El megavatio hora a 74,58 euros, un encarecimiento del 35% con respecto al mes pasado, unos precios que no veíamos desde hace ya diez años. El OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) nos va avisando de que la cosa no tiene visos de retroceder, y el invierno (y por tanto, la pobreza energética de cientos de miles de hogares) a la vuelta de la esquina. Decir que la luz sube en España es casi el equivalente a afirmar que el agua moja, pero entendamos qué ha pasado y cuáles son las posibilidades de solucionar este entuerto.
Ahogarse sin aire: como muchos saben, el precio del MWh, la variable de la que depende entre el 30 y el 40% de nuestra factura de la luz, depende de los precios que fijen los mayoristas energéticos cada mañana en base a la oferta de energía con la que cuentan. Así la última subida se explica, según la versión del OMIE, a que nos ha hecho poco viento: la reducción de la oferta de energía renovable eólica (de las que bajan el precio del mix) se sustituye por lo generado por las centrales de gas y carbón (de las que suben los precios). Estos dos combustibles hacen incrementar aún más el precio final por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, más altos que hace años, y por el alza del petróleo, parte de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra las economías emergentes y que ya hace que el barril ronde los 80 dólares.
La solución fallida de 2014: fue entonces cuando el Gobierno decretó que cambiásemos el modelo del cambio de precios trimestral al de cambio diario. La pretensión era que los consumidores no sufrieran variaciones de precios tan bruscas como las que se vivían entonces. El resultado es que da lo mismo: en España la luz no ha parado de crecer.
Nos faltan intermediarios: a día de hoy el mercado diario español gestiona más del 80% de la demanda energética de los consumidores. En otros países estos porcentajes son: para Reino Unido el 14%, para Francia el 20%, en Alemania un 52% y en Italia el 70%. Es decir, dependemos más que muchos otros países de ese factor. Esos precios los negocian entre sí productoras y comercializadoras. Pues bien, resulta que las tres comercializadoras más grandes del país controlan el 96% del negocio regulado de luz, y los grupos a los que pertenecen concentran el 60% de la generación. Es decir, es un sándwich y los consumidores estamos en medio. Hay países, como Francia, que lo que hacen para paliar el efecto de poder de los dominantes es crear intermediarios que compren a plazo y en previsión de futuro energía a precios regulados de esas energías que permiten la planificación a futuro: nucleares, hidráulicas y carbón.
Y fin de fiesta: en teoría el árbitro de todo esto es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en julio ya decía que algo raro estaba pasando con el precio de la luz y que se pondrían a investigar. A quien más responsabilidades le van a caer es a Teresa Robera, la ministra para la Transición Ecológica, que comparecerá ante el Congreso para explicar la subida de la luz. Todos aceptan que tiene que hacerse una nueva reforma del mercado eléctrico, pero, ¿en qué sentido? ¿En qué términos? Pablo Iglesias, socio estrella del actual Presidente del Gobierno, ya ha puesto sobre la mesa que va a ir a por todas para exigir unas cuantas cosas: facilitar la transición energética a más renovables, prohibir cortes de luz a hogares pobres… y municipalizar la red de distribución eléctrica hasta que el Estado tenga el 100%. Es decir, nacionalizar.
