La muerte de los paraísos fiscales: el G7 tiene cerrado un impuesto de sociedades global al 15%

La Administración Biden parece decidida a aprobar un impuesto de sociedades global que ponga fin a los paraísos fiscales. La idea ha vertebrado su discurso económico desde su toma de posesión, y está a un puñado de días de obtener el visto bueno del G7, el grupo informal que reúne a los siete países más desarrollados del planeta. Según el Financial Times, sólo Reino Unido duda sobre la forma final del gravamen. Sería del 15% (algo por debajo de lo planteado originalmente, al 21%) y se incluiría en el gran acuerdo fiscal diseñado estos días por la OCDE.

El impuesto en sí. Se trata de un proyecto muy viejo, tanteado con anterioridad por la Unión Europea (sin éxito) y por la propia OCDE (siempre en un segundo plano). Su formulación es muy sencilla: introducir un mínimo del 15% para los beneficios de las grandes empresas en todos los países, de tal modo que no se genere una competencia desleal entre socios comerciales, como venía sucediendo hasta ahora. Hoy los tipos varían enormemente, desde el 12% de Irlanda hasta el 25% de España, pasando por el 5% de Barbados. Esto distorsiona la recaudación.

De dónde veníamos. Hasta ahora, Estados Unidos no había tenido demasiado interés en armonizar la fiscalidad global de las empresas. Había varios motivos: por un lado, las sucesivas administraciones demócratas y republicanas habían apostado por bajar los impuestos y contener el gasto estatal (sí, también Obama); por otro, las empresas estadounidenses eran las principales beneficiarias de la asimetría impositiva mundial, en una suerte de "privilegio fiscal" que les permitió durante décadas maximizar sus beneficios escogiendo su residencia fiscal.

A dónde vamos. Las cosas han cambiado. Como vimos hace algunas semanas, Biden desea revitalizar la economía activando varios programas de gasto (siendo el de infraestructuras el más destacado). Para hacerlo necesita dinero. Y ese dinero, además de una subida ya anunciada para las clases más pudientes del país, va a salir de las empresas hasta ahora ajenas del impuesto de sociedades local (21%) gracias a diversas exenciones y a su capacidad para declarar beneficios en países con fiscalidades más amables (número de dólares pagados por Amazon en 2018: $0).

Caminamos hacia un nuevo paradigma económico. Cuestiones antaño tabú, como un impuesto de sociedades global, parecen hoy plausibles. EEUU apostó en primera instancia por un 21%; las negociaciones con el G7 lo han limitado al 15%. Todos los presentes (Francia, Alemania, Japón, Canadá, etcétera) se han mostrado favorables. En gran medida porque todas llevan perdiendo muchos años con el sistema actual.

Los datos. Los repasamos hace algunos años a cuenta de este estudio. Un ejemplo extremo: el 60% de los beneficios declarados por las multinacionales estadounidenses tributaron en otros países, la mayor parte de ellos paraísos fiscales donde la carga impositiva es muy baja. Para el resto de empresas de mundo el porcentaje era más bajo pero igualmente impresionante: 40%. Mientras España pierde en torno a los €3.000 millones anuales por el agravio comparativo, Países Bajos o Irlanda se llevan más de €5.000 y €4.000 millones respectivamente.

Irlanda sería una de las principales perjudicadas por un impuesto de sociedades global. Allí se declaran el 47% de las ganancias cosechadas en Europa por las multinacionales estadounidense, y un 17% de las obtenidas en todo el planeta. Pese a que el tipo nominal ronda el 12%, el efectivo cae en muchas ocasiones, obras de ingeniería fiscal mediante, al 1%. Es dinero que otros países están dejando de ingresar pese a que forman parte de bloques económicos comunes (la UE). La competencia (desleal) le reporta unos €12.000 millones anuales.

Carrera a la baja. Las decisiones soberanas (y legítimas) de cada estado provocaron una carrera a la baja. España lo bajó del 35% al 25%. Estados Unidos, de más del 40% al 21%. Esto provocó una paradoja: en un tiempo en el que los beneficios de las multinacionales se dispararon (del año 2000 en adelante), la recaudación se hundió. La competencia entre naciones provocó que allá donde los tipos fueran altos se introdujeran correcciones y exenciones (desde consolidaciones hasta la no-doble imposición de filiales extranjeras). En España, a nivel efectivo, el impuesto recauda el 11% sobre los beneficios contables de sus empresas.

Se acabó. Sucede que soplan vientos de cambios en el establishment. Los viejos paradigmas (desregulación empresarial y financiera, bajos impuestos, poco gasto público) están ahora en duda. Lo vimos a cuenta del repliegue proteccionista de Alemania: la mezcla de presiones internas (la popularidad de los partidos que han cuestionado los consensos de la globalización a izquierda y derecha) y externas (la competencia de los países asiáticos antaño beneficiados por una economía global) han empujado a los gobiernos a abrazar reformas una vez proscritas.

La palanca. Entre ellas, la aceptación táctica de los paraísos fiscales. El G7 no puede imponer un impuesto de sociedades mínimo al resto de países, pero tiene instrumentos para incentivarlo. Entre ellos, el acceso a un marco comercial común amparado por la OCDE (la suma de los países más importantes en lo económico del planeta) o entregar una proporción de los beneficios generados al país donde se ha producido la actividad económica (aunque se declaren y tributen en otro lado). Un "pilar" que puede servir de fundación para un nuevo paradigma económico.