Prostitución pagada por el estado: algunos países ya subvencionan el sexo a personas con discapacidad

La asistencia sexual para personas con discapacidad es un servicio tan necesario como la existencia de centros educativos o el apoyo en las tareas cotidianas. Sin embargo, la diversidad funcional que presentan este tipo de personas hace que a menudo sus necesidades sexuales sean obviadas. Mientras en Dinamarca el sexo es un derecho más al que tienen acceso los discapacitados, el gobierno australiano acaba de recurrir una sentencia que obliga al estado a pagar una terapia sexual a una mujer con esclerosis múltiple.

Sexualidad y discapacidad. Como en muchos casos este tipo de pacientes requieren de asistencia para realizar tareas de primera necesidad como asearse o salir a la calle, el sexo termina por caer en el olvido. Los discapacitados pasan a identificados solo por esta condición y su rol de seres sexuales desaparece para el resto de la sociedad. De hecho, ha sido la victoria de una paciente australiana con esclerosis múltiple frente al Servicio Nacional de Seguros para la Discapacidad lo que ha reabierto el debate. La financiación de una terapia sexual valorada en 10.000 dólares anuales no solo da la razón a la paciente, sino que cuestiona si el gobierno debería hacerse cargo de este tipo de servicios. 

Hay demanda. El documental Scarlet Road, que aborda el sexo como una necesidad fisiológica muy presente en la vida de las personas discapacitadas, incluye un dato revelador: el 90% de las trabajadoras sexuales entrevistadas reconocía haber tenido clientes con discapacidad que aseguraban que su recurrencia estaba limitada por razones económicas. En la misma línea, la deportista paralímpica Ange McReynolds contó a la edición australiana del diario The Guardian que pagaba 280 dólares por tener sexo una vez al mes y durante dos horas y añadió: "si pudiese elegir, iría cada dos semanas".

Financiación pública.  La opinión del ministro encargado de gestionar el plan nacional para la discapacidad es meridiana: "financiamos los servicios razonables y necesarios" algo que, a juzgar por la apelación de la sentencia que dio la victoria a la paciente con esclerosis múltiple, deja fuera los servicios sexuales. Para Stuart Robert costear con dinero público el sexo de las personas discapacitadas es algo que no cumple con las expectativas de la comunidad y cuya financiación "supondría un riesgo financiero para el futuro del plan para la discapacidad".

NDIS. Es el organismo que gestiona las necesidades y servicios casi medio millón de australianos que sufren algún tipo de discapacidad permanente. A pesar de que en su página web sostienen que su principal objetivo es apoyar a la comunidad y dotarla de las herramientas suficientes para que puedan ser lo más independientes posibles, actualmente hay alrededor de 3 millones y medio de ciudadanos que se quedan fuera del plan nacional para la discapacidad. Y es que para acceder a este servicio de apoyo y tutela, los ciudadanos tienen que rellenar previamente un formulario donde explican qué tipo de discapacidad presentan y cómo ésta les limita en su día a día. ¿Resultado? Los más dependientes son los elegidos para diseñar su propio plan de discapacidad.

El caso de Dinamarca. Dinamarca aprobó en 2005 una ley que otorgaba a algunas personas con discapacidad el derecho a hacer uso de un trabajador o trabajadora sexual una vez al mes y sin coste alguno. Esta medida pretende equiparar los derechos entre todos los ciudadanos al facilitar el sexo a las personas más dependientes. Países como Holanda también reconocen la importancia del sexo en las personas discapacitadas y, aunque no existe un subsidio como tal para financiar estos servicios, los pacientes reciben apoyo económico para satisfacer sus necesidades sexuales.

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