España acogerá a los más de 600 migrantes embarcados en el Aquarius. Lo ha anunciado hace escasas horas el gobierno de Pedro Sánchez, en la que es la primera decisión de significativo calado mediático tomada por el ejecutivo socialista. La decisión, además, se contrapone de forma explícita a la política de cierre fronterizo decretada por el flamante nuevo ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, líder de la Lega y reconocido campeón de la xenofobia.
¿Pero qué consecuencias puede tener la política adoptada por Sánchez? Más allá del innegable carácter humanitario de la invitación (todos los embarcados contaban con víveres para escasas veinticuatro horas), el caso del Aquarius representa bien el dilema al que se enfrenta no sólo España, sino toda la Unión Europea: salvar vidas a cambio de generar un incentivo perverso para las muchas mafias que operan desde Libia y que confían en las políticas de rescate para ganar dinero.
El fenómeno es viejo, y hasta ahora lo había sufrido únicamente Italia. Desde el cierre de la ruta griega gracias al acuerdo de Turquía, el flujo de refugiados y migrantes se había trasladado a las costas libas. La posición central del país mediterráneo y el carácter caótico de su administración, inexistente a causa de una interminable guerra civil, lo dibujaron como el teatro de operaciones perfecto para las mafias migratorias que operaban en el Mediterráneo.
La acción de las mafias
Son ellas las responsables parciales del flujo demográfico. No lo crean ellas (las crisis económicas y humanitarias de los países africanos, las situaciones de miseria y opresión, son la causa primordial para que millones de personas deseen cruzar el Mediterráneo cada año), pero sí lo habilitan. Ofrecen embarcaciones precarias a bajo precio que representan la última esperanza para muchos migrantes, y cuyas plazas pagan con los escasos ahorros que han podido acumular.
Una barcaza rescatada por la ONG Pro Activa en 2017. (Emilio Morenatti/AP)
La avalancha de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo (siempre en condiciones precarias, atestadas, sin los recursos suficientes para negociar con éxito el largo viaje, preparadas únicamente para sostenerse sobre el nivel del mar) y la inacción general de la Unión Europea (por el rechazo a la acogida de refugiados) provocaron que numerosas ONG se lanzaran a los mares. Fletaron barcas y flotillas y comenzaron a rescatar a los barcos en apuros.
De forma natural, la presencia de ONG en alta mar generó un incentivo perverso para las mafias. Una llamada de socorro provocaba la intervención de alguna embarcación solidaria, recogía a los refugiados y los desembarcaba en costas italianas. Más de medio millón de migrantes pusieron pie en suelo italiano provenientes de Libia sólo en 2016. Era un método que funcionaba. Como apunta aquí Jesús Manuel Pérez de Triana, el riesgo de muerte era alto, pero la probabilidad de pisar Europa con vida lo era aún más. En gran medida por la labor humanitaria de las ONG.
Esta infografía del New York Times es ilustrativa: entre 2014 y 2016 las barcazas de refugiados y migrantes fueron rescatadas cada vez más cerca de las costas libias. Las mafias sólo necesitaban emitir una llamada de socorro para asegurar el rescate de sus embarcaciones, un rescate que de otro modo ponía en peligro la vida de las centenares de personas a bordo.
En gran medida, Italia terminaba pagando el pato de tan irregular sistema. Por proximidad, todas las barcazas rescatadas terminaban en territorio italiano, junto a Grecia el principal punto de llegada de la mayor parte de migrantes y refugiados lanzados al Mediterráneo.
Durante este proceso, la labor de la Unión Europea ha sido cuestionada tanto por la derecha como por la izquierda. Dada la creciente actividad en el Mediterráneo y naufragios tan escandaolosos como el de Lampedusa (en el que murieron más de 300 personas), Italia activó la operación Mare Nostrum entre 2013 y 2014. El país transalpino aportaría 9 millones de euros a la búsqueda y rescate de migrantes en alta mar. Aquella fue una solución unilateral (de Italia) y de emergencia, cuyo vida no se prolongó más allá del año. Italia reclamaba a Europa que colaborara.
El problema de la Unión
La respuesta de la UE y de Frontex (la agencia fronteriza de la Unión) fue la operación Tritón, financiada con dinero comunitario y diferente en su enfoque: ya no se trataba de rescatar a migrantes en alta mar, sino de proteger las fronteras europeas. Lo escaso de sus recursos y el carácter meramente vigilante de Tritón provocó que organizaciones como Amnistía Internacional lo definieran como un "lavado de cara" y no como una solución real al drama del Mediterráneo.
En ese espacio surgen las ONG, sus flotillas y los progresivos rescates cada vez más y más cercanos a las costas libias. Pero también las reticencias italianas: en 2017 el país recogió a más de 120.000 migrantes (refugiados o no) provenientes de las costas libias. Es Italia quien se ha encargado de su gestión, alimentación y asilo. A menudo frente a las reticencias totales de otros países europeos (como Austria) de compartir la carga. Grecia ya se enfrentó a un problema similar.
Italia ha cerrado hoy los puertos a la embarcación Aquarius, de Médicos sin fronteras, que ha rescatado a más de 600 personas en el mar.
— Gemma (@gemagoldie) 10 de junio de 2018
Es una noticia terrible, pero creo que sería limitado hablar de esto solamente desde el acto fascista de un partido idem. Hay un contexto.
En ese magma, partidos como la Lega (claramente anti-inmigración) han proliferado, respondiendo a la creciente preocupación de los italianos por la cuestión migratoria. Los italianos cada vez observan con más preocupación lo que sucede en el Mediterráneo no sólo por una cuestión xenófoba (que también mueve el voto hacia la Lega), sino por pura desafección con la respuesta comunitaria: el apoyo a la Unión Europea ronda el 41%, muy bajo en comparación con los otros grandes socios o con las opiniones del público italiano hacia el proyecto comunitario de hace unos años.
Era de esperar, pues, que Salvini cerrara los puertos de Italia ante la primera crisis que afrontara. En esta ocasión ha sido España quien ha salido al paso, pero la decisión sobre el Aquarius es una mera respuesta de emergencia. La Unión Europea sigue sin saber cómo gestionar lo que sucede en el Mediterráneo (dotar de más recursos a la policía marítima y fronteriza libia es un paso, pero no suficiente), generando la actual situación de perversos incentivos entre las ONG y las mafias.
Es la misma situación que provocó que tres bomberos españoles fueran juzgados y finalmente exonerados de "tráfico humano" en Grecia. Un dilema en el que proliferan las mafias a costa de la vida de miles de refugiados y personas desesperadas y ante la que España u otros estados mimebros aún no han encontrado una respuesta consensuada y efectiva (en gran medida por desinterés político y electoral). Y es difícil prever que logren un acuerdo a corto plazo.
Migrantes siendo recogidos en alta mar y trasladados a Italia. (LE Eithne/Wikipedia)
La cuestión es que, aunque las ONG no actúen, es improbable que las mafias dejen de colocar barcos en alta mar. Lo cual coloca a Europa frente al fantasma de Lampedusa y a las crecientes pérdidas de vidas humanas en el Mediterráneo.
La inmigración marca agenda en la Unión Europea porque es una cuestión electoral transversal en todos los estados miembros. Pocos gobiernos, sean del signo que sean, tienen incentivos para acordar un programa a gran escala que alivie la presión migratoria de Italia o Grecia, como se vio en 2016. Y la reforma del acuerdo de Dublín (que marca la política de asilo y refugiados comunitaria) sigue en vía muerta. El Aquarius es, pues, un gesto. Pero uno dentro de un contexto gigantesco, muy problemático y polémico y que, por el momento, no tiene solución.
Imagen | Santi Palacios/AP
