Gracias al coronavirus, Hungría ha dejado de ser una democracia. Al menos temporalmente

Viktor Orbán ha obtenido hoy el premio ansiado por todo líder autoritario: la claudicación oficial de los órganos que han de limitar y controlar su actividad al frente del ejecutivo. El Parlamento de Hungría ha aprobado un Estado de Emergencia sin fecha de caducidad que paraliza la actividad del legislativo, anula las elecciones, entrega poderes directos al presidente y ofrece severos instrumentos punitivos.

Es el fin de la democracia dentro de un estado de la Unión Europea. Al menos temporalmente.

La ley. Ha sido aprobada por el parlamento con mayoría absoluta (137 a 53), gracias al holgado control de la cámara que ejerce su partido, Fidesz. Su finalidad es sencilla: dotar de poderes extraordinarios al ejecutivo para gestionar de forma directa la crisis del coronavirus. Orbán podrá gobernar por decreto, sin la sanción del Parlamento, suspendido hasta nuevo aviso. Hungría cuenta apenas 447 casos registrados.

Una decisión dramática, necesaria, según el presidente, para "defender" Hungría.

Epidemia. El país permanece bajo una cuarentena parcial. La ley endurece el confinamiento. Aquellos que incumplan las restricciones del gobierno afrontarán ahora penas de hasta ocho años de cárcel. De forma paralela, la difusión de "noticias falsas" sobre la respuesta a la pandemia se castigará con hasta cinco de prisión, un subterfugio que impone la sombra de la represión sobre cualquier crítica al ejecutivo.

Contexto. El problema no estriba tanto en las medidas, que también, sino en la ausencia de plazos. El decreto no establece un marco temporal al estado de emergencia. "La ley entrega poderes prácticamente ilimitados" a Orbán, según un comunicado inmediato de Naciones Unidas, "esquivando el escrutinio parlamentario sin fecha límite".

Fidesz no lo ve del mismo modo, naturalmente. "Esta es una autorización limitada en tiempo y enfoque. Sólo está relacionada con el coronavirus y ya lloran por una dictadura", ha explicado en el parlamento el Secretario de Estado, Bence Retvari. La oposición está más alarmada: "Apoyamos la situación de emergencia (...) Hemos ofrecido todo tipo de poderes, pero pedimos un límite temporal". Uno inexistente.

Largo plazo. El movimiento de Orbán culmina una larga década de restricciones democráticas y gestos autoritarios. Célebre apologeta de la "democracia iliberal", Orbán ha coartado la libertad de prensa, concentrado poderes en el ejecutivo y anulando la independencia de la justicia. Todo ello desde una retórica nacionalista y etnicista que le ha valido el procedimiento de sanción más grave de la Unión Europea, el Artículo 7.

La UE no ha tardado en responder. Su tono no es el más contundente. Palabras de López Aguilar, portavoz del Comité de Libertades Civiles:

Somos conscientes de que los estados miembros tienen la responsabilidad de adoptar medidas de protección en estos tiempos difíciles, pero tales medidas deberían siempre asegurar la protección de los derechos fundamentales, el imperio de la ley y los principios democráticos. Llamamos a la Comisión a analizar si la ley cumple con los valores consagrados en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Fractura. Orbán ha convertido a Hungría, virtual y temporalmente, en una autocracia. El Partido Popular Europeo ha suspendido la pertenencia de Fidesz a sus filas, pero no ha roto lazos de forma definitiva. Hungría sigue siendo un estado miembro pese a anular las garantías democráticas. Tiene derecho de veto y no puede ser expulsado de la Unión.

Ley Habilitante. La ley de Orbán ha establecido paralelismos (y justificados) con la Ley Habilitante aprobada por el Bundestag en 1933, punto de no retorno para la democracia alemana. Entonces, el parlamento claudicó al NSDAP, firmó su disolución y le entregó poderes absolutos. Es un gesto arriesgado para Orbán, dado que mina su tradicional fuente de legitimidad (elecciones) y le convierte abiertamente en un autócrata.

Imagen: EPP