Seguro que la historia te suena. Tu teléfono empieza a sonar y, cuando lo descuelgas, una voz te ofrece un contrato con una compañía en el que podrás acogerse a una oferta especial. Sólo para ti. Sólo para esta fecha señalada.
Aunque seguramente, ya marcado por experiencias anteriores, evitas coger el teléfono cuando ves en la pantalla un número desconocido, una terminación sospechosa o un código de tres dígitos claramente asimilable a un entorno empresarial. Pero claro, eso no garantiza que la llamada que recibas se sitúe fuera de ese ámbito.
Es un hecho que muchas de las llamadas realizadas con fines comerciales son hechas a día de hoy desde un terminal móvil o fijo, con una numeración clásica, algo que hace que pensemos que se trata de un particular y que, aparentemente, prohíbe la Resolución de 27 de mayo de 2013 que modifica los rangos de numeración para comunicaciones móviles.
Sin embargo, un hueco normativo dejaba abierta esta posibilidad, al menos hasta la aprobación de la LO de Protección de Datos que entró en vigor en diciembre de 2018 y que excluye esta posibilidad de forma taxativa. Es decir, es notoriamente ilegal que una empresa intente venderte un producto usando como puente un terminal móvil con una numeración similar a la de cualquier usuario privado.
Supongamos que, pese a su negativa, la misma compañía que se ha puesto en contacto contigo, vuelve a ofrecerte la misma oportunidad a las pocas semanas, quizás a los pocos días. Una y otra vez el mismo proceso. Las peticiones por tu parte de que cesen en su insistencia no funcionan pero... ¿hasta qué punto es esta suerte de acoso un procedimiento legal?
Ilegal, alegal y cotidiano: el acoso telefónico según la ley
La respuesta en este caso parece bastante clara, la LO 1/2015 que modifica el Código Penal, establece en su artículo 172 ter la consideración como delito (pena de cárcel de tres a dos años incluida) del acoso continuado, considerando como tal, por ejemplo, el uso indebido de los datos personales del individuo en cuestión, es decir, los tuyos.
También en la misma línea se pronuncia el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que garantiza, como un derecho fundamental, la capacidad de los individuos para no ver cómo sus datos son objeto de mercadeo, con afanes mercantilistas, por obra de terceros.
¿Por qué entonces las compañías se arriesgan a una previsible multa, la cárcel incluso, por la dudosa consecución de nuevos clientes? Bien, la respuesta en estos casos siempre es compleja, pero una de las causas es, indudablemente, la relativa novedad que dicha legislación supone y que sólo en los últimos meses ha empezado a provocar sentencias condenatorias.
En efecto, los juzgados apenas han empezado a pronunciarse al respecto de este acoso continuado y, en este caso, la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, el pasado mes de octubre, supone un ejemplo claro de hacia donde podría dirigirse la ley en un futuro cercano, en el mejor de los casos.
Dicha sentencia condena al pago de 30.000€ a una empresa de telemarketing subcontratada por Jazztel para la consecución de clientes. El demandado alegaba, como justificante de su querella, haberse puesto en contacto con el defensor del cliente de la multinacional de telecomunicaciones para dejar de recibir su información comercial, así como haber incluido su nombre como integrante de la Lista Robinson... pero, antes de seguir, ¿qué es eso de la Lista Robinson?
Lista Robinson, una protección de datos que funciona a posteriori
Dicha lista es un directorio global, gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, que tiene como fin dar un soporte virtual a la legislación mencionada anteriormente, es decir, a favor del usuario y en contra del uso fraudulento de sus datos por empresas no autorizadas de forma explícita.
Su uso es gratuito y la inclusión en dicha lista supone efectos de obligado cumplimiento para dichas empresas. Es decir, tú deberías dejar de recibir llamadas de forma automática tras aportar tus datos a la Robinson.
Sin embargo, como hemos visto, el demandante en la sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada siguió recibiendo llamadas pese a haber inscrito su nombre en la Lista Robinson, pese a haber advertido a la empresa de telemarketing condenada de que formaba parte de dicho listado.
En definitiva, que el hecho de que incluyas tu nombre en la lista no garantiza que vayas a dejar de recibir acosos varios, pero sí que, en caso de seguir recibiéndolos, puedas demandar de forma efectiva a quien haga caso omiso de ello. La Lista Robinson es, por lo tanto, una salvaguarda legal ante posibles acciones posteriores, pero no un interruptor digital que te ponga a salvo, de forma automática, del filibusterismo empresarial.
Pero volvamos al origen, a las causas que motivan que sigas recibiendo llamadas pese a sentencias condenatorias y listados salvadores. Una respuesta puede hallarse en la propia sentencia de la Audiencia Nacional a la que hacíamos referencia anteriormente.
En efecto, la sentencia condenó con determinación a la empresa de telemarketing subcontratada por Jazztel, pero exoneraba de cualquier culpa a la compañía arrendadora. Ésta delegación de responsabilidad es una de las causas por las que, empresas de la misma que naturaleza que Jazztel, se acojan cada vez con más frecuencia a la contratación de intermediarios para el contacto con sus clientes potenciales: la asunción de actitudes de carácter abusivo y sus posibles responsabilidades penales recaen sobre quien las ejecuta directamente. Las multinacionales de comunicación están así a salvo de complicaciones legales.
Muy bien, podrás preguntarte entonces por qué las empresas de telemarketing sí asumen ese riesgo de posibles acciones judiciales por parte de sus torturados contactos. La respuesta parece bastante simple: el pastel es demasiado goloso para renunciar a él, o dicho de forma más explícita, los beneficios obtenidos superan ampliamente las posibles sanciones.
2.000 millones de euros al año sólo en España: acosa como puedas
El grupo Konecta, la empresa que lidera el sector de las comunicaciones de telemarketing en España, facturó en 2018 más de 830 millones de euros, gracias a una red global que acoge, a su vez, a otra red de razones sociales que deslocalizan la matriz.
Dicho grupo, controlado por el Banco Santander hasta este mismo mes de febrero en que el gigante financiero cántabro vendió las acciones que manejaba al fundador de la empresa, se hizo durante 2018 con la empresa mexicana del ramo B-Connect, a su vez líder del negocio en Latinoamérica.
Todo en una búsqueda de expansión empresarial que contrasta con las acciones reivindicativas llevadas por los sindicatos, que denuncian la precariedad, los bajos sueldos y la congelación de los mismos como velada estrategia de crecimiento.
Pero no es sólo Konecta el único pez de la pecera, nombres como Atento o Qualytel-Arvato quizá no te suenen de nada pero, casi con total seguridad, habrás hablado con alguno de sus trabajadores eventuales en más de una ocasión. El negocio generado por dichas compañías supera los 2.000 millones de euros anuales en España y los 549.800 millones a nivel global.
Esta conflictividad laboral está estrechamente ligada con el crecimiento y la paulatina sustitución que está teniendo lugar, por parte de robots, de los operadores humanos. Sólo en los dos últimos años, el número de llamadas efectuadas por dichos terminales robóticos se ha incrementado en unos 4.000 millones en todo el mundo y se calcula que, para el año que viene, una de cada dos llamadas recibidas por los estadounidenses provendrán del telemárketing.
Dado el crecimiento exponencial de este tipo de llamadas, todo indica que éste, el de la robótica, es el futuro de las comunicaciones comerciales. Así que buenas noticias: en el futuro, menos gente acabará trabajando en esos ingratos puestos. La mala, que tu móvil seguirá siendo una potencial víctima del spam telefónico.
