante flujo migratorio. Según el Financial Times, el país ha sido amenazado con la expulsión de la zona Schengen si no mejoraba su gestión. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, lo expresa en los siguientes términos:

Los problemas para Grecia son múltiples: es el primer país receptor, está en una bancarrota virtual y sus relaciones con el resto de socios europeos son malas tras los acontecimientos del pasado verano. Viktor Orbán, el autoritario presidente de Hungría que edificó la primera valla fronteriza para frenar el movimiento de refugiados, ha propuesto abiertamente vallar y aislar el país. Si no salen de Grecia no podrán llegar al resto de Europa, razona. Macedonia, país de paso fuera de la Unión Europea, lo hizo el pasado otoño. Pero Albania y Bulgaria no, de modo que los refugiados buscan rutas alternativas con éxito.

Orbán no está solo. Su propuesta, lejos de resultar extravagante, parece atractiva para la Unión Europea y para parte de los gobiernos que la conformarn. Jean-Claude Juncker ha mostrado su conformidad con reforzar la frontera de Macedonia con Grecia para debilitar en la medida de lo posible la principal ruta hacia el centro de Europa. La propuesta ha surgido del gobierno de Eslovenia, y coincide con las duras críticas de Alemania o Austria a sus homólogos griegos por su, según afirman, incapacidad para retener a los refugiados dentro de sus fronteras.

Es un nuevo capítulo de "echemos a Grecia de".

La confiscación de bienes en Europa, 2016

Lejos de los Balcanes, ya sea en las islas británicas, en Francia, en los países centroeuropeos o en los escandinavos, no les espera la más cordial de las salutaciones. Numerosos gobiernos del continente, ya sea a nivel regional o nacional, han procedido a confiscar bienes a los refugiados de reciente llegada a sus fronteras. El caso más sonado ha sido el de Dinamarca. El parlamento danés ha aprobado una medida histórica, promovida por la extrema derecha y secundada por los liberales y el centro-derecha, por la cual los refugiados que le soliciten asilo sólo podrán conservar 1.340 euros en bienes materiales.

Todo lo que supere esa cuantía, irá a parar a las arcas del país escandinavo.

Ha sido el caso más sonado, pero no el único. Suiza llevaba aplicando cierto tiempo idéntica política. En el caso del país helvético, los refugiados pueden retener alrededor de 900€ en bienes, mientras que el resto va a parar a manos del gobierno para, según los defensores de la medida, financiar los altos costes asociados al alojamiento y mantenimiento de los servicios sociales, incluidos aquellos que reciben los solicitantes de asilo. De forma paralela, si alguno de los migrantes se queda y obtiene trabajo, deberá ceder el 10% de su sueldo a Suiza durante 10 años. En esencia, es cobrarles la estancia.

Desde la Secretaría de Inmigración de Suiza se explica la medida en los siguientes términos: "Si alguien se marcha de forma voluntaria en el plazo de siete meses, esa persona puede coger su dinero de vuelta y marcharse con él. De otro modo, ese dinero cubre los costes que genera".

La idea ha calado también en Alemania, país vecino. Especialmente en los estados del sur, Baviera, gobernado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por la muy conservadora CSU, y Baden-Württemberg. Ambos se cuentan entre los más ricos del país, pero también ejercen de puerta de entrada al resto de Alemania, destino declarado de gran parte de los refugiados. En Baviera, la confiscación comienza cuando el solicitante de asilo supera los 750€ en bienes. En Baden-Württemberg el gobierno local es más draconiano, e inicia la confiscación a partir de los 350€.

Como se explica aquí, la medida viene amparada por la ley de ambos territorios, que especifica que todo solicitante de asilo deberá costearse primero con sus propios medios la estancia en Alemania. La política de puertas abiertas de Alemania, promulgada por Merkel y en crisis tras los sucesos de Colonia, comienza a ser parte del pasado. En la propia Baviera, un alcalde local decidió enviar un autobús lleno de refugiados a Berlín, a la cancillería. El alcalde en cuestión quería "enviar una señal" al gobierno central. Literalmente.

¿Por qué lo están haciendo? Como hemos visto, se arguyen razones económicas. Sostener a un refugiado, a un solicitante de asilo, es costoso. Tanto en Baviera como en Dinamarca como en Suiza la coalición de fuerzas gobernantes es conservadora, y su electorado observa no sin celo la llegada de migrantes a sus poblaciones y la utilización de fondos públicos para su alojamiento y mantenimiento. Un modo de pagarlos es confiscando parte de sus bienes. Las críticas han surgido por doquier, sin embargo, tanto a esta medida como a las trabas para la reunificación familiar de los refugiados.

Schengen: el fin de un sueño europeo

Entre tanto, Europa asiste al fin del Área Schengen tal y como la habíamos conocido. Durante la recta final de 2015 fueron varios los países que comenzaron a aplicar controles fronterizos en sus límites. Hungría, ya lo hemos visto, edificó la primera valla a finales del verano, pero poco después Eslovenia o Austria hicieron lo propio. Desde entonces, Suecia o Dinamarca siguieron la misma senda, aunque sin verjas. Los atentados de París y los incidentes de Colonia no hicieron sino agravar la situación, disparando las alarmas en torno a la seguridad interna y a la viabilidad de acoger más migrantes.

Un sombrío interrogante se cierne ahora sobre el libre tránsito de personas en el seno de la Unión Europea. Volvamos a los países nórdicos. Allí, fue Suecia, estado habitualmente abierto a las solicitudes de refugiados pero poco acompañado en sus propósitos, la primera nación en establecer controles en una de sus fronteras. En concreto, en la de Dinamarca, en el puente de Oresund. La decisión del gobierno sueco se vio acompañada de forma casi inmediata por otra igual del ejecutivo danés, pero en esta ocasión en su límite sur, allí donde se encuentra con Alemania. En dos días, Dinamarca suspendía Schengen.

Ambas decisiones se suman a las ya tomadas por Alemania o Austria con anterioridad. Los dos países centroeuropeos han recibido una importante cuota de refugiados desde que estallara la crisis: los primeros como receptores netos de migrantes, y los segundos como país inevitable en su camino hacia Alemania. Dado que los tratados europeos lo permiten, los ministros europeos implicados en la materia han debatido la posibilidad de suspender Schengen de forma generalizada, en toda la unión, durante dos años. Ahora mismo, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Eslovenia lo aplican, aunque de modo temporal.

Incluso aquellos países que aceptan Schengen pero que no forman parte de la Unión Europea han comenzado a observar la libre circulación de personas con peores ojos. Es el caso de Noruega. Allí, una sorprendente ruta de migrantes se ha abierto camino a través del ártico. Los refugiados llegan a Moscú tras coger un avión desde Damasco, se suben en un tren dirección Murmansk y cruzan la frontera con Noruega en bicicleta, a unos 200 kilómetros. ¿Por qué en bicicleta? Porque un vacío legal no requiere de permisos para hacerlo sobre dos ruedas y a pedales, pero sí a pie o en coche.

El gobierno noruego, conservador y apoyado por la extrema derecha, ha comenzado a deportar a los refugiados ciclistas de vuelta a Rusia. Sin embargo y como era previsible, Rusia no está conforme con esa idea.

Pulseras en Cardiff, gases en Calais

La confiscación de bienes decretada por el parlamento danés ha llevado a inmediatas comparaciones con las políticas de la Alemania nazi durante la guerra. Ha sucedido algo parecido en Cardiff, Gales, donde una empresa subcontratada por el gobierno local reparte pulseras identificativas a los refugiados para asegurar su manutención y atención en los centros públicos. En caso de que no porten la pulsera, de color rojo brillante, no podrán acceder a los servicios. Según relata The Guardian, la situación ha llevado a una inmediata discriminación de los migrantes y a situaciones de abuso.

Huelga decir que no hay comparación posible entre las medidas de la Alemania nazi y la de los actuales estados. Sin embargo, parte del espacio mediático no ha obviado las semejanzas a la hora de evaluar ambas situaciones, al igual que la acaecida en Middlesbrough. Allí, los propios solicitantes de asilo denunciaron la discriminación a la que eran sometidos al ser alojados. Al parecer, el gobierno local les otorgaba viviendas marcadas con puertas de color rojo. Hay una investigación aún en curso al respecto tras un reportaje de The Times titulado "Apartheid de los solicitantes de asilo en las calles británicas".

Las anteriores historias hablan de los refugiados que sí han logrado llegar a su lugar de destino. Los hay que aún malviven en los campos. Uno de los más notorios del continente es el de Calais, a las puertas del Eurotúnel, donde centenares de migrantes esperan desde hace meses la posibilidad de llegar a Londres desde hace años. Ha contado con una creciente afluencia de personas en el último año. La inestabilidad en el campo es habitual (incluidos incendios de causa incierta). La policía opta por reprimirles cuando tratan de saltar la valla que les rodea. Ha sido acusada de emplear gases lacrimógenos para ello.

¿Europa contra sus refugiados? La única certeza es que, de momento, la crisis migratoria está sacudiendo los cimientos de la Unión Europea.