Un impuesto del 5% a todos los teletrabajadores, el debate que viene sobre el futuro de la economía

Por primera vez en la historia, un porcentaje significativo de la humanidad está trabajando desde su domicilio. La epidemia ha querido que reduzcamos nuestras interacciones sociales al mínimo, lo que ha incentivado un traslado de las rutinas laborales al hogar. En España, por poner un ejemplo, el porcentaje de la economía teletrabajada habría pasado del 4% a más del 30% en el pico del confinamiento.

Se trata de una transformación estructural que la pandemia sólo ha acelerado. Ha llegado a todos los países. ¿Turno de gravarla?

El impuesto. Es lo que propone un informe de Deutsche Bank publicado esta semana (PDF, en inglés). El argumento dice así: dado que los teletrabajadores dejan de interaccionar con buena parte de la economía y dado que sus salarios son por lo general más altos, deberían pagar un impuesto extraordinario del 5% de sus ingresos mensuales. Lo recaudado se redistribuiría entre trabajadores obligatoriamente presenciales cuyas rentas no superen un umbral determinado.

Las cifras. La propuesta se vale de tres ejemplos para ilustrar el impacto del gravamen. En Alemania, nuestro ejemplo más cercano, un teletrabajador con unos ingresos de 40.000€ anuales tendría que aportar 7,5€ diarios a la caja pública. En Reino Unido el montante se reduciría a las 6,73£ para unas 35.000£ anuales, y en Estados Unidos ascendería a los 10,58$ para unos 55.000$. Son referencias estimadas en base al salario medio de los trabajadores remotos en cada uno de los países.

El reparto. La recaudación variaría en función del volumen de teletrabajadores en cada país y de sus ingresos. En base a las estimaciones anteriores, Deutsche Bank calcula que Estados Unidos obtendría $48.000 millones; Alemania unos €16.000 millones; y Reino Unido otros £7.000 millones. El gobierno americano podría, por ejemplo, transferir ayudas de 1.500$ a los más de 29 millones de trabajadores que no tienen posibilidad de teletrabajar y cobran menos de 30.000$ al año.

El alemán, por su parte, podría pagar 1.500€ a sus ciudadanos con ingresos inferiores a los 12.000€, alrededor del 12% de su fuerza laboral. Nos vamos haciendo a la idea.

La justificación. Ahora bien, ¿en base a qué se explica este impuesto tan discrecional y que no sustituiría en ningún caso a los ya existentes? El informe ofrece una justificación un tanto difusa. Sigue así:

• Al trabajar desde casa, dejamos de "interactuar" con la economía. No cogemos el metro o el bus. No pedimos taxis. No comemos en el restaurante de la esquina. No compramos ropa para ir a la oficina. Sin embargo, la economía está construida en torno a eso.
• ¿Qué sucede con el tendero, el taxista o el camarero que depende de este histórico proceso? Que su negocio o puesto de trabajo corre peligro. El estado no debe subvencionar una actividad moribunda, pero sí ayudar a los trabajadores perjudicados por el cambio.
• Y dado que los teletrabajadores cobran más (suelen ser tareas especializadas que requieren de formación universitaria, y por tanto mejor remuneradas), es lógico que el estado recurra a ellos para auxiliar a empleados más vulnerables y precarios.
• Además, apenas notarían el impuesto: 7,5€ al día es mucho menos de lo que gastarían si acudieran diariamente al trabajo, tuvieran que comer fuera y tuvieran que socializar en el exterior.

Los problemas. Se pueden objetar varias cosas. Una muy evidente: sabemos que el teletrabajo tiene beneficios económicos (un tiempo mejor aprovechado, una mayor conciliación, una menor inversión en oficinas y equipamientos) y energéticos (y por tanto medioambientales). Por lo que los gobiernos tienen interés en incentivarlo. Ahora bien, un impuesto hace exactamente lo contrario, más aún cuando sólo lo pagarían quienes eligieran trabajar desde casa y no en la oficina.

¿Y el impacto? Hay más incógnitas. El estudio no estima que porcentaje de la economía actual se orienta a la vida en oficina y plantea varias hipótesis (como que dejaríamos de comprar tanta ropa) discutibles. También deja de lado el rol de las empresas: ¿tendrían los teletrabajadores que costearse sus facturas de la luz, del gas, del agua o de Internet, además de su material de oficina? Esta es la cuestión que algunos gobiernos, como el español, están afrontando, mucho antes que un impuesto.

Es decir, no resuelve dos claves del futuro del teletrabajo: quién corre con los gastos de qué una vez abandonamos la oficina, y por tanto qué externalidades negativas puede tener para el empleado trabajar en remoto; y cuál sería el impacto real de un traslado masivo al hogar para el conjunto de la economía, diseñando un impuesto ajustado a ello (y no en apariencia arbitrario, como ese 5% a sumar al IRPF).

La tendencia. La propuesta debe entenderse como un ensayo, el inicio de un debate. Pero sí recoge una tendencia clara: el teletrabajo va a crecer a corto plazo, y por tanto va a transformar estructuras económicas históricas. ¿Cómo lidiar con esa transición? No sólo se trata de no acudir a la oficina, sino de mudarnos a otras ciudades o países (visas digitales incluidas) o de buscar modelos laborales más flexibles, diversificados y mixtos. Los países deben pensar ya en ello. Impuestos incluidos.

Imagen: Nenad Stojkovic/Flickr