La noticia de ayer, que Pedro Almodóvar, Isabel Coixet y más de un centenar de artistas reconocidos y socios de la SGAE pidieron al Gobierno que interviniese la SGAE, no se entiende sin comprender la guerra externa e interna en la que está sumida, con varios agentes en conflicto entre sí que se disputan el futuro de la institución.
Editoras de música y televisivas: los antecedentes de la guerra interna
De un lado, cadenas de televisión como Mediaset o Atresmedia, aliados de la rueda (la hipotética trama corrupta en la que se investigan fraudes por derechos de autor en programas nocturnos). Del otro, los grandes sellos editoriales (Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic), que se llevaban buenos picos de gestión de derechos y, además, estaban vinculadas con antiguos casos de hipotética defraudación de hacienda.
Entre los 35 socios de la junta directiva de la SGAE hay gente favorable a uno y otro bando. No todos los socios están bajo sospecha de haber cometido fraudes, pero sí que dentro de cada agrupación de socios hay personas a las que les conviene ayudar a las televisiones, otras a las que les conviene hacer lo propio con las discográficas y candidatos independientes que quieren acabar con la vergüenza y el saqueo la rueda que, por ello, ayudarán involuntariamente a las discográficas.
Aproximadamente 200 de los 250 millones que recauda anualmente la SGAE provienen de las emisiones en televisiones. La música que se retransmite en programas nocturnos, que la toca un porcentaje ínfimo de músicos de la SGAE muy vinculados a la cúpula, suponen entre el 50% y el 70% de esos ingresos. Hablamos de más de 100 millones anuales para conocida como la rueda.
Al conocerse estos hechos dos asociaciones de editores musicales, AEDEM y OPEM, llevaron a la SGAE ante un arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI les dio la razón y la sentencia decretó que las entidades de gestión no podrían recaudar de las televisiones un porcentaje superior al 20% para la música nocturna. La última reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual y su famoso artículo 159 así lo dicta. La SGAE tenía que implantar estas normas en sus futuros estatutos antes del inicio de 2019 so pena de intervención Ministerial en la institución.
Ante el desacato, un posible "155" en la guerra externa contra el Gobierno
Aquí empiezan los problemas (es un decir). Para empezar, porque en este nuevo estatuto no se incluían las enmiendas de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, manteniendo intacta la rueda. Segundo, porque sólo 22.000 de los 120.000 socios de la SGAE tienen derecho a voto, y la institución además ha puesto trabas con el voto electrónico al ver que los socios de a pie votaban “no” en la mayoría de preasambleas.
Y pese a todo, todo el aparato favorable a que las cosas sigan más o menos como estaban (con campaña mediática de vídeos apoyando el "sí" financiados por los socios la asociación, estuviesen de acuerdo con esta opción o no) sólo consiguió un 58% de los votos, cuando esta reforma estatutaria necesitaba llegar a los dos tercios necesarios para su adopción por la entidad de gestión. El actual presidente, José Ángel Hevia, gaitero relacionado con la rueda, digo que enviaría los resultados al Ministerio de Cultura “para que, esperemos, valoren positivamente” el supuesto apoyo de los socios a mantener los estatutos actuales. Ciertamente han sido menos votos negativos en estas últimas elecciones internas que en las de junio pasado.
El Ministerio de Cultura tenía entonces dos alternativas, o una tutela o una intervención, siendo lo primero lo que prefiere la cúpula de la SGAE.
José Girao, actual Ministro de Cultura
En septiembre, cuando ya se comunicó que había que alinearse con Europa en torno a esas nuevas normas de ley de propiedad intelectual, Cultura apercibió a la SGAE exigiendo que en tres meses debían modificar los repartos, los estatutos y el voto electrónico, o la sociedad sería intervenida. SGAE presentó un recurso alegando inexactitudes en el escrito del Gobierno. En octubre la Audiencia Nacional admitió el recurso de la SGAE, pero ayer mismo el órgano dio por rechazada la petición de paralización del proceso.
Tal vez por eso, y previendo los resultados en la Audiencia Nacional, Hevia mandó a mediados de este mes un escrito a José Guirao, actual Ministro de Cultura, pidiéndole comprensión y tiempo para que la propia sociedad gestione sus problemas. Pero Guirao, como muchos, no cree en la buena fe de la institución y, según él mismo dijo, parece que sólo quieren tiempo para evitar lo inevitable.
“Hay dos opciones”, dijo Guirao ayer, “una jurídica, que podría resolver problemas puntuales pero que se extendería en el tiempo y puede alargar demasiado la eficacia de la medida, y otra que partiría del propio Gobierno. Consiste en quitarles la licencia para ciertos temas. Sería más inmediato, pero más traumático”. Esto último sería el equivalente a aplicarles un 155.
Por qué los socios están hartos
Y de ahí llegamos a la noticia de esta semana, al mensaje de Coalición Autoral, la plataforma de 400 socios de la SGAE entre los que están Pedro Almodóvar, Álvaro Urquijo, Isabel Coixet, Miguel Ríos, Coque Malla o Montxo Armendáriz, y que ruegan al Ministerio que intervenga en la SGAE.
Entre sus peticiones, además de la adaptación a Ley de Propiedad Intelectual, llaman la atención dos puntos muy relevantes ahora mismo para el futuro de la institución: un reparto transparente y claro de las cuentas y “un plan estratégico realista que adapte la entidad al siglo XXI”.
Podemos fijarnos en las declaraciones de Ainara Legardon, música y compositora damnificada por la SGAE décadas atrás y coautora del libro “SGAE: el monopolio en decadencia”. Los “derechos pendientes de identificar” de la institución es el dinero recaudado por la SGAE que no ha sido distribuido entre sus autores verídicos al no poderse identificar su autor, al éste no haber reclamado o porque el autor no pertenece a la SGAE. Así, sólo en junio de 2017 quedaban 45 millones de euros por entregar. Como a los cinco años prescribe el derecho a recaudar el dinero, este pasa a formar parte de los activos de la SGAE.
Es sólo uno de los múltiples ejemplos de los problemas del engranaje distributivo de la SGAE.
Lo difundido en festivales, radios y televisiones ha permitido hacer unas recaudaciones por derechos de autor mínimamente dignas para los autores. Con los CDs también estaba claro quiénes son los autores y por tanto los beneficiarios. Más dudas había sobre su reparto en base a la música que se pone en bares y locales, pero al menos tenía unos protocolos.
Ahora, en la era del streaming, y pese a que es fácilmente rastreable la autoría con herramientas como el fingerprint de BMAT, el dinero que llega a los autores es mínimo. Esto es así en España y en muchos otros países del mundo, y se debe en parte por la concentración y libertad de acción que tienen las plataformas de streaming y en parte porque las propias grandes majors musicales llegan a acuerdos con estas empresas y así evitan que los actores más fuertes vayan contra ellos. Como explicaron Ainara Legardon y David García Aristegui, SGAE también está haciendo de intermediario no autorizado por los verídicos titulares de derechos con plataformas como Youtube, y la opacidad de sus recaudaciones y prácticas reina.
Y por qué el futuro no pinta bien para la SGAE
La SGAE es la Sociedad General de Autores y Editores, es decir, el ente privado que gestiona colectivamente los derechos de autor de sus socios, en un 80% músicos. Tiene 120 años, durante el siglo pasado funcionó prácticamente sin competencia y desde 1988 debería operar sin ánimo de lucro.
Desde hace años existen otro buen número de gestoras, como AGEDI-AIE, Vegap o AISGE, que se centraron en grupos de artistas no tan cubiertos por SGAE (intérpretes, guionistas o artistas plásticos) y que en muchos casos fueron querelladas por la SGAE. Pero ahora, y gracias a nuevas regulaciones europeas y españolas, el mercado se está diversificando aún más. Aunque SGAE sigue teniendo una posición dominante, y su volumen de socios incomparable, los verdaderos autores están más que hartos.
“Si eres una editorial o un autor, conocerás todo el uso que se hace de tu música y cobrarás de una forma rápida y sencilla”, reza el anuncio de Unison, una sociedad que, además, gestiona tus derechos de forma internacional. También ha aterrizado Soundreef, que cuenta ya con 11.000 socios en Italia. Y todo mientras se admiten a trámite denuncias a la SGAE por posición dominante en este mercado que ha vivido un mayor aperturismo reciente a la competencia.
Los siguientes pasos del Gobierno y de los propios músicos que siguen registrados en la sociedad marcarán el rumbo de una de las entidades más polémicas de la historia de España.
