La guía de preguntas y respuestas para los políticos que quieren un presidente independiente

La semana que viene, Felipe VI iniciará una nueva ronda de consultas entre los grupos parlamentarios para, en caso de que alguno de los líderes políticos afirme contar con los apoyos necesarios, proponer a un nuevo candidato para la presidencia del gobierno. La situación parece estancada: Ciudadanos y PSOE se aferran a un pacto en el que no quieren entrar ni PP ni Podemos. De modo que los números no salen, y unas nuevas elecciones parecen inevitables. ¿O no tanto? Ante la urgencia de la situación, Albert Rivera ha optado por una no-tan-sorprendente salida: un presidente independiente.

Lo ha propuesto esta mañana, de la mano de otros dirigentes destacados del partido. No sólo eso, sino que ha aventurado un posible nombre: José Antonio Marina, filósofo, profesor, experto en materia educativa y tertuliano habitual. Rivera abraza así, citando este artículo de Francesc de Carreras, una idea que había rechazado con anterioridad, que cuenta con referentes cercanos en nuestros países del entorno y que ya había sido sugerida, a modo de globo sonda, por el propio Pablo Iglesias. La idea es simple: desbloquear la parálisis negociadora con un candidato de consenso.

Ok, ¿pero esto es constitucional?

Sí. En nuestro sistema parlamentario, los ciudadanos no escogemos a "presidentes del gobierno", sino a listas de diputados que, más tarde, eligen a la persona que se pondrá al frente del ejecutivo. La Constitución Española, en su artículo 99, es clara: para ser investido presidente del gobierno sólo se requiere "ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, y no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme". Contar con un acta de diputado no es requisito indispensable. De ahí que la propuesta de Rivera busque a una figura no electa e independiente.

Al contrario que en los sistemas presidencialistas, donde la principal figura política del país sí es elegida de forma directa y personalista por los ciudadanos, en votación directa, en los sistemas parlamentarios son los diputados y senadores quienes obtienen el voto directo, la confianza, de todos los electores. Es decir, cuando acudimos a votar a las urnas no elegimos a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, sino a un listado de diputados del Partido Popular que garantizan apoyar su investidura como líder del ejecutivo. Pero sólo es eso, una garantía. La CE no establece vinculación alguna, y las cámaras parlamentarias pueden optar, en última instancia, por votar a cualquier otra persona diferente.

¿Y esto ha sucedido alguna vez en España?

No. Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, todos los presidentes del gobierno han sido diputados y han tenido filiación partidista. Tanto Adolfo Suárez (UCD), como Felipe González (PSOE), como José María Aznar (PP), como José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), como Mariano Rajoy (PP) ganaron sus elecciones y fueron investidos presidentes. Leopoldo Calvo-Sotelo también era diputado, aunque no fue candidato en las elecciones generales. Sin embargo, España atraviesa una fase política novedosa: por primera vez, el candidato elegido por el jefe de estado para formar gobierno no pertenecía al partido más votado.

¿Qué hay de los países de nuestro entorno?

Sí hay referentes. El más reciente, por dimensión del país y cercanía geográfica y cultural, es el de Mario Monti, primer ministro de Italia entre noviembre de 2011 y abril de 2013. Monti fue el primer tecnócrata, un experto económico que obtuvo el gobierno de la nación italiana por su teórica capacidad para gestionar una crisis profunda sin sesgos partidistas. No contaba con acta de diputado ni con filiación política alguna, y fue elegido a mitad de legislatura tras las presiones de los gobiernos europeos, que observaban con temor la deriva financiera de Italia y los procesos judiciales en los que Berlusconi se hallaba inmerso.

Monti alcanzó la jefatura de gobierno cuando Italia se veía abocada a un rescate. La preocupación de la Unión Europea, desesperada por encontrar un liderazgo serio y creíble en un país clave para el devenir del espacio comunitario, favoreció que Giorgo Napolitano, presidente del país, le pusiera frente a las cámaras parlamentarias con la seguridad de que la mayor parte de los partidos, tanto a un lado como a otro del tablero político, aceptarían su candidatura. Así lo hicieron: en su breve gobierno, Monti acometió reformas y recortes. Cuando la legislatura finalizó, el economista se presentó a las elecciones como candidato independiente, pero fracasó en su intento de reeditar su jefatura de gobierno.

En la actualidad, Croacia cuenta con un primer ministro de consenso, independiente, al modo propuesto por Rivera. Su nombre es Tihomir Orešković, y llegó al poder tras unas elecciones disputadas y la posterior incapacidad de los principales partidos para llegar a un acuerdo de gobierno. Es un caso distinto al de Monti. Italia, un país tradicionalmente inestable, había contado con tres primeros ministros no partidistas con anterioridad (Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini y Giuliano Amato; todos ellos electos a partir de la década de los '90, cuando el sistema de partidos italianos salta por los aires).

¿Son estables y legítimos los independientes?

Si bien no hay duda sobre su legalidad, esta pregunta requiere de una respuesta un tanto más matizada. Primero, la estabilidad: el caso de Monti, por ejemplo, sí ofreció cierta estabilidad a Italia (año y medio, eso en Italia es algo parecido a estabilidad), sólo motivado por la gravedad de la crisis económica y por la necesidad de aceptar un candidato de consenso que pudiera calmar la grave situación financiera del país. Cuando se acercaron las elecciones, los partidos se prepararon para reemplazar a Monti. Pese a su gestión técnica, los ciudadanos optaron por darle la espalda en las urnas. ¿Era un primer ministro legítimo?

Numerosas voces en la Unión Europea, políticas y mediáticas, criticaron la idea del gobierno tecnócrata y de la elección de presidentes o primeros ministros no legitimados en las urnas. Este mismo año, a cuenta de la posibilidad de un candidato de "prestigio", Rafael Escudero escribía esto en El Diario:

No hay pues un problema de constitucionalidad, pero sí de legitimidad. En primer lugar, porque ese presidente no habría pasado por las urnas, con lo cual carece del requisito típico de la legitimidad de origen: la elección ciudadana. En este sentido, su única legitimidad provendría de ser el resultado de un pacto entre las fuerzas políticas que concurrieran y aceptaran tal procedimiento de asignación de la cabeza del ejecutivo. Un pacto entre las cúpulas de los partidos tan característico de la cultura de la Transición que nos ha llevado hasta aquí.

Pero la legitimidad se puede obtener no solo por el origen, sino también mediante el ejercicio del poder. Para abordar esta última cuestión cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿a quién o a qué estaría vinculado ese presidente "independiente"? ¿frente a quién o qué tendría que rendir cuentas sobre sus actuaciones de gobierno? Y las opciones son, de nuevo, tres: uno, a su propia visión de lo que sea ese interés general de España que fundamenta el pacto; dos, al programa electoral de los partidos que participan del juego y se ponen de acuerdo en su figura; y tres, a las condiciones fijadas en la mesa camilla donde se oficiaría el pacto.

Una presidencia independiente no estaría exenta de problemas, especialmente en lo tocante a la rendición de cuentas con el electorado (sólo ha sido elegido Indirectamente, sin refrendo en las urnas). Por otro lado, cabrían plantearse otras cuestiones complejas: ¿se trataría tan sólo de una figura independiente para la presidencia o de un gobierno independiente al completo, como el articulado en Italia? En caso de optar por la primera opción, ¿de qué modo podrían los partidos que apoyaran al candidato llegar a acuerdos de gobierno y programáticos si no han demostrado ser capaces de hacerlo con anterioridad?

A nivel local, ¿ha sucedido algo semejante?

Sí: en Cudillero, un municipio Asturiano. En mayo de 2013, el PSOE eligió como nuevo alcalde a Ignacio Fernández Díaz, miembro del partido que entraba en sustitución del anterior alcalde, Gabriel López, pero que no había concurrido en las listas electorales de la formación. Es decir, que no figuraba como uno de los posibles ediles a elegir por los vecinos de Cudillero. Foro Asturias interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia revocó la elección de Fernández Díaz. Según la interpretación del TC, ni la constitución ni la LOREG permiten que alguien no incluido en una lista electoral sea elegido alcalde.

Al contrario que en el sistema nacional, el TC interpreta que el cabeza de lista de cada uno de los partidos que se presentan a los comicios sí es el candidato oficial a la alcaldía del ayuntamiento, y que existe un "plus de representatividad" en el área municipal (el gobierno más cercano al ciudadano). En sus palabras: "La elección de alcalde en el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada escalonadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con la única excepción del caso de renuncia". Expuesto de forma simple: sin legitimidad en las urnas, no se puede ser alcalde.