¿Puede España prescindir de la educación concertada? Frente a la caída demográfica, tal vez sí

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una nueva reforma educativa, la octava desde la llegada de la democracia. Conocida en esta ocasión como Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), pasará a la historia por su apelativo informal, Ley Celaá, en referencia a la ministra del ramo. Como siempre, su debate y puesta en marcha ha arrastrado un agrio debate entre gobierno y oposición. No ha habido consenso. Y sí mucha polémica.

Gran parte de la fricción rota en torno a la educación concertada. La nueva ley le reserva un apartado específico. Entre otras medidas, como la prohibición a los municipios de reservar suelo público para la construcción de colegios concertados o la eliminación definitiva de los residuales centros segregados, la reforma aspira a reducir la "libertad" de elección de los padres. En esencia, Celaá desea neutralizar la cláusula introducida en su día por Wert que blindaba el "derecho" de las familias a elegir centro. Para el gobierno, es una fuente de segregación social.

Es un asunto viejo. Hace un año, Celaá ya anticipó las intenciones del ejecutivo rechazando de plano la existencia del "derecho a elegir centro" dentro de la "libertad educativa", citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. Este es el gran caballo de batalla de los sectores conservadores y que pretende acotar la nueva reforma, potenciando a la escuela pública y limitando la elección de plazas. En esencia, es una batalla enconada por dos modelos antagónicos, y que en absoluto quedará zanjado con la aprobación del nuevo proyecto.

Merece la pena pues repasar en qué punto del debate nos encontramos, cuál es el rol de la concertada, qué marco legal la ampara y hasta qué punto España puede caminar a corto plazo a un modelo donde tenga menos peso.

Cuál es la situación actual del debate

Como sabemos, España es el segundo país de Europa con más centros concertados y privados frente a los públicos, tercero si considerásemos la anómala situación de la educación Bélgica.

Aunque legalmente no debería ser así, los colegios concertados y privados segregan de facto, cuotas y otros procedimientos mediante, al alumnado por estatus económico y cronifican la desigualdad de la sociedad. Esto se debe a varios motivos: la segregación no sólo es perjudicial por la ausencia de esa mezcolanza entre niños de diversas procedencias, sino también porque los alumnos de la concertada, de pago, tienden a ser más competentes que los de la pública. Un pago que en muchas ocasiones se fuerza, aunque legalmente no sea obligatorio para las familias.

A mediados de los '80 el PSOE llegó con un acuerdo con los colegios privados de España para que ingresaran de alguna forma en el sistema público. La idea era afianzar el derecho y el deber a la educación, que aún no se había logrado, hasta los 14 años primero y después los 16. Pero como el Estado no contaba con una suficiente red de centros para hacerlo, se acordó pagar los salarios de los docentes y otros gastos generales de las instituciones privadas a cambio de que ofreciesen ese servicio y entraran al sistema.

Concertada y privada suponen un 32% del total, 19.092 centros, aunque si quitamos los centros exclusivos de Educación Infantil (cuya demanda ha crecido enormemente en los últimos tiempos) se quedan en 9.837, cifra que le acerca al 25% para niños de primaria y secundaria. Eso sí, la concentrada es cada vez más la favorita entre muchas familias: en los últimos 15 años ha ganado una media de 22.407 escolares por curso, según los datos del Ministerio de Educación, un crecimiento mínimo pero contradictorio con las tendencias demográficas del país, siempre a la baja.

La última actualización llegó previa a la esbozada por la Ley Celaá llegó de la mano de la Ley LOMCE, aprobada con mayoría absoluta por el Partido Popular en 2014. Aquella reforma, conocida como Ley Wert, permitió a las administraciones educativas que no tuvieran que garantizar plazas suficientes en centros públicos, como ocurría desde los '80. Desde entonces sólo tuvieron que "garantizar la existencias de plazas suficientes" a secas, sin el acompañamiento de "en centros públicos". Los gobiernos autonómicos que lo desearan, podrían cubrir las plazas con los concertados.

De pago.

La suma de la LOMCE y de los recortes presupuestarios de la pasada década provocó que desde 2007 y hasta 2017 la escuela concertada ganara un 25% de financiación mientras que la pública sólo creciera un 1,4% (es decir, que técnicamente ha retrocedido). Así no sólo ha habido un crecimiento de la desigualdad de los alumnos, sino que el gasto educativo por familia ha aumentado un 41% en la última década. Y sin la obligación de que haya plazas públicas, más gente tendrá que optar por los concertados.

El debate es aún más complejo dado que muchas de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas desde el primer gobierno de Aznar.

Hay más conflictos, sobre todo si tocamos la parte religiosa. Siendo España un país aconfesional y en el que la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la enseñanza del credo que profese, hay otro debate que también está abierto: qué religiones deben ofertarse.

A pesar de que el país cuenta desde 1992 con un pacto con la Comisión Islámica de España, de momento sólo hay en España 76 maestros contratados de religión musulmana para más de 300.000 alumnos que la profesan. Sólo 1 de cada 10 niños musulmanes puede acceder a su religión, y de ahí que decisiones como la de la Consejería de Educación de Islas Baleares de que diez centros oferte religión islámica para el curso se puedan hacer cada vez más habituales y legalmente necesarias.

¿Nos salen rentables los concertados?

Uno de los argumentos habitualmente esgrimidos para mantener el sistema concertado es su inferior gasto. Afirma la Conferencia Episcopal que el Estado ahorra 2.500€ por alumno y curso gracias a sus centros. Que son más eficientes.

Aunque según las estadísticas del Ministerio de Educación les sobran unos cuantos euros a sus cifras, tienen razón. Ocurre que el gasto del profesorado es sustancialmente más bajo para los centros privados que para los públicos. Dado que es la Administración quien paga los salarios de los profesores de estos centros, se ahorra un pico que, de ser todos los centros públicos, habría que pagar (el salario de los dicentes es un 60% del gasto educativo).

Es algo que progresivamente ha ido cambiando. Si nos fijamos en las cifras de 2012, en pleno pico de los recortes educativos durante lo más duro de la crisis, la brecha entre los profesores de la escuela concertada y de la pública ha disminuido. En 2007 el gasto de un concertado era de un 69% respecto al 100% de la pública; mientras que cinco años después ese porcentaje había ascendido al 79%. En números brutos, hoy cada alumno de la pública cuesta unos 5.300€, por los 4.100€ de la concertada.

La foto final de ese ahorro de la concertada está también en disputa. Los defensores de lo público defienden que parte de ese ahorro y eficiencia del sistema concertado proviene de la no obligatoriedad de dar servicios que la Administración está obligado a dar, como por ejemplo, escuelas en zonas rurales con menos alumnos por aula. En 2011 los centros públicos tenían de media de 21,2 alumnos por aula y 1,98 profesores por clase; mientras que en los concertados eran 23 estudiantes por aula y 1,68 profesores por clase.

Y también porque la concertada, al filtrar a alumnos de mayores estratos socioeconómicos, se ahorra un dinero en materias de refuerzo y apoyo a alumnos más desaventajados. Ocho de cada diez niños inmigrantes acaba en la pública aunque el peso de la pública sea del 71% del alumnado general. Ojo: el factor de segregación de la inmigración no tiene que ver únicamente con el nivel económico de la familia en exclusividad, y entra también el factor de la proximidad (muchos colegios caros suelen estar en los distritos más pudientes y viceversa).

¿Podría el Estado aumentar la oferta pública?

Puede que ni siquiera le haga falta. La natalidad ha bajado casi un 30% en los últimos diez años. Si la tendencia no cambia y si no conseguimos atraer inmigración, la pérdida demográfica también afectará a la pérdida de alumnos. De hecho, y si quitamos la escolarización de 0 a 3 años, ha habido un 2,2% menos de matriculaciones de niños y niñas en 2019 con respecto a 2018.

Si se mantienen las actuales proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística), España tendrá 800.000 niños menos de aquí a 2030 y habría que cerrar más de 30.000 aulas en estos años. Existe, pues, una oportunidad si las fuerzas políticas lo consideran, de, ante el retroceso del alumnado, reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidad las públicas, aunque existirían otras opciones, como mantener el presupuesto y ofrecer mejor calidad de enseñanza al poder dar clase el profesor a menos alumnos por clase.

Ese posible cierre de aulas además conllevaría nuevos retos, ya que la pérdida demográfica no será igual para todas las comunidades autónomas, y algunas como Andalucía, una de las que tiene mayor porcentaje de peso de escuelas públicas, sería una de las más afectadas por ese invierno demográfico, por lo que tendría menos margen de acción.

Imagen: Juan Carlos Rojas/Reuters