El precio de la gasolina sigue disparado. A día de hoy, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta más de 101 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 100 euros, lo que supone pagar cerca de 36 euros más que a principios de 2021, y 41 euros más si se elige diésel. Esta subida es común para todos los países de la Unión Europea. Esto es, en primer lugar, consecuencia del encarecimiento del barril de petróleo Brent, el valor de referencia en Europa, así como el aumento de la demanda de carburantes. También es una consecuencia directa de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un paro indefinido y una huelga de transportistas, teniendo consecuencias en el desabastecimiento de algunos productos.
Para apaciguar a los conductores en el surtidor, la mitad de los Estados miembros de la UE han reaccionado reduciendo los impuestos sobre el combustible. Pero lo cierto es que si bien este enfoque de política tiene un atractivo simplista, también genera incentivos ambientales perversos y resultados sociales inequitativos.
Impuestos en España. Hay que tener en cuenta que el precio del crudo solo representa el 40% del coste del litro de gasolina. Otra parte importante depende los impuestos que gravan este producto. Desde hace tiempo, el Gobierno intenta aprobar una subida del impuesto al diésel. No nos podemos quejar de que España tiene los impuestos a los carburantes más bajos de Europa. La fiscalización sobre los combustibles es mucho mayor, por ejemplo, en Reino Unido, Alemania, Suecia, Holanda o Luxemburgo donde el importe de impuestos se mueve en el 60% del precio por litro de gasolina en un surtidor.
El estudio. Una investigación realizada por Transport & Environment (T&E) analiza el coste de estas medidas para las finanzas públicas y explora otras formas de aumentar los ingresos y ayudar a las familias de bajos ingresos durante la crisis energética. La reducción de los impuestos sobre el combustible costará a los contribuyentes europeos casi 9.000 millones de euros, según el análisis. Los conductores más ricos recibirán ocho veces más dinero público que los más pobres, de media.
Según el informe, el 10% de los conductores más ricos recibirán ocho veces más recortes en los impuestos sobre el combustible que los más pobres, de media, porque consumen mucho más combustible. Los conductores más ricos conducen más, a menudo solos, y con vehículos más grandes y contaminantes. Por ejemplo, una rebaja de 15 céntimos en el impuesto sobre el combustible durante seis meses reducirá la factura de un conductor de un BMW X5 en 300 euros, frente a los 85 euros de uno en Citroën C3. Y las personas que utilizan el transporte público no reciben nada.
Evitar la demanda a ciertos países. El análisis señala también que los países de la UE recaudarán 22.000 millones de euros gracias al arancel de 25 dólares por barril de brent ruso. Este coste tendría que ser asumido por la industria petrolífera de dicho país ya que no dispondrán de alternativas para la venta de crudo a corto plazo en el mercado europeo.
A su vez el estudio indica que hasta el momento no se han tomado medidas para disminuir la demanda de petróleo en Europa, centrándose los gobiernos únicamente en recortar los impuestos sobre los combustibles. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía publicado hace unos días señalaba que si todas las economías avanzadas llevaran a cabo 10 medidas de emergencia, podrían reducir en 2,7 millones de barriles la demanda diaria de petróleo. Esto equivale a la demanda total que suponen todos los coches en China.
Aranceles al petróleo ruso. En su lugar, los investigadores proponen que los gobiernos deberían imponer un arancel a la importación de petróleo ruso para recaudar ingresos que pudiesen destinarse a ayudas económicas a los hogares con rentas bajas y a impulsar la seguridad energética de Europa. Es decir, focalizar las ayudas a través de una reducción del impuesto sobre la renta, ayudas por gastos de transporte o incluso emitir tarjetas de combustible para los más necesitados.
Otras facilidades a los conductores. Por otro lado, Óscar Pulido, responsable de la campaña de electrificación de flotas en España declaraba: "La manera más fácil de evitar los altos precios de los combustibles es dar facilidades para reducir al máximo los desplazamientos en coche. Los gobiernos deberían declarar el teletrabajo como un decreto legislativo en los oficios en los cuales sea posible y a su vez bajar temporalmente los precios del transporte público. Si los gobiernos lo que realmente quieren es ayudar a los hogares más desfavorecidos y los cuales dependen del coche, deberían focalizar las ayudas a través de una reducción del impuesto sobre la renta o ayudas por gastos de transporte".
Imagen: Transport & Environment (T&E)