La vivienda como bien de mercado, como bien de primera necesidad y todo el espectro en el que puede posicionarse entre esos dos puntos antagónicos. Hoy Berlín está más cerca de facilitar que tanto la política como la opinión pública se aproximen más en la balanza al segundo grupo mencionado.
El referéndum. Existe en Berlín una ley municipal por la que, si el 7% del censo electoral firma en cuatro meses a favor de que se organice determinado referéndum, el Ayuntamiento está obligado a ejecutar esa consulta pública. Grupos pro vivienda municipal necesitaban 170.000 firmas, consiguieron 300.000 (se movilizaron muchos extranjeros, que no tienen derecho a voto) y se validaron 183.000 de ellos. ¿La propuesta? Si los ciudadanos consideran si se le deberían expropiar o no 240.000 viviendas al gigante inmobiliario Deutsche Wohnen & Co. Enteignen, sonando de fondo la canción de si se debe ampliar la expropiación a grupos con más de 3.000 pisos en cartera.
Para que salga el referéndum, que no es vinculante, es necesario alcanzar un quórum del 25% de los electores, momento a partir del cual el Senado deberá abordar este asunto políticamente. Votan el 26 de septiembre.
Por qué este referéndum ha sido importante en la última campaña política. Ha ocurrido en el pasado político berlinés que algunos referéndums donde la gente ha mostrado su apoyo mayoritario hacia una causa no se ha traducido después en una realidad. La gente votó para que no se cerrase el aeropuerto Tegel y se terminó cerrando. Los cargos electos están en su plenos derecho de hacerlo. Pero ese ninguneo puede tener consecuencias políticas. Ocurre que el tema de la vivienda es uno de los puntos más candentes y urgentes de la política germana, y también que ese mismo 26 de septiembre el referéndum coincidirá con las elecciones al Bundestag y al ayuntamiento de Berlín, por lo que mucha gente acudirá a votar tanto una cosa como la otra. Eso ha motivado que, durante todos estos meses, los candidatos se hayan significado políticamente al respecto de la cuestión.
Por qué pintan bastos para los que quieren expropiar. El partido que ha liderado tanto la convocatoria del referéndum como el sí al mismo es Die Linke, el que se encuentra más a la izquierda entre los partidos mayoritarios de la capital, el tercero en porcentaje de votos en la capital y parte del gobierno berlinés de una actual coalición junto con el partido socialdemócrata SPD y los verdes de Die Grüne. Todo apunta a que renovarán coalición en las próximas elecciones, pero, y aquí viene el pero, los socialdemócratas han dicho que no contemplan la expropiación. Los Verdes hablan de ella “sólo como último recurso”.
¿Cómo será/habría sido esa expropiación? El siguiente paso será/habría sido dirimir la indemnización por esos cientos miles de pisos a Deutsche Wohnen & Co. Enteignen. Mientras el sector conservador suele hablar de la desmesurada factura de 36.000 millones de euros, el informe que maneja el Gobierno de la capital habla de una horquilla entre 29.000 y los 39.000 millones y otros bajan la factura a unos paupérrimos 8.000 millones. Las grandes diferencias radican en el grado de compensación, de si el Ayuntamiento debería compensar las previsiones de propiedad y alquileres a unos precios actuales o si se tendrían en cuenta las previsiones de alzas de precios (especulativos, según el discurso izquierdista) para los próximos años que incluyen ya en sus previsiones de cuentas los grandes fondos.
Después, se crearía un mecanismo que aliviase la carga municipal mediante la creación de una entidad pública que gestiones esos alquileres y que se financie a través de la emisión de bonos de deuda. De mantenerse los actuales precios de los individuos arrendados, se calcula que el municipio recobraría la inversión en 15 años, si se pagase esa subida de precios, tardarían más.
Por qué ni siquiera esto solucionaría el problema. Según la poderosa Asociación de Inquilinos de Berlín con 170.000 socios muy activos de la ciudad, grupo que también ha estado detrás de la gestación de este referéndum, Berlín ha ido vendiendo a entidades privadas unos 200.000 pisos de propiedad pública desde los años 90. Además, la capital requiere unos 330.000 apartamentos para hacer frente a la demanda habitacional de aquí a 2030. De expropiarse a Deutsche Wohnen, harían falta otros 90.000 pisos más y a precios asequibles. Nada de eso le devolverá la pérdida de libertad económica pasada a los cientos de miles de arrendadores berlineses (el 87% de la ciudad) que han visto cómo los alquileres subían un 85% entre 2007 y 2019.
Foto: Max Rabus, Deutsche Wohnen Stoppen.
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