El actual proceso de paz de Colombia tiene muchos retos: se trata un país que ha sufrido las peores consecuencias de la guerra internacional de la droga y uno de los principales dilemas es qué hacer con las regiones rurales que se han especializado en el cultivo de la hoja de coca, el principal ingrediente de uno de los productos más lucrativos del país.
Durante 35 años, el comercio internacional de cocaína enriqueció a los carteles de la droga y ayudó a fundar y expandir las actividades de las guerrillas de la FARC en las zonas más remotas de Colombia. Incluso durante el periodo de tres años de negociaciones de paz, el cultivo de coca en Colombia aumentó un 39%, pasando de las 69.000 hectáreas en 2014 a las 96.000 hectáreas en 2016.
Obviamente, los productores de coca colombianos no se han beneficiado de su comercio de la misma manera que los carteles y la mayoría de los campesinos siguen siendo pobres. Sin embargo, la hoja de coca ha supuesto un sustento para miles de familias durante generaciones. ¿Qué puede hacer el gobierno para que abandonen este sector y al mismo tiempo acabar con las guerrillas que en su día controlaban las zonas de producción de la coca?
Una de las propuestas menos controvertidas en los acuerdos de paz de las FARC es la idea de sustituir los cultivos y cambiar el desarrollo en dichas regiones. Con la ayuda del gobierno y de la ONU, alrededor de 100.000 familias en las provincias de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo, Antioquía y Bolívar empezarán a cultivar cacao, café o miel en vez de coca.
En teoría suena bien, pero en la práctica se trata de una propuesta extremadamente compleja debido a la incómoda realidad sobre los mercados internacionales agrícolas: solamente en los mercados ilícitos los productores locales pueden vender sus productos a un precio que cubra el coste de la inversión (la tierra, la mano de obra y el capital).
En un mundo globalizado, recurrir a cultivos ilegales de coca, cannabis y opio es una respuesta razonable a los precios ruinosos de los productos agrícolas de importación subvencionados.
Las subvenciones agrícolas distorsionan el mercado
Los gobiernos dan subvenciones a los agricultores que complementen sus ingresos, gestionen el suministro de productos agrícolas e influyan en el coste y el suministro de los productos. Aunque son muchos los países que utilizan estas políticas económicas, las subvenciones son más significativas en los países ricos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), dichas ayudas financieras alcanzaron los 41.000 millones de dólares en 2014.
El mercado del maíz, por ejemplo, recibe muchas subvenciones. De 1979 a 1992, las subvenciones para los productores de maíz en los países de la OECD aumentó del 28 al 38%. En los Estados Unidos, el precio de mercado del maíz se mantuvo en aproximadamente 2,5 dólares por bushel durante dicho periodo de 13 años.
Ni Colombia ni el resto de los países andinos se pueden permitir subvenciones similares, lo que significa que los productores locales no pueden competir con las importaciones de bajo coste. En Colombia, el precio de mercado del maíz bajó aproximadamente un 20% de 1979 a 1992 y en el caso del café, el cacao y el azúcar los precios bajaron aún más.
No es una relación lineal, pero es real: en 2002 la FAO reconoció que las subvenciones agrícolas de los países ricos dañaban a los productores de los países en vías de desarrollo. Estas medidas permiten a los agricultores distorsionar el mercado ofreciendo productos baratos que se venden a un precio más bajo que los costes de producción, eliminando así cualquier tipo de competencia por parte de los productores de países más pobres.
No es coincidencia que el cultivo más importante de coca de los Andes comenzara cuando aumentaron las subvenciones agrícolas en los países ricos. De 1980 a 1988, en Bolivia, Colombia y Perú la superficie dedicada al cultivo de la hoja de coca aumentó de 85.000 hectáreas (con una producción de 99.000 toneladas métricas) a 210.000 hectáreas (con una producción de 227.000 toneladas métricas). Desde entonces la producción se ha establecido en unas 157.000 hectáreas con una producción de aproximadamente 170.000 toneladas métricas de hoja de coca.
En resumen, el cultivo de la coca es simplemente una parte de una revolución en el comercio agrícola global donde los papeles tradicionales de los países productores y consumidores se han invertido. En 1977, los países en desarrollo tenían un superávit comercial de 17.500 millones de dólares en relación con los países desarrollados; para el año 1996 dicho superávit había pasado a ser un déficit de 6.000 millones en relación con los países ricos. según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
La racionalidad de la coca
Bajo este sistema, los cultivos ilegales se convirtieron en una de las pocas formas para ganarse la vida para muchos agricultores.
Los expertos internacionales que promueven un desarrollo alternativo como solución para la coca colombiana parece que ignoran este detalle. Para que los mercados sean efectivos (ya sean legales o ilegales) tienen que cubrir ampliamente los costos de producción. Si el precio de la mercancía está por debajo de los costos de producción locales, dicho modelo de producción tiene todas las de perder.
Los campesinos no pueden renunciar a los ingresos procedentes del cultivo de la hoja de coca, al igual que no pueden cambiar fácilmente su lugar de residencia o las condiciones del agua, del tiempo o del suelo en la región de los Andes. La coca no deja de ser una planta andina ancestral que ha sido usada durante siglos por las poblaciones locales: un factor a tener en cuenta para entender por qué muchos campesinos quieren seguir cultivándola.
Estas cuestiones son parte de lo que se conoce como la “lucha por la tierra”, el baño de sangre en los campos, los paramilitares y la violencia de la guerrilla que ha plagado Colombia durante los últimos 52 años.
Esto no significa que se tengan que descartar del todo los otros cultivos alternativos. Es necesario establecer nuevos proyectos de desarrollo rural que ayuden a la población local a tener acceso a necesidades básicas (agua potable, vivienda, infraestructura de comunicaciones y urbana) y a los servicios sociales (sanidad, educación y ocio), independientemente de si sus cultivos son legales o ilegales.
Sin embargo, el principal problema estratégico del cambio de cultivos sigue siendo los bajos márgenes de ganancias para productos como el café, la miel o el chocolate. Hasta que el mercado agrícola internacional solucione problema de las subvenciones, la hoja de coca seguirá siendo el cultivo más rentable de Colombia, aunque no podemos saber a ciencia cierta si lo seguiría siendo si la coca fuera legal.
Autor: Iban de Rementeria, profesor e investigador del Programa de Política de Drogas de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.
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