Es el mundo al revés: tan pronto como el 26 de marzo la Guardia Civil y la Policía de Ceuta advertían de haber detectado a grupos de marroquíes escapando del confinamiento español que tratan de escapar para regresar a su país. Días después grupos de marroquíes residentes hacían un anuncio a prensa dirigido al Gobierno de España y Marruecos para solicitar la repatriación.
Ahora una investigación de El País identifica que al menos 100 personas han salido en dirección al país africano. Pateras que no vienen a España, sino que salen de ella. Una situación completamente insólita, impensable meses atrás. Si el precio habitual de una plaza en estos botes de la muerte hacia nuestro país es de entre 400 y 1.000 euros, el periódico anota un precio para este viaje de huida del covid-19 de 5.400 euros.
Marruecos no quiere a los suyos: el 13 de marzo el país cerraba sus fronteras y, a diferencia de la mayoría de los países (aquí hemos repatriado a más de 20.000 en este mes y medio) y de las presiones del Ministerio de Exteriores español, no permitía el regreso. Se trató de una medida especialmente cruenta por la existencia de los transfronterizos, trabajadores con jornada laboral en Ceuta o Melilla que, al pillarles la orden trabajando, no les permitió regresar.
La asfixia informal: ¿por qué quieren ahorra estos marroquíes volver a toda prisa a su país si antes estaban deseando permanecer aquí? No es por la crisis sanitaria, ya que Andalucía es uno de los territorios menos afectados y Marruecos uno de los africanos que peor lleva el número de contagios. Con el parón de la actividad económica y callejera el cerco a la economía informal es total, y aunque en su país de origen pueda no haber tampoco trabajo allí tienen hogares y familia.
Repartidores, manteros, prostitutas: estos dos últimos colectivos ya han abierto en España sendas cajas de resistencia por las que los que pueden aportan ahorros para cubrir a los más necesitados durante el aislamiento. Asociaciones LGBT también están haciendo lo propio para personas trans. Medidas del gobierno como la prohibición del corte de suministro de luz o el ingreso mínimo vital de próxima aprobación pretenden ayudar a la subsistencia de los más desfavorecidos. Muchos de ellos serán integrantes de entre los dos y cuatro millones de trabajadores en negro del país, cuyo funcionamiento mueve el equivalente a entre un 18 y un 24.5% del PIB.
Mirando a las migraciones con otros ojos: ante una amenaza de asfixia de la temporada agrícola, y pese a tener las fronteras cerradas a cal y canto, tanto Italia como Alemania han puesto múltiples condiciones de lujo a los migrantes polacos, rumanos, marroquíes y de otras muchas partes del mundo para que trabajen los campos. Ante la falta de personal sanitario al que se enfrenta Reino Unido (como muchos otros países) ha hecho una ampliación automática del permiso de residencia, y Portugal hacía lo propio para toda la inmigración en general. Gracias al coronavirus, y aunque sea sólo de forma temporal, las tornas han cambiado.
Foto: Santi Palacios
