Por qué España no va a cumplir sus objetivos de déficit por octavo año consecutivo

Pese a las insistentes previsiones del Gobierno durante el último trimestre del año pasado, España tampoco cumplirá en 2015 los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Por octavo curso consecutivo, el ejecutivo español ha sido incapaz de cuadrar la diferencia de gastos e ingresos acordada con las instituciones europeas para reducir el crecimiento de la deuda. ¿Cómo hemos llegado, de nuevo, a esta situación, si la economía está creciendo por encima de la media de la Unión Europea y Montoro lo creía factible?

Como siempre, no es una respuesta cuya explicación sea simple, pero hay algunos elementos claves que sí se pueden resaltar. De fondo, se entremezclan problemas crónicos de las administraciones públicas para controlar lo que ingresa frente a lo que invierte, rebajas fiscales anunciadas durante el verano pasado y mayores gastos derivados de, entre otros factores, la demografía de la población española. Pero en aras de obtener un cuadro lo más extenso posible de nuestros problemas de déficit, empecemos por el principio.

¿Desde cuándo el déficit es un problema?

Si interpretamos la economía tal y como hace el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, desde siempre. Sin embargo, el desarrollo macroecómico de un estado moderno poco tiene que ver con la "economía familiar", donde gastar por encima de los ingresos siempre es un problema de gran calado. España, como muchos otros países de su entorno, casi siempre ha cerrado sus cursos económicos en déficit. La excepción a la regla la vivimos entre 2004 y 2007, coincidiendo casi enteramente con la primera legislatura de Rodríguez Zapatero: entonces, España ingresó más de lo que gastó, por el buen rumbo de la economía.

Duró poco. En 2008 quebraba Lehman Brothers y la economía mundial implosionaba. España, cuyo crecimiento se había sostenido sobre una burbuja inmobiliaria, observó cómo su crecimiento económico se detenía, entrando en recesión. Las empresas quebraron, los trabajadores se quedaron en la calle y la actividad económica se paralizó. Como consecuencia, los ingresos del estado, que dependen en su gran mayoría de los impuestos, se redujeron, mientras los gastos (prestaciones públicas) se dispararon. ¿Resultado? En 2009 el déficit tocaba techo histórico y se ubicaba en el 11%. Una cifra muy preocupante.

¿Por qué Bruselas supervisa las cuentas?

Y donde pone "Bruselas" debemos leer "la Comisión Europea", el órgano de gobierno de la Unión Europea formado por... representantes todos los estados (es decir, por todos los gobiernos) de la propia Unión Europea.

Para entender por qué la Comisión Europea tiene voz y voto en los presupuestos económicos de sus estados miembros tan sólo hay que abrir la cartera y contemplar un billete de cinco euros: con motivo de la creación de la moneda única, las instituciones europeas articularon en 1997 el Pacto de Estabilidad, una serie de mecanismos reguladores que, de facto, hacían de las economías nacionales una cuestión común europea. Entre sus objetivos, el Pacto de Estabilidad buscaba controlar el déficit presupuestario de la Eurozona y prevenir el crecimiento de la deuda. Pero nunca ha sido un dictado rígido.

Desde su creación, la Unión Europea ha atravesado diferentes estadios económicos. A principios de la pasada década, fue Alemania el país que de forma más o menos sistemática era incapaz de cumplir sus objetivos de déficit (precisamente cuando España contaba con superávit en las arcas públicas). La llegada de la crisis cambió las tornas: España, Portugal, Grecia e Italia, entre otros países, entraron en problemas. En serios problemas. Todos ellos comenzaron a registrar altos déficits, aumentando la deuda y encontrando cada vez más dificultad para financiarse en los mercados. La UE tuvo que rescatarles.

En 2011, acuciada por los rigores de la crisis y la creciente crisis de deuda de la eurozona, el Consejo Europeo, los 28 estados miembros, articula el Pacto del Euro, formalizando los criterios de cumplimiento de déficit y haciendo más severas y efectivas las sanciones. Desde entonces, los presupuestos españoles han sido mirados con lupa por la Comisión Europea (al igual que los de Portugal, enfrentada a Bruselas; al igual que los de Italia, donde su primer ministro, Renzi, ha aireado públicamente sus objeciones a la política oficial europea). Y desde entonces, los objetivos de déficit nunca se han cumplido.

¿Por cuánto no cumplimos los objetivos?

Hoy se ha sabido con exactitud. Lo último que sabíamos es que los ayuntamientos tenían superávit al ciere de 2015, lo que había provocado que el déficit de España entre enero y septiembre del año pasado pase del 3,44% al 3,12%. Sin embargo, los objetivos establecidos por la Comisión Europea estipulaban que el gobierno debía cerrar el curso con un déficit de no más del 4,2%. Pese a que el ministro de Hacienda confiaba en lograrlo, los analistas consideraban imposible que así fuera. Y así ha sido: el déficit final es del 5,2%. Traducido a millones de euros, son unos 10.000. Es un desfase de un punto.

Durante los últimos ocho años, la tónica ha sido la misma: el gobierno de turno ha anunciado el cumplimiento de los objetivos, la Comisión Europea los ha revisado en previsión del habitual incumplimiento (como sucedió en 2012, dada la grave situación de la economía española) y, a final de año, el déficit siempre ha estado por encima de las previsiones menos optimistas. En 2013 fue del 6,90% y en 2014 fue del 5,90%: la tendencia, desde 2012, es a la baja, pero insuficiente en cualquier caso para asegurar los criterios de Bruselas. Este año, además, se añade otro factor a la ecuación: la economía española crece. Crece mucho.

¿Si el PIB crece, no lo hacen también los ingresos?

El PIB español se expandió en 2015 por encima del 3%, una cifra que encuentra poco parangón en los países de su entorno comparables por características macroeconómicas. No, no es el país líder de la Unión Europea, como se repite desde el gobierno, pero sí se está por encima de la media de la Zona Euro (se ubica en el 1,6%, España está algo más de punto y medio por encima), de Alemania, de Francia, de Italia o de Reino Unido. Es una buena señal: significa que el desempleo baja, aunque los nuevos puestos laborales sean precarios y de poca calidad, y que los ingresos suben, ya que hay una mayor actividad económica.

Y así ha sido. Según el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria, centrado en el pasado mes de noviembre, los ingresos fiscales del estado aumentaron un 4,7% (respecto al año anterior) durante los once primeros meses de 2015. Tanto el IVA como el impuesto de sociedades, dos indicadores relevantes del estado de la economía española, aumentaron notablemente su recaudación a lo largo del curso pasado, otorgando al estado mayores ingresos para paliar el déficit. Sin embargo, como ya hemos visto, no ha sido así: pese al buen estado de la economía, las administraciones no han contenido gastos.

Pero tampoco han aumentado sus ingresos tanto como desearían. Por un motivo: la reforma fiscal.

¿Cómo ha afectado la reforma fiscal al déficit?

A mediados del verano pasado, y con la vista puesta en las elecciones generales de diciembre, el gobierno de Mariano Rajoy anunciaba una importante reforma del IRPF. En rigor, la adelantaba: estaba prevista que entrara en vigor después de las elecciones generales, en 2016. Grosso modo, todos los tramos salariales de España pasarían a pagar algo menos por IRPF de lo que lo estaban haciendo: el tramo máximo pasaba del 47% al 45%; los intermedios, se reducían entre dos y un punto (del 39% al 37%; del 31% al 30%; del 25% al 24%); el mínimo, bajaba otro punto, pasando del 20% al 19%. Para autónomos, lo mismo.

Por necesidad, una reforma de semejante calado iba a afectar a las arcas públicas (en enero, además, los tipos ya habían bajado; este mismo enero, por cierto, ha llegado la bajada restante prevista para 2016). Como los datos de la Agencia Tributaria revelan, lo que ha sucedido es que los mayores ingresos del IVA y del impuesto de sociedades se han neutralizado con el enorme gasto que ha supuesto al estado la reforma del IRPF. En total, Hacienda ha dejado de recaudar alrededor de 4.300 millones de euros en 2015. Eso habría supuesto reducir nuestro exceso de déficit de forma muy sustancial.

Eso sí: ha sido un factor influyente, pero no el único.

¿Dónde están el resto de los problemas?

Fundamentalmente, en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas. Como ya hemos visto, los ayuntamientos han contribuido a que el déficit no sea más alto (por la vía del superávit a nivel nacional: más de 7.300, alrededor del 90%, cuadraron sus cuentas públicas en 2015 en números verdes). El gobierno central también ha logrado reducir su déficit: los gastos ascendieron a 190.000 millones de euros, frente a unos ingresos por encima de los 160.000 millones. Pero la brecha comparada con 2014 se ha reducido un 24%.

Así que todas las miradas apuntan hacia las autonomías, y muy especialmente hacia la Seguridad Social. Es aquí donde está el principal problema. Pese a la reducción del paro (más cotizantes), sus ingresos se han mantenido constantes respecto a 2014: hasta noviembre del año pasado, por ejemplo, se contabilizaban 527.335 contribuyentes más (un crecimiento del 3,15% respecto al curso previo), pero los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sólo crecieron un 1,33% (casi dos puntos menos). Entre otros motivos, las tarifas planas creadas por el gobierno y la reducción general de los sueldos de los trabajadores.

Todo ello, además, ha provocado que el gobierno haya tenido que recurrir, un año más, a la hucha de las pensiones, el fondo de reserva para asegurar los ingresos de los pensionistas. De forma agravada, el reemplazo generacional le sale caro al estado: los entrantes (más jóvenes, cuyo periodo de cotización fue con sueldos más altos) tienen pensiones más generosas, lo que redunda en el déficit de la SS.

De forma paralela, son las autonomías la otra pieza que explica el alto déficit del estado español. Nueve de ellas no sólo han incumplido sus objetivos en 2015, sino que lo han aumentado respecto a 2014. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque ellas se encargan de dos de los principales gastos públicos a cuenta del estado: la educación y la sanidad. Ambas partidas presupuestarias llevan reduciéndose desde el inicio de la crisis, pero han alcanzado su límite. La Comisión Europea las observa con preocupación. El problema es que su sistema de financiación les impide, en gran medida, ser eficientes.

Es un viejo dilema: las comunidades autónomas se encargan del gasto, pero no de la recaudación, lo que genera incentivos perversos y un desfase en las cuentas públicas notables. A ese problema estructural, España añade una reforma fiscal que ha mermado la capacidad recaudatoria, el poco crecimiento de las cotizaciones pese al aumento del empleo y una dinámica muy negativa, en cuanto a reducción del déficit, durante los últimos ocho años. El resultado es, una vez más, un déficit por encima del marcado a principios de año.