El problema de los profesores precarios en la Universidad: al regularizarlos te cargas la meritocracia

Arreglar un error con otro error. Así están criticando varios usuarios en redes sociales el nuevo anuncio, aún tímido y sin detalles concretos, sobre la próxima reforma anunciada para el mundo docente por Manuel Castells, Ministro de Universidades.

La propuesta del Estatuto del Personal Docente e Investigador: este es el nuevo planteamiento de Castells, un marco laboral para “regularizar” la situación de la figura conocida como el “profesor asociado” que puebla muchas universidades de nuestro país. A cifras de 2018 se calculaba que había 22.871 profesores en esa situación, el 23.6% de la plantilla. Ya desde antes de la crisis de 2008 el cuerpo funcionarial se había ido estancando, no se han sacado plazas para reponer a los funcionarios jubilados y la Universidad pública española perdió un 27.7% de su inversión. Resultado: profesores precarios.

Sueldos del hambre: al menos si los comparamos con los que deberían ser los salarios de un profesor universitario con plaza y a jornada completa. Hay infinidad de testimonios, y los precios varían según el centro. Aquí un profesor de 51 años que lleva encadenando más de una década estos falsos contratos temporales cuenta que cobra entre 500 y 600 euros netos por 6 horas de clase más otras 6 de tutoría.

Estos profesores deben estar dados de alta como autónomo, y una de las condiciones técnicas es que compaginen su trabajo con otras ocupaciones. La realidad es que no hay vigilancia, con lo que puede darse el caso de profesores que den apenas una o dos clases y cobren poco menos que 300 o 400 euros al mes quitando impuestos. Eso sí, para acceder a una plaza de asociado no hace falta ser doctor ni estar acreditado por la ANECA, las reglas son mucho más laxas.

Café para todos: lo que da a entender el anuncio de esta semana es que ese estatuto para estos profesores que propone Castells ayudaría a incorporar a las plantillas docentes a buena parte de esos miles de profesores precarios que han suplido funciones de profesor titular durante años. Se ha dicho que se escuchará “a todos los agentes implicados”, como “sindicatos, rectores o gobiernos autonómicos”.

Todos estos agentes están de parte de esos profesores precarios, y se está dando a entender que, aunque estas plazas salgan a concurso, se podrían ajustar los baremos para premiar a los profesores asociados que han pasado años en sus centros por encima de otros criterios meritocráticos que permitiesen acceder a los docentes que, por ejemplo, se buscaron las castañas en el extranjero. Es decir, una prevaricación y una forma de premiar un sistema feudal donde el docente novato vive a expensas de la discrecionalidad de los viejos profesores del centro.

España tiene experiencia, porque esta situación ya se ha dado en el pasado.

Calentando la silla: como ya explicamos en el pasado, con sueldos tan bajos y contratos tan inestables lo que ocurre es que se mete a profesor asociado quien puede. Quien consigue compaginar con otros trabajos, cosa que puede ser hasta cierto punto complicado, y quien ha podido tirar de recursos propios o familiares durante años o décadas a la espera de promocionar de alguna forma, como por ejemplo con promoción interna. Todo esto va, claro, en contra de la igualdad de oportunidades de los españoles, y habría que pensar en todos los brillantes alumnos de estas generaciones que, viendo la imposibilidad de recibir un sueldo completo y justo que les esperaba durante décadas en el mundo universitario, optó por otras salidas laborales. Pero también va en contra de la excelencia docente, lo que en última instancia afectará a la calidad de los centros universitarios.

Unis peores que otras: Cataluña y Valencia concentran el 40% de los profesores asociados de las universidades públicas españolas, explica el CSIF, importante sindicato de los funcionarios. También la Universidad Complutense de Madrid acapara muchos de estos empleados irregulares. La regularización, por tanto, afectará más en estos lugares, y se generará un tapón de promociones y de capacidad para atraer talento, lo que lastrará su competitividad. También se teme de qué forma el Gobierno piensa ayudar a los centros con más personal irregular, donde el coste laboral lógicamente crecerá. ¿Se les premiará con una mayor financiación, castigando indirectamente a los que lo hicieron bien?