Brasil lleva casi dos años sumido en una crisis institucional sin precedentes en su historia reciente. El escándalo de corrupción que ha salpicado al Partido de los Trabajadores, antaño encabezado por el carismático Lula da Silva, se llevó por delante a la presidenta de la república, Dilma Rousseff, y amenaza con terminar con el propio Lula en la cárcel. Todo ello, mientras el ejército, hasta ahora silente, amenaza veladamente con un golpe de estado que restaure la normalidad.
¿Algo de contexto? Allá va: en 2014 estalló el escándalo Lava Jato, una operación policial y judicial que destapó años de gravísimas corruptelas entre los aparatos del Estado, controlado desde 2003 por el partido izquierdista de Lula, y la empresa petrolífera pública Petrobras. El proceso judicial terminó con el propio Lula, campeón de las clases empobrecidas de Brasil y muñidor del mayor crecimiento económico del país en su historia, sentado frente al juez y condenado a prisión.
El recurso de Lula. La decisión motivo multitudinarias manifestaciones tanto a favor como en contra de Lula y, en general, del Partido de los Trabajadores. Lula decidió recurrir la decisión judicial y, a día de hoy, aún tiene la esperanza de que o bien el Tribunal Superior o bien el Tribunal Supremo revisen su caso. En cualquier caso no anularían la condena. Más bien, Lula aspira a que las altas instancias acepten que durante su proceso se vulneraron sus derechos procesales y constitucionales.
La caída de Dilma. Paralelamente, los grupos conservadores del Senado brasileño iniciaron un proceso de "impeachment" a Dilma Rouseff, heredera de Lula. Pese a que la presidenta se había mantenido al margen del proceso Lava Jato, los parlamentarios arguyeron ciertas irregularidades en las cifras del déficit público para lograr su definitiva caída. La presidencia fue a parar a Michel Temer, con varios escándalos de corrupción a sus espaldas. El PT perdió el gobierno tras trece años.
¿Golpe o no golpe? Para muchos brasileños y observadores internacionales la justificación del impeachment de Dilma era débil. Se trataba de un ajuste de cuentas entre la vieja oligarquía del Brasil post-dictatorial y el primer partido de izquierdas que cambió radicalmente la cara del país desde la presidencia de Lula. De ahí la polarización en las calles: los procesos contra Lula y Dilma eran, en realidad, un proceso contra su proyecto de país. Una lucha encarnizada por Brasil.
Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.
— General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) 3 de abril de 2018
La amenaza militar. Llegamos de nuevo a 2018. Lula recurrió su condena, y esta semana un juez debía decidir si el ex-presidente entraba o no en prisión mientras se tramitaba. Fue entonces cuando entraron en juego las palabras del comandante Eduardo Villas Boas, en las que amenazaba implícitamente con tomar el control de la situación si Lula no entraba en prisión. En un país que hace treinta años escapaba de una dictadura militar, todo el mundo supo interpertar su tuit.
Tras la intervención, varios generales declaraban extasiada lealtad a Villas Boas. Poco después, la justicia ordenaba a Lula entregarse. Tiene de límite hasta hoy.
Las elecciones. Es una incógnita si Lula lo hará voluntariamente o si optará por el macabro espectáculo de la policía deteniéndole. Sea como fuere, la sucinta intervención militar se puede considerar una suerte de golpe preventivo: si Lula entra en prisión no podrá presentarse a las elecciones de octubre, como tenía previsto. Pese a su divisivo carácter, lideraba con amplio margen las encuestas. Da una idea de la importancia de un tuit.
Imagen | Suamy Beydoun/AGIF
