Miedo a un futuro sin efectivo: las razonables resistencias a acabar con el dinero físico

¿Cuándo tiempo le queda al efectivo? Es una pregunta que ha rondado los análisis de gobiernos y entidades desde hace un lustro. Ahora el PSOE lo ha llevado al Congreso en forma de proposición no de ley: "Eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva". Junto a la propuesta de Hacienda de limitar los pagos al contado a 1.000€, frente a los 2.500€ actuales, la respuesta parece clara.

Muy poco.

Tendencia. Se trata de implantar poco a poco y de forma universal los pagos digitales. Es una recomendación de la Xunta de Galicia, el primer gobierno autonómico que ha levantado el Estado de Alarma; y un interés expreso del ejecutivo nacional desde antes de la epidemia. Una epidemia que ha acelerado la guerra contra el metálico, pese a que las evidencias sobre su carácter transmisor aún no sean sólidas.

La resistencia. Tan antigua como el deseo de acabar con el dinero metálico. Lo expresaba así el Banco Central Europeo hace más de un año, a cuenta de la reducción de pagos en efectivo hasta un máximo de 1.000€ planteada por el gobierno: "Dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado". En 2010 ya había fijado su posición:

La norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas (...) Una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles.

¿Por qué? Para muchos ciudadanos el efectivo es un engorro. Pero para otros es su única forma de intercambiar bienes y servicios. Median varias brechas. La más importante es la tecnológica: un buen porcentaje de la población no tiene los suficientes conocimientos ni la destreza adecuada para volcar toda su actividad económica a smartphones o apps privadas. En un país muy envejecido, como España, es una barrera crucial.

Es algo previsto por el Banco de España. En febrero de este año recordaba que la eliminación del metálico coloca en "riesgo de exclusión financiera" a los ancianos. Dos de cada tres mayores de 65 años no utiliza Internet, y su curva de adaptación a un medio ajeno, para una cuestión tan importante, es demasiado pronunciada. Necesitan sus monedas.

También socioeconómica. Otros ponen el acento en las desigualdades económicas. Es el caso de Aproser, uno de los colectivos empresariales más críticos con la eliminación del efectivo:

La ausencia de billetes y monedas o la dificultad para usarlos como medio de pago impactaría de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. Suelen ser los hogares con menores niveles de renta (y en zonas más rurales) los que tienden a usar de una forma más intensa el efectivo.

Como se analiza aquí, uno de los colectivos más infra-bancarizados de España lo componen los inmigrantes. Sus ingresos son más erráticos y no suelen cumplir los requisitos exigidos por los bancos para disponer de una tarjeta de crédito: "El colectivo no bancarizado mantiene un nivel de ingresos muy bajo (...) y evidencia una especial precariedad laboral, con una alta dependencia de la economía informal (cuidado de personas dependientes, situación irregular o trabajo sin contrato)".

Dependencia. El último argumento pro-efectivo: en un mundo digitalizado dependeríamos en exceso tanto de las entidades como de aplicaciones externas para gestionar nuestro dinero. Suecia, uno de los países más avanzados contra el metálico, parece haberse dado cuenta: ya ha anunciado una criptomoneda estatal (e-krona) para restar influencia a una aplicación de transferencias ya omnipresente (Swish, su particular Bizum).

Otros discursos rotan en torno a la "pérdida de libertad" en un mundo 100% digitalizado. Nuestros compañeros de Xataka lo exploraron en su día: sin efectivo nos conducimos a una dependencia total de la tecnología. Más trazabilidad, también menos privacidad.

Imparable. Sea como fuere, el fin del efectivo parece más o menos sellado. Economistas como Kenneth Rogoff llevan años explicando cómo la digitalización de la economía, por medio del gravamen a la economía sumergida, supondría de facto una redistribución más efectiva de la riqueza. Este parece ser el incentivo más poderoso para penalizar el metálico, como los ejemplos de Italia o Grecia atestiguan.

En España, el número de operaciones en metálico ha caído un 8% desde 2008, frente al aumento del 96% de las digitales; y más de 3.000.000 de personas no tendrán acceso a un cajero en cinco años. Una tendencia que no tiene por qué ahondar en la brecha social necesariamente: algunos de los países más acostumbrados a utilizar el dinero digital son los africanos, como Kenia, Uganda o incluso Somalia. Hay alternativas.

Imagen: Dado Ruvic/Reuters