#HuelgaAlquileres: la batalla por suspender el pago del alquiler mientras dure la cuarentena

Una noticia proveniente de Italia acaparó la atención de numerosos españoles durante los primeros días de la epidemia: el gobierno de Conte había anunciado una "suspensión" de los alquileres por el tiempo que durara la cuarentena nacional. Sin ingresos, fruto del parón económico, muchas familias no podrían llegar a fin de mes. Por lo que los bancos tampoco podrían reclamarles el pago de las cuotas.

En España. Similar provisión aprobó España tras el Estado de Alarma. Se beneficiarían aquellos inquilinos "en situación de desempleo", que hubieran sufrido "una pérdida sustancial" de sus ganancias, o aquellos cuyos ingresos hubieran caído "el equivalente a tres veces el IPREM", (por debajo de los 7.500€ anuales)., También las familias cuyo "esfuerzo hipotecario" se hubiera multiplicado un 1,3 a causa del parón.

No se trataba de una suspensión, sino de un aplazamiento. Una moratoria que deberían abonar más tarde, de vuelta a la normalidad.

¿Alquileres? De forma inmediata surgió un debate paralelo: ¿qué sucedía con aquellos inquilinos en similares circunstancias económicas pero que vivieran bajo un régimen de alquiler? El decreto publicado por el gobierno no contemplaba provisiones específicas para ellos. Un trabajador precario despedido o cuyo salario se hubiera reducido sustancialmente tendría que seguir abonando la renta mensual.

Movilización. Dos semanas después, el gobierno ha anunciado medidas específicas. Los inquilinos que no puedan abonar su cuota podrán acogerse a "microcréditos" al 0% de interés, a devolver en seis años. Y aquellos cuyos caseros sean grandes tenedores (más de diez inmuebles, la minoría) y hayan entrado en situación de vulnerabilidad disfrutarán de una moratoria de hasta cuatro meses y de quitas de hasta el 50% en lo adeudado.

Otros dos cambios importantes a medio plazo: se suspenden los desahucios por impago durante los seis meses posteriores al Estado de Alarma y se prorrogan todos los contratos durante el mismo periodo de tiempo (es decir, no se puede subir el alquiler).

Protesta. El gesto del gobierno llega tras quince días de airadas protestas por diversas asociaciones de arrendatarios. El Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogaretes de Barcelona han convocado una "huelga de alquileres" junto a otras 200 organizaciones. Llaman a una "cascada de impagos de alquileres" en todo el país como herramienta de protesta por la pasividad y la laxitud de las medidas del ejecutivo.

Más drástico. Sus peticiones: la "suspensión", no el aplazamiento, de "los pagos a la vivienda y locales de pequeños comercios", además de la anulación del pago de los suministros; la prolongación de la suspensión "el tiempo que sea necesario"; la "regulación del precio del alquiler"; la "expropiación de pisos a fondos buitres"; o que las medidas "de protección" tomadas durante el confinamiento no se reviertan.

Un llamamiento a la movilización "común" bajo el amparo de la huelga.

Consecuencias. Pese a que algunos caseros han decidido suspender o reducir el pago del alquiler por voluntad propia, no existe obligación. Desde un punto de vista jurídico, todos los arrendadores podrán reclamar las "rentas impagadas" fruto de la protesta, una "huelga de impago" sin reconocimiento legal. Los impagos pueden saldarse con un desahucio, suspendidos, estos sí, por el gobierno durante seis meses.

Tendencia. Es el último episodio, uno más, de la larga batalla por la regulación del mercado del alquiler. La tardanza en las medidas se explica por el conflicto de intereses entre inquilinos y caseros, en su abrumadora mayoría propietarios individuales y no fondos. Estos últimos, como Blackstone, "estudiaban" aplazar el pago de las rentas a sus inquilinos antes de que el ejecutivo aprobara sus medidas.

Imagen: Ivan Terron/AFP7