Tantos años de corrupción, según el gobierno, solo dejaban una opción: que el pueblo elija
El domingo se produjo un hecho que podría tener grandes consecuencias, está por ver de qué índole. México aprobó una enmienda constitucional que reestructura todo su poder judicial, pero la forma en la que ha decidido hacerlo la convierte muy posiblemente en la reforma más profunda del sistema judicial de un país jamás llevada a cabo por una gran democracia. El controvertido proyecto de ley propuesto por López Obrador (a menos de tres semanas de dejar la presidencia) se aprobó en el Senado con una enorme incertidumbre y polémica.
El día de la aprobación. El Senado de México dio la aprobación final a una reforma radical del poder judicial, eliminando el mayor obstáculo para una controvertida revisión constitucional que, si nada cambia, obligará a todos los jueces a presentarse como candidatos, un cambio que los críticos temen que politice el poder judicial y amenace la democracia.
Sea como fuere, los senadores votaron 86 a 41 a favor. La reforma entrará en vigor una vez publicada en el diario oficial de México. El cambio representa también una victoria significativa para López Obrador, quien ha afirmado que su plan acabaría con la corrupción al facilitar el castigo a los jueces.
La gran polémica: el pueblo elige. El punto más controvertido de la reforma es el más sencillo de explicar: la ley cambia el poder judicial de un sistema basado en nombramientos, en gran medida basado en la capacitación y las calificaciones, a uno en el que los votantes eligen a los jueces y hay menos requisitos para postularse. Dicho de otra forma, se instaura la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal a partir del próximo año.
La idea es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las que vote la gente. Según Obrador, “ahora es el pueblo el que manda, el pueblo el que decide”. En números, alrededor de 7.000 jueces, desde el presidente de la Suprema Corte hasta los de los tribunales locales, tendrán que postularse para el cargo bajo el nuevo sistema. Los cambios se pondrán en vigor de forma gradual, y una gran parte del poder judicial se presentará a elecciones en 2025 y el resto en 2027.
El resto de la reforma. Se reduce el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a nueve, se recorta la duración de sus mandatos a 12 años, elimina el requisito de edad mínima de 35 años y reduce a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años.
Otros cambios significativos tienen que ver con la eliminación de la pensión vitalicia, para actuales como futuros ministros de la Corte, junto a un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente en cargo. Además, se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.
A este respecto, el nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte. Importante también, en realidad solo es una reforma al Poder Judicial federal, y no a todo el sistema de justicia mexicano, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan el grueso (80%) de los procesos.
Palabra de AMLO. Detrás de esta reforma siempre estará el nombre del todavía presidente, López Obrador, el gran impulsor cuando la presentó por primera vez el año pasado. El gobierno ha explicado que la reforma era necesaria para modernizar los tribunales e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. Tras él, Sheinbaum asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado plenamente la reforma.
De fondo, un ambicioso plan que AMLO ha bautizado como la 4T, la “Cuarta Transformación” (tras la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910) que busca cambiar “los cimientos de la sociedad mexicana”. Según el presidente, el objetivo es establecer un verdadero estado de derecho y que los jueces “no estén al servicio de una minoría”. Aquí es importante recordar que Obrador ha tenido sonados encontronazos con la Suprema Corte, como cuando le bloquearon las reformas que ampliaba la participación estatal en el sector energético.
Alabanzas. Muchos mexicanos han expresado su apoyo a la medida diciendo que les da influencia en un sistema judicial en el que pocos confían. Según las encuestas del gobierno, el 66% de los mexicanos perciben que los jueces son corruptos, y los analistas dicen que el nepotismo sigue siendo común.
Una evaluación reciente encontró que alrededor del 37% de los funcionarios judiciales tienen al menos un miembro de la familia trabajando en los tribunales.
Críticas. Y frente a quienes apoyan la reforma, las críticas sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia. De hecho, la propuesta se ha encontrado con una feroz resistencia, no solo de parte de mucha “gente”, sino de los propios trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, jueces, estudiantes, legisladores de la oposición y demás críticos.
Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo. Además, hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (algo que, posiblemente, ya ocurre).
Respuesta internacional. A la polémica interna dentro del país se ha sumado, por ejemplo, la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.
También la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la "independencia judicial", y según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, la propuesta socava “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.
El mercado tiembla. La promesa de López Obrador con la reforma también se ha hecho eco y ha puesto nerviosos a los mercados financieros, incluso provocó una disputa diplomática con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. La consultora británica Oxford Economics dijo que, si bien la reforma "no representa una amenaza inmediata para la economía en general", la incertidumbre frenará la inversión en el país y, según la consultora, los cambios podrían llevar a que la inversión caiga hasta un 12% por debajo de su pronóstico base, lo que pesaría sobre el crecimiento económico.
Muchos inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarles seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.
Incluso antes de que los legisladores aprobaran las reformas, el banco central de México redujo su pronóstico de crecimiento económico para este año al 1,5%, desde una predicción anterior del 2,4% (en medio de vientos en contra globales). Según Gabriela Siller, jefa de análisis económico del grupo financiero Banco BASE, la reforma judicial ahora "aumenta la probabilidad de que la economía mexicana caiga en recesión".
El próximo paso. Sea como fuere, el próximo paso parece claro, aunque no es nada fácil. El Senado tendrá que emitir una convocatoria de candidatos para los miles de puestos de jueces en todo el país. Y la agencia electoral de México tendrá que comenzar a organizar las elecciones judiciales. En algún momento, las legislaturas estatales modificarán sus constituciones locales.
De fondo, un plan para que los votantes elijan el próximo mes de junio a todos los magistrados de la Suprema Corte, a los miembros del recién creado Tribunal Disciplinario, y a aproximadamente la mitad de esos 7.000 jueces del país, mientras que el resto será elegido en 2027.
Es tan profunda e insólita la reforma que se está llevando a cabo en estos momentos, que un mexicano promedio podría tener que seleccionar entre cientos y miles de candidatos a jueces cuando acuda a votar.
Imagen | Eneas De Troya, RawPixel
En Xataka | México optó por la “soberanía energética”, y ahora se ha encontrado con un problema de difícil solución
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