Lisboa se une a la guerra contra el alquiler turístico y abandera una nueva solución: detenerlo en las zonas más turísticas y así evitar la disminución del número de viviendas locales. Así y partir del mes de diciembre, el Barrio Alto, Alfama o Castelo pasarán a ser "zonas de contención absoluta" donde estará prohibido ampliar la oferta de alquiler turístico. El ayuntamiento solo permitirá crear nuevas viviendas de este tipo en edificios abandonados o en ruinas.
Barrios restringidos. Airbnb será la principal afectada por estos cambios ya que el ayuntamiento restringirá el número de barrios donde los anfitriones podrán ofertar una estancia. Es decir, hasta ahora, la oferta de alquiler turístico no estaba limitada y tanto un perfil profesional como un particular podían ofrecer este servicio en cualquier rincón de la ciudad. A partir del 18 de diciembre, el Barrio Alto, Madragoa, Castelo, Alfama y Mourari pasarán a formar parte de la denominada "zona de contención absoluta" convirtiéndose así en zonas libres de nuevas viviendas turísticas.
La excepción. El ayuntamiento permitirá la creación de nueva vivienda turística solamente en dos casos: aquellos que para llevarla a cabo tengan que rehabilitar un edificio en ruinas u otro abandonado por más de tres años. De esta forma, la capital lusa pone un precio a la existencia de este tipo de viviendas y éste pasa por acondicionar el casco histórico de la ciudad.
A pesar de que este paquete de medidas está destinado a minimizar las consecuencias del alquiler turístico, tal y como está planteado, supone una solución a medias. Es decir, las restricciones solo se aplican a los alquileres turísticos de nueva creación y solo en el área de contención mencionado anteriormente. Mientras, otras zonas con una elevada afluencia de visitantes como el Barrio da Graça o el de das Colónias continuarán sin restricciones bajo el título de "áreas turísticas homogéneas".
Contexto portugués. El pasado mes de julio Portugal aprobaba a nivel estatal el Plan de Alquiler Accesible un nuevo marco legislativo que ofrece una serie de ventajas fiscales para los propietarios. ¿Objetivo? Garantizar una serie de derechos para los inquilinos. Principalmente se busca que el precio del alquiler no represente más del 35% del salario de los arrendatarios, que los contratos duren al menos cinco años y que, en caso de impago, el Estado ofrezca también unas garantías a los propietarios.
18%. Este es el ritmo anual al que está subiendo el alquiler en Lisboa. Este incremento al alza que lleva cinco años sin echar el freno deja una foto de la ciudad similar a la de otras capitales europeas: un piso de dos habitaciones ronda los 1.200 euros. Teniendo en cuenta que el salario medio de los portugueses se sitúa en los 1.529 euros y el mínimo en los 700 se torna complicado destinar a la vivienda solo ese 30% recomendado.
Limitación de precios. Otras capitales europeas que comparten el mismo problema también han comenzado a tomar medidas en el último año y medio. Por ejemplo, Barcelona y Berlín han decidido limitar el precio de los alquileres en base a unos índices de referencia. En el caso particular de la ciudad condal, por norma general no se podrá subir el precio de ninguna vivienda por encima del 10%, por mucho que entren en juego variables como el tipo de apartamento o su ubicación.
En ambos casos y a diferencia de la decisión lusa, estas medida pretenden atajar directamente el problema del auge de precios, en lugar de controlar una de las causas que hacen que éstos se eleven: el alquiler turístico.
Imagen: Eileen Pan/Unspalsh
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