El "caso Andrea", la pelea de unos padres para conseguir la muerte digna y sin sufrimiento de una niña de 12 años afectada por una enfermedad neurodegenerativa, ha abierto de nuevo el debate sobre la eutanasia y la ortotanasia (muerte digna) en nuestro país. España carece de una ley de rango estatal que regule el final de la vida, aunque la llamada eutanasia pasiva -el derecho del paciente a renunciar a los tratamientos que prolonguen la vida- sí está recogida en parte.
Por contra, nuestro país sí legisla en contra de la eutanasia activa y el suicidio asistido. La misma semana del desenlace del caso Andrea, nos hemos enterado de que la fiscalía de Asturias pide penas de prisión de más de seis años para dos personas, miembros de una ONG proeutanasia y acusadas de haber ayudado a morir a una mujer en 2012.
¿Qué es la eutanasia?
En el terreno de la "muerte digna" existen varias denominaciones. Las dos que más identificamos con eutanasia -eutanasia activa y todas las formas de suicidio asistido- son ilegales en nuestro país. La eutanasia activa supone el derecho de un paciente informado a "elegir" su muerte en casos de enfermedades terminales, degenerativas o que supongan un sufrimiento extremo. Normalmente en forma de un cóctel de fármacos que permitiese al paciente morir a su elección, a su manera y sin necesidad de atravesar procesos agónicos. La eutanasia activa requeriría de la participación o la supervisión de un médico.
El suicidio asistido es más o menos lo mismo: se trata de ayudar a la persona a llevar a cabo ese deseo, ya sea facilitándole los medios o, en casos más extremos -personas incapaces de valerse por sí mismas, pero capaces de expresar su deseo-, administrando directamente los medios para morir. En España está penado por el artículo 143 del Código Penal, que dedica su cuarto punto expresamente al caso en el que el paciente sufra una enfermedad terminal o que causase "graves padecimientos permanentes". Aunque como atenuante:
Artículo 143.
El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.
El mayor problema de la eutanasia -aparte de las implicaciones religiosas- es su asociación con la eugenesia nazi, como parte de su programa de "higiene racial". El fantasma de las "eutanasias involuntarias" -es decir, asesinatos- practicadas indiscriminadamente por el régimen nazi planea sobre cualquier intento de abordar el debate.
¿Qué es lo que está permitido en España?
La eutanasia pasiva sí es legal en España, aunque está recogida de otra forma: el derecho de cualquier persona a rechazar cualquier tratamiento médico. Y éste es uno de los puntos más conflictivos: en 1986, en su primera forma legal, el derecho a una muerte digna se limitaba a pedir el alta voluntaria y esperar -o buscar- el final por cuenta propia. La Ley de Autonomía del Paciente (de 2002) ampliaba ese derecho del paciente a la "dignidad". Básicamente, si no querías seguir un tratamiento prolongador de la vida, tampoco tenías por qué morir desahuciado entre enormes dolores. Sin embargo, el siguiente paso, la Ley de Cuidados Paliatiavos y Muerte Digna propuesta por el gobierno socialista en la pasada legislatura, nunca llegó a aprobarse.
Esa ley recogía uno de los aspectos más necesarios para la eutanasia pasiva: regular a nivel estatal la sedación paliativa y/o terminal, en la que se pueda elegir no prolongar artificialmente la vida y contar con ciertas condiciones que eviten el sufrimiento final.
Aunque el ministro Alonso considera que con la ley de 2002 es suficiente. Eso, a pesar de que el último estudio del CIS al respecto, de 2009, mostraba que un 73% de españoles se declaraban a favor (un 58% "con total seguridad") de legalizar la eutanasia en todas sus formas.
Desde entonces, son las Comunidades Autónomas las que se han encargado de regular la muerte digna. Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Galicia y Navarra son las únicas que cuentan con una ley al respecto, aunque todas las comunidades cuentan con un registro de testamentos vitales. Es decir, un escrito que podemos hacer de antemano por si nos quedamos en coma irreversible o cualquier otra situación incapacitante en la que dejemos por escrito nuestro deseo de no ser mantenidos con vida artificialmente a toda costa.
Sin un testamento vital registrado, no importa que hayamos manifestado a nuestros seres queridos nuestra voluntad: primará la decisión de los médicos, obligados por ley a hacer todo lo posible para mantener con vida al paciente.
¿Qué pasó con el caso Andrea?
Cuestiones morales, posiblemente. Alguno de los pediatras se opuso en principio a la "desconexión" de la menor, en contra del criterio de sus padres. Cuando el caso saltó a los medios, y cuando vieron que los padres tenían intención de acudir a los tribunales, optaron por recular y permitir la muerte digna de la niña.
¿Hay algún país donde sea legal la eutanasia?
Sólo en nuestro continente hay tres países donde está permitida en casi todas sus formas: Bélgica, Holanda, y Luxemburgo. No sin polémica en todos los casos: Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 1993. Luxemburgo tuvo que limitar los poderes de su Jefe de Estado para aprobar su ley. Y Bélgica es el único país donde los menores pueden acogerse a la eutanasia.
En Japón es más o menos legal. Y los tribunales de Canadá han rechazado este año la prohibición del sucidio asistido, dando un plazo de un año al gobierno canadiense para que redacte una ley apropiada. El argumento es que el derecho al libre albedrío personal excede el de conservar la vida.
En Colombia se produjo este año el primer caso de eutanasia ("muerte anticipada") autorizada por los tribunales. Y hace tan sólo unos días, el gobernador de California firmó la entrada en vigor de una ley que permite recetar fármacos eutanáticos a pacientes terminales.
El resto de países de nuestro entorno dibujan un mapa parecido al español, donde la eutanasia pasiva es más o menos un hecho común y admisible y el resto de opciones se mueven en un limbo legal. El resultado es un mapa donde los principales países de la Unión aplican legislaciones parecidas, con la eutanasia y el suicidio médicamente asistidos como hechos punibles en la mayor parte de los casos
El caso suizo
Y luego está Suiza. El país helvético es el más abierto: admite el sucidio médicamente asistido incluso a ciudadanos extranjeros, de la mano de ONG que cobran una tarifa por sus servicios. Dignitas es la más relevante de estas organizaciones. Se encarga de facilitar el tránsito y los trámites a gente que, como el escritor británico Terry Pratchett, desea poder escoger su propio final.
Pratchett fue uno de los defensores de la eutanasia desde que a finales de 2007 anunció al mundo que sufría alzheimer. El autor inglés más vendido después de la creadora de Harry Potter dedicó sus últimos años a convertirse en embajador de la muerte digna. Tanto en su caso, una enfermedad degenerativa que acabaría con su identidad antes de matarle, como en el caso de los enfermos terminales.
Con el ejemplo de su padre, que falleció de cáncer y, al final, "tardó quince días en morir como un daño colateral de la guerra entre el cáncer y la morfina. Y en todo ese tiempo dejar de ser él y empezar a convertirse en un cadáver, aunque uno que se movía ligeramente, de cuando en cuando".
Pratchett murió en marzo de este año, a los 66 años. El Reino Unido rechazó hace un mes una ley que proponía regular la eutanasia. Las condiciones inglesas son parecidas a las de España: no están permitidos el suicidio médicamente asistido ni la eutanasia activa. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud británico ofrece a sus ciudadanos un informativo compendio sobre la eutanasia, sus prácticas y los países dónde es legal.
Apuntando directamente a la posibilidad suiza. De momento, el único país donde cualquier ciudadano puede acudir a buscar una muerte digna y elegida.
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