Hace una semana se aprobó la segunda pata de la reforma de las pensiones, una legislación impulsada por el Ministerio de José Luis Escrivá que ha visto todo tipo de obstáculos y oposición durante largos meses de negociaciones. Con la entrada en vigor de esta segunda fase entran en juego novedades que para muchos pensionistas son motivo de celebración. Y para muchos otros no tanto.
En resumen: ganan las pensiones más bajas, las mujeres y los trabajadores con vidas laborales irregulares. Pero entremos más en detalle.
¿A quién beneficia más? Las pensiones mínimas contributivas van a subir un 22% entre 2024 y 2027. Eso quiere decir que a corto plazo quienes más beneficiados van a salir son quienes reciben estas prestaciones de la Seguridad Social. Concretamente pasarán de 966,20€ mensuales a 1.178,50€, es decir, unos 16.500€ anuales en 14 pagas en 2027. También saldrán bien parados quienes cobren la pensión mínima no contributiva, gestionada por el Imserso: de los actuales 457,30€ al mes a los 592€ mensuales. Un total de 8.300€ al año.
Por otro lado se establecen medidas para que la prestación de la pensión mínima contributiva se aproxime al 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, tal y como se ha hecho en los últimos años con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y en el lado de las no contributivas, verán un crecimiento hasta nivelarse en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
Y a las mujeres. Este colectivo es uno de los más beneficiados de la futura legislación ya que muchas veces, y casi siempre por necesidad, tienen que pausar sus carreras laborales a lo largo de sus vidas. La buena noticia es que se combinará el sistema actual de 25 años con la posibilidad de tener en cuenta los últimos 29 años, es decir, se eliminarán los dos peores para calcular la pensión, de forma que se seleccionará automáticamente lo más beneficioso para la jubilada.
Y no solo eso. También saldrán ganando quienes cobren el complemento para reducir la brecha de género, es decir, quienes hayan visto truncada su carrera laboral por el nacimiento de uno o más hijos, revalorizando con un 10% añadido a la subida que le corresponda durante 2024 y 2025. Eso se traduce en 34,4€ por hijo y está destinado a las mujeres, a no ser que el nacimiento del hijo hubiese afectado a la carrera laboral del hombre.
También quienes hayan tenido carreras irregulares. Es decir, aquellos cuyos salarios no hayan visto un crecimiento lineal con los años. Escrivá consiguió sacar adelante un mecanismo que había encontrado mucha oposición de los socios. Se trata de una opción de cómputo dual en la que los pensionistas podrán elegir entre quedarse en el sistema actual, de 25 años, o pasar a un cálculo de 29 años, pudiendo excluir los dos peores años. Y de esta manera, se quedan como están aquellos trabajadores que, sin llegar al máximo de cotización, sus salarios hayan crecido año tras año.
Los perdedores. En este abanico se encuentran los trabajadores cuyas nóminas superan la base máxima de cotización. Básicamente porque su cuota a la Seguridad Social crecerá todos los años y, sin embargo, su futura pensión aumentará muy por debajo de sus aportaciones al sistema. Y por supuesto las empresas, que asumen casi por completo el incremento de los ingresos del sistema público de pensiones de aquí a 2050. Una cifra que ascenderá hasta los 15.000 millones al año.
¿Cómo pagarlas? Esa es la cuestión más importante. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene que salvaguardar la hucha de las pensiones como pueda. Y más en un momento en el que el sistema se enfrenta a un envejecimiento de la población brutal y a la llegada de las jubilaciones de la generación del baby boom. Para conseguirlo, se pretende aumentar las bases máximas de cotización, que son de 4.495€ mensuales en 2023, en los próximos años.
¿Cómo? Añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija del 1,2%; una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1% en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de 0,6% se dobla hasta 1,2% en 2050, a un ritmo de crecimiento de una décima al año. Según el Gobierno, de esta manera se conseguirá incrementar el gasto en pensiones al 15% del PIB frente al 12% actual.
Imagen: Mark Timberlake (Unsplash)
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