En 1931 Barcelona ya vivió una gran huelga de inquilinos. La pregunta es: ¿Sería hoy posible?
El concepto no es nuevo, pero hacía mucho que no sonaba con tanta fuerza. Al menos en España. La resaca del 13-O, la multitudinaria manifestación en defensa del derecho a la vivienda que ayer tomó el centro de Madrid y aspira a marcar el inicio de lo que algunos ya han bautizado como "revolución de las llaves", ha colado sobre todo una idea en el debate público: la huelga de alquileres.
En España se vivió una ya hace más de 90 años. Y a lo largo de las últimas décadas se han sucedido otras en Chine, EEUU, México, Canadá o Argentina, siempre como medida de presión para defender el interés de los inquilinos frente a sus caseros. Pero… ¿En qué consiste exactamente? Y sobre todo, ¿es legal en España?
Sacando músculo. La protesta que se vivió ayer en Madrid bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio" ha servido para varias cosas. La principal, visibilizar hasta qué punto preocupa (y enfada) un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible. Tanto para quienes quieren hacerse con una casa en propiedad, como para aquellos que buscan un alquiler, sobre todo en las grandes ciudades.
No es una sorpresa. El CIS lleva tiempo dando muestras de que es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sociedad española. Pero ver a varias decenas de miles de personas clamando en la calle entre pancartas y agitando sus llaves, como ocurrió ayer en Madrid, es un recordatorio particularmente elocuente.
Mensajes claros. El 13-O ha dejado sin embargo otras muchas lecturas. Por ejemplo, que la vivienda se ha convertido en una preocupación particularmente doloroso para los jóvenes. Ayer abanderaron la protesta. Y es comprensible. Las estadísticas nos dicen que si en 2010 el 50% de los jóvenes de entre 18 y 34 años seguían todavía en el hogar familiar, ahora el porcentaje es ya del 66%.
Según Enalquiler la renta media en España se situaba en septiembre en 1.874 euros mensuales —con profundas diferencias entre regiones—, lo que se lleva un buen bocado (cuando no prácticamente todo) el salario de los jóvenes de entre 25 y 34 años, abocados por lo tanto a seguir compartiendo los gastos del hogar.
"Caminar hacia una huelga de alquileres". El 13-O también ha evidenciado que las dificultades en el acceso a la vivienda han llegado a tal extremo —el 71% de los inquilinos de Madrid ven imposible o improbable que algún día lleguen a ser propietarios— que amenazan ya con derivar en un nuevo 15-M y se ha convertido en un problema de primerísimo nivel para el Gobierno. Ayer en las calles de Madrid se exigió directamente la dimisión de la ministra del ramo.
Con ese telón de fondo, la jornada dejó coleando otra idea, o más bien una llamada: el siguiente paso en la agenda de reivindicaciones pasa por subir el tono. "Comenzaremos a caminar hacia una huelga para dejar de pagar los alquileres”, abogó ayer Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una de la múltiples organizaciones convocantes del 13-O.
¿Una huelga de alquileres? Exacto. El término no puede ser más claro. Una huelga de alquileres no es otra cosa que la decisión organizada de los inquilinos de dejar de abonar todo o parte de sus rentas como medida de presión. En este caso, el objetivo, como reconoció la propia Racu, es lograr una rebaja sustancial de las rentas, de alrededor del 50%. No es la primera vez que se desliza esa idea.
Hace semanas, ante el horizonte del 13-O, el sindicato lanzaba ya un mensaje claro: "Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Si 10.000 inquilinas se organizan para no pagar, el problema lo tienen sus caseros".
"Prepararla barrio a barrio". Tras el respaldo multitudinario a la marcha de ayer, el colectivo volvió a insistir en esa misma idea: ir un paso más allá medidas de presión para conseguir una mejora de las condiciones de los inquilinos. Una que se apoye en una premisa clara: la suma de fuerzas. "A todas las personas que vivís de alquiler: miradnos, somos miles. Somos tantas que, organizadas, tenemos más fuerza que ningún casero y gobierno. A partir de mañana empezaremos a preparar, barrio a barrio, la huelga de alquileres", clamaba ayer por la tarde el colectivo.
Pero… ¿Y qué dice la ley? La pregunta del millón. Y que lleva coleando ya varias semanas, desde que el concepto empezó a abrirse paso en el calendario de movilizaciones. La respuesta está en la Constitución. Para ser más precisos en el artículo 28, que reconoce el derecho a huelga "de los trabajadores para la defensa de sus intereses". La clave está en el ámbito de ese derecho. Hay expertos que ya advierten que en España una movilización de esas características, en la que el arrendatario deja de pagar, no estaría reconocida como un derecho legal.
"No tendría amparo legal en los derechos que tiene una persona por hacer huelga, ya que no existe una relación de trabajo entre inquilino y propietario", comentaba hace unas semanas a Newtral Amanda Moreno, profesora de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III. "El término huelga conlleva dejar de trabajar. En este caso se debería llamar de otra manera para no confundir, ya que un impago de alquiler no está relacionado con los derechos laborales".
"Si 10.000 inquilinas dejan de pagar..." En sus mensajes, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid desliza de hecho en que una de las claves en las que confía para que la medida sea efectiva es la suma de fuerzas. "Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Si 10.000 inquilinas se organizan para no pagar, el problema lo tienen sus caseros", recuerda el organismo. En la práctica, quienes decidiesen sumarse a esa iniciativa se arriesgarían a consecuencias por la vía civil (no penal), como reclamaciones judiciales de su casero. Llegado el caso incluso podrían enfrentarse a un escenario peor: la posibilidad del desahucio.
"Un incentivo complicado". En caso de que la convocatoria enraíce y se organice "barrio a barrio", como anima el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, su gran reto será superar el temor que generan las posibles consecuencias de dejar de pagar al propietario. Se lo reconocían ayer a El Mundo Lucía y Ana, dos veinteañeras que viven de alquiler en Getafe y acudieron a la marcha de Madrid. "Puede ser un incentivo para frenar la subida, pero es complicado hacerla porque quizás como inquilina corres el riesgo de quedarte sin casa por no pagar".
Hay quien incluso cuestiona que una huelga vaya a resolver los grandes retos del mercado de la vivienda, como el desajuste entre oferta y demanda en las grandes ciudades o la escasez de un parque público. "La huelga de alquileres puede ser una medida que surta algún efecto, pero no resuelve el fondo del problema porque es estructural, radica en la falta de vivienda pública y eso dificulta a la administración el poder influir en el mercado inmobiliario", razonaba otro joven en la marcha.
¿Es una medida nueva? Para nada. De hecho España ya acogió una huelga de alquileres multitudinaria hace más de 90 años. Ocurrió en 1931, en Barcelona, en un escenario complejo tanto a nivel social como económico y político, con un cóctel de factores que pusieron a los inquilinos en una situación complicada.
En poco tiempo la Ciudad Condal vio cómo su censo se disparaba de forma exponencial, pasando de 614.000 vecinos en el área metropolitana en 1900 a más de 1,5 millones en la década de los 50, impulsado por la llegada de trabajadores de otras regiones que no tardaron en ver cómo el contexto económico empeoraba.
Tras el boom de la Exposición Universal de 1929 y con los vientos de la crisis económica del 29 de fondo, se desató una "crisis cruel", en palabras del propio Ayuntamiento condal, con un aumento de la inflación y el desempleo, en especial en la construcción. La vivienda llegó a tragarse el 40% del sueldo de los obreros.
¿Y cómo se desarrolló? Así las cosas, tras un primer boicot de arrendatarios en la Barceloneta en el otoño de 1930 y gracias en gran medida al impulso sindical, en 1931 acabó desatándose una huelga del inquilinato. Reclamaban un abaratamiento del 40% de sus alquileres. Y se calcula que en agosto secundaban la protesta miles de personas. El Consistorio asegura que llegaron a superar las 100.000 familias obreras y que la protesta tuvo un peso especial en ciertas zonas, como los barrios de Cases Barates, de forma especial en la actual Marina del Prat Vermell.
Más allá de Barcelona. La huelga logró algunas conquistas, fortaleció la solidaridad vecinal y sobre todo permitió a miles de familias de inquilinos de la capital catalana ahorrase el pago de su renta, pero también recibió una repuesta severa de la Cámara de Propiedad y el Patronato de la Habitación. Las crónicas hablan de desahucios durante los que la Guardia de Asalto llegó a tirar los muebles de las familias desalojadas por las ventanas para evitar que volviesen a ocupar las viviendas. También de presos llevados a barcos habilitados como prisión.
El de Barcelona no es el único ejemplo de una gran huelga de alquileres. Movilizaciones similares se han registrado en Chile, EEUU, México, Argentina o en Canadá, que hace un año vivió una protesta similar en la ciudad de Toronto.
Imagen | Fernando Jiménez Briz (Flickr)
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