Hay una especial desconfianza ahora mismo hacia nuestras instituciones jurídicas. Es el caso de los raperos y los tuiteros, o de los independentistas catalanes, que han huido a Bélgica y Suiza temiendo que no se pueda garantizar un juicio justo. Sospechando que los tribunales no serán imparciales y se les aplicará una persecución política. El Tribunal Europeo ha condenado ayer mismo a España por su vulneración de la libertad de expresión de dos jóvenes por el simple hecho de quemar unos retratos del rey.
El clima informativo maximiza el sentimiento de que algo está pasando en nuestro país. Que puede que hayan vuelto el fantasma represor que creímos dejar atrás.
Frente al ruido, los hechos. Los análisis del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo el que se acogen casi 50 estados de nuestro entorno, que lleva décadas haciendo un seguimiento de las vulneraciones de derechos de los civiles de todos los Estados miembros y que han empezado a circular en redes a raíz de los últimos dictados a España. Resulta que somos uno de los países de Europa con menos sanciones por parte de Estrasburgo: 157 condenas en los 40 años en los que se nos vigila. En términos absolutos, nos han penado la mitad de veces que a Alemania, seis veces menos que a Francia y quince veces menos que a Italia.
He aquí las estadísticas en bruto.
Como ironizan algunos usuarios en redes sociales, esos países que a los que se han acogido Puigdemont y Anna Gabriel respectivamente, no son jurídicamente más seguros que lo que han dejado atrás (obviamente tampoco hay los mismos intereses). Bélgica se salda con 171 condenas y Suiza con 106.
Pero como también podemos ver, estos dos países no son el foco represor de Europa. Turquía (3.386), Rusia (2.253), Rumanía (1.352) y Ucrania (1.213) son regiones que destacan sobremanera y que confirman la prensa que reciben internacionalmente, pero sorprende también el altísimo grado de denuncias de Polonia (1.145), Grecia (963) y sobre todo Italia (2.382), donde la justicia está tan paralizada que más de mil procedimientos han sido condenados por su lentitud a la hora de dictar sentencia.
Las cifras tienen algo de truco. Estas violaciones son totales desde la puesta en marcha de la institución en 1959. Muchos de estos grandes países se adscribieron al gobierno del TEDH muy pronto, mientras que nosotros lo hicimos en 1979. No es el caso tampoco de Francia, con 728 condenas pese a incorporarse apenas cinco años antes que nosotros. O de Finlandia, que desde que entraron en 1990 se les ha sentenciado 140 veces.
De hecho, si miramos sólo las condenas posteriores a 2010, nuestro índice de vulneraciones sigue siendo muy bajo.
¿Cómo de bajo? Cinco veces más bajo. En 2016, por ejemplo, el número de demandas por número de habitantes en España es de un 0,13 por cada 10.000 ciudadanos. La media de los Estados adscritos es de 0,64. En Rumanía es del 4,15.
Además, los motivos por los que se sanciona a España no son especialmente graves. Si hasta 2017 Francia ha sido condenada 33 veces por el TEDH por trato inhumano y degradante, a España se la había sancionado por eso mismo cero veces en total. La primera condena de la historia por esto, eso sí, la hemos recibido el pasado mes de febrero por el caso Portu y Sarasola.
El mensaje con el que nos debemos quedar es que, pese a que se cometen vulneraciones jurídicas (algo que en ningún caso está justificado y que deberíamos evitar al máximo), España es un país garantista, con mejores índices de respeto a los derechos de los acusados que muchos países de su entorno.
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