La crisis provocada por la guerra en Ucrania ha agravado el problema del encarecimiento de las materias primas, la energía y los combustibles. La mala situación económica ya llevaba un tiempo golpeando a algunos sectores de la economía española, como el de los transportistas. Pero ahora el país está siendo uno de los más sacudidos por la inflación. Algunas proyecciones estiman para este año una tasa del 6,8%. De media, cada español pagará 2.666 euros más en 2022 como consecuencia del incremento en los precios de los carburantes y la cesta de la compra.
Si la guerra se alarga, la inflación podría dispararse hasta el 10%. Esta coyuntura económica constituye la tormenta perfecta para un descontento social en crecimiento. Pero sobretodo es la mecha de un movimiento en protesta: los chalecos amarillos.
El contexto. De todo esto es consciente el Gobierno, que ya se estremece sólo de pensar en la magnitud del estallido que se le puede venir encima. Llenar el depósito es una proeza. La factura de la luz pone los pelos de punta. Tenemos un cóctel Molotov idóneo para ser agitado por quienes ven en el populismo a sus únicos defensores. En la Moncloa han visto el reciente calvario de Justin Trudeau, quien ha podido comprobar cómo se las gastan los camioneros canadienses.
Huelgas. Es indudable que cuando el sector de la logística para, el mundo se detiene. Y por eso el Gobierno tiene interés en acabar de raíz con un movimiento que comienza a parecerse cada vez más al de los chalecos amarillos franceses. Aunque las principales asociaciones de transportistas no han secundado las huelgas lo cierto es que la incidencia de las mismas está afectando a la capacidad de los proveedores para cumplir sus plazos. Y si la situación continúa, el desabastecimiento será una realidad.
Ya hemos podido ver huelguistas vistiendo chalecos amarillos moteando las protestas organizadas por los huelguistas de la Plataforma de transportistas. También acciones violentas y barricadas amparadas, irónicamente, por la reforma legal con la que el propio Gobierno promovió la despenalización de los piquetes hace menos de un año.
¿De quién hablamos? Que sea Solidaridad el impulsor de las protestas revela que los sindicatos del Régimen están totalmente fuera de juego. UGT y CCOO han actuado con el mismo pulso que el partido en el Gobierno. Convocarán manifestaciones en contra de la subida de los precios de la luz el día 23. A rebufo de Vox. Y también del Partido Popular, que arropó a los representantes del medio rural este domingo en Madrid.
La Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera lleva semanas cortando la cadena de transmisión alimentaria. El desabastecimiento, pese a los intentos de Interior por evitarlo, ya se está dejando sentir en los supermercados. La maquinaria social está tan perfectamente entretejida que la chispa en una carretera de Lugo puede incendiar los ánimos de los consumidores de Sevilla.
La respuesta del Gobierno. La idea del Gobierno es llegar a un pacto con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), pero como esta organización no secunda los paros, la mano tendida a la negociación se acompañará con una actuación más contundente de las fuerzas policiales y de la Guardia Civil contra los convocantes (sobre todo con los piquetes).
Desde la Moncloa califican a los huelguistas de pertenecer a la "extrema derecha" para ganar así la batalla del relato. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es quien ha tomado las riendas de las negociaciones y garantice la libre circulación de las mercancías, la seguridad de los transportistas que no secundan la movilización y una bajada en el precio de los combustibles, algo que prometió el presidente pero cuya aplicación ha aplazado hasta el 29 de marzo. Mientras, en Francia se ha aprobado un plan de ayudas al transporte por valor de 400 millones de euros.
Recuerda a París. Las brutales protestas que pusieron en jaque París en noviembre de 2018 han vuelto a nuestras cabezas. Decenas de miles de personas salieron entonces a la calle para denunciar el incremento en el precio de la gasolina y para oponerse al impuesto al diésel que el Gobierno de Emmanuel Macron pretendía imponer. Las concentraciones, copadas por ciudadanos con chalecos reflectantes que les granjearon el sobrenombre de "chalecos amarillos", acabaron por hacer extensivas sus reivindicaciones a unas demandas más generales de justicia social.
Pero aquí entra en juego la España rural. En España esta fractura se ve más radicalizada si cabe, como ha demostrado la traducción electoral de la brecha territorial entre el campo y la ciudad. Los malestares de la España rural han encontrado ya su altavoz en las fuerzas de la España Vaciada. En estos momentos de grave descontento ante los precios disparados de la energía y los carburantes, parece que volvemos a encontrarnos con el problema de una España que se considera de segunda, agraviada y abandonada por los poderes públicos.
Cuando en 2020 los agricultores tomaron las calles de España con sus tractores para protestar por los bajos precios y salarios, se evidenció definitivamente el decalaje entre el centro y la periferia.
¿Hay solución? Lo cierto es que el Ejecutivo tiene poco margen de actuación porque carece de capacidad presupuestario y legal. El anuncio del fin del programa de compras del Banco Central Europeo (BCE) y el inicio de las subidas de tipos en la eurozona van a obligar a España a hacer un ajuste fiscal; y en materia energética la única opción sobre la mesa es la intervención del precio de gas.
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