En los cinco años que van desde 2018 a 2023, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado un total de 11.679 operaciones relacionadas con el narcotráfico, llegando a detener o investigar a más de 13.000 personas e incautar un volumen de droga que asciendo a los 1.211.241 kilos de hachís. Sin embargo, es un negocio ilícito que no parece detenerse ni por un momento.
Este fin de semana la lucha contra el narcotráfico ha dejado un trágico incidente en Barbate, Cádiz, en el que una narcolancha embistió a una embarcación de la Guardia Civil matando a dos guardias civiles. En el momento del impacto, seis agentes se encontraban a bordo de una pequeña embarcación semirrígida del GEAS, destinada a misiones de búsqueda y rescate de víctimas, para identificar varias narcolanchas que se encontraban ilegalmente en el puerto de Barbate.
Al llegar la embarcación de las autoridades, la mayoría de las narcolanchas escapó a excepción de una, que comenzó a hacer maniobras amenazantes en torno a la nave de la Guardia Civil hasta que impactó con ella y se dio a la fuga. La embarcación de los traficantes tenía 14 metros de eslora y estaba equipada con cuatro motores y potencia de hasta 300 caballos. La de los GEAS, una zódiac pequeña, tenía apenas seis metros y contaba con un único motor de 80 caballos.
Lo cierto es que la venta de este tipo de narcolanchas están prohibidas en España desde 2018, año en el que España se consolidó como el país de Europa que mayor cantidad de hachís incautó. De cada 100 kilos que llegaban a suelo comunitario, 72 lo hacían ese año a través de las costas andaluzas (sobre todo en Cádiz, Málaga, y Huelva), frontera con Marruecos, de donde proviene la droga mayoritariamente.
Por ello, aquel año, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2018, de 26 de octubre, para limitar el uso de transporte más utilizado por los narcos para traer el hachís desde Marruecos.
“El uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad para la rápida introducción de géneros de contrabando (fundamentalmente hachís, cocaína y cigarrillos) mediante el trasbordo o el alijo en la playa es una de las principales amenazas a la que se enfrentan diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”
El propio texto del decreto reconocía lo siguiente:
“Resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. En estos casos, resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes, y las embarcaciones continúan siendo utilizadas por las organizaciones criminales una y otra vez para sus actividades ilícitas. Ello produce una sensación de impunidad en la ciudadanía y de cierta impotencia y desánimo entre los miembros de las fuerzas y cuerpos que tienen encomendada la represión del contrabando y el narcotráfico”.
¿De dónde vienen entonces?
Aunque se haya prohibido por ley su venta en España, estas embarcaciones ilegales no han desaparecido, ni mucho menos. De hecho, desde que se aprobó el decreto, las autoridades han seguido decomisando embarcaciones. Alrededor de 624 dedicadas al narcotráfico. La pregunta ahora es: “¿De dónde salen?”. Muchas de ellas de Galicia. El año pasado, la policía desmanteló cuatro organizaciones que se dedicaban únicamente a fabricar estas naves en la frontera gallega con Portugal y enviarlas al Estrecho de Gibraltar y otros puntos de España.
Esta redada terminó con decenas de arrestados y la incautación de hasta 100 narcolanchas, listas para usarse, en la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal. “Los hemos mermado, seguro, pero desconocemos cuánto. No llegamos a conocer la dimensión de todo esto en Galicia... El estrecho de Gibraltar sigue lleno de narcolanchas fabricadas en Galicia únicamente, o entre la comunidad y Portugal. Hay muchas organizaciones y es un negocio muy rentable, las abandonan al acabar cada descarga”, explicaba entonces el teniente Abel, jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Pontevedra.
Galicia lleva años siendo un enclave logístico de las narcolanchas en España: “Es de siempre, con la diferencia que desde el 2018, al ser consideradas género prohibido, tenemos una herramienta para intervenirlas y destruirlas”, explicaba en este reportaje de La Voz de Galicia el teniente jefe del EDOA. La otra pregunta es: “¿Por qué Galicia?”. Y para responder a esa pregunta hay que acudir a una investigación reciente que llevó a las autoridades antidroga hasta un astillero “legal” en Viana do Castelo, en Portugal.
Y aquí es donde entra en juego el agujero legislativo existente en nuestro país vecino, donde no hay normas contra la construcción, uso y transporte de estas embarcaciones diseñadas mayoritariamente para transportar grandes alijos, al contrario que en España. Es lo que, según la policía, “convierte a Portugal en la cuna de estas embarcaciones ilegales en España”: “Lo ideal es hermanar legislaciones, lo que conlleva equiparar la portuguesa con la española. La realidad es igual para nosotros que para ellos”, argumentaba el jefe del EDOA.
Imagen: Guardia Civil / Agencia Tributaria
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