Se vienen unas elecciones europeas, y con motivo de alentar a la gente a que fuese a votar, independientemente del candidato, el Ministerio del Interior francés ha creado una campaña publicitaria: #OuiJevote" (#SíVoto) anima a la gente a inscribirse en las listas electorales para las elecciones del 26 de mayo. Para llegar a más gente, el servicio de información gubernamental compró anuncios publicitarios en Twitter.
Y Twitter bloqueó al gobierno: ayer se conoció que Twitter Francia rechazó la propuesta publicitaria de #OuiJeVote. En teoría, y según ellos criticaban, porque no sabían si estaba traspasando las actuales leyes anti fake news. Es decir, Twitter mandó el mensaje de que, con la ley que Macron y los suyos habían aprobado el pasado diciembre, se habían pegado un tiro en el pie. Ahora ellos también eran fake news.
¿Dice eso la ley anti fake news francesa? No. Twitter ha pecado de celo excesivo y el bloqueo no estaba legalmente justificado. De hecho, esta misma mañana han declarado haber reestudiado el caso y haber aprobado la campaña gubernamental de movilización democrática. Pero eso no quiere decir que la ley francesa no tuviese problemas en su redacción y que algunos expertos previeran que se diesen situaciones así.
La ley, que miraba el caso de Cambridge Analitica, obliga a las plataformas a luchar contra “informaciones falsas deliberadas” y que tengan como objetivo “alterar el escrutinio”. Así, las plataformas no sólo deberían obligar a ofrecer al público quiénes son los patrocinadores y cuánto se gastaron con respecto a cualquier anuncio político (como hace ahora Facebook en muchos países, incluido España), sino que debían luchar proactivamente por filtrar las injerencias externas de países maliciosos y bots so pena de multa o cárcel.
Si no puedes analizar, censúralo: parte de la pelea en el parlamento francés durante el debate de su aprobación estuvo en la discrecionalidad de la medida. ¿Qué puede considerarse “fake news”? ¿No es esto una manera de coartar la libertad de pensamiento? Las plataformas, entre ellas Twitter, alegaban que no disponían de las herramientas para detectar con precisión qué es dañino y manipulador y qué no, de ahí que Twitter tomase un atajo: no permitirían la difusión de ningún tipo de campaña política en Francia y punto.
Pasivoagresivismo empresarial: desde la dirección del servicio de información gubernamental reprochan que este es un movimiento calculado de Twitter para hacerse la víctima. "No es que la ley se esté volviendo contra nosotros, es una plataforma que no la cumple. En nuestra opinión, invocan una cuestión de principios para poder volver a poner sobre la mesa un debate destinado a aliviar los mecanismos".
A Internet le quitan lo bailao: en esencia, la nueva norma francesa encaja en un nuevo contexto de mayor regulación jurídica de nuestro ecosistema digital y de las grandes empresas tecnológicas que lo dominan. El conflicto francés es idéntico al que anticipan los expertos en nuevas tecnologías que viviremos en Europa a raíz de la aprobación del Artículo 13.
También Australia acaba de aprobar una nueva norma muy parecida, y Apple y Facebook ya se han reunido en Washington para empezar a estudiar la ley de próxima aprobación nacional en Estados Unidos que incorporará algunas de las nuevas protecciones del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, una forma de establecer unas normas comunes y evitar las distintas legislaciones estatales que ya se estaban aprobando en sitios como California.
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