España afronta unas elecciones generales sin precedentes en su historia democrática. Por primera vez cinco partidos de ámbito estatal tienen la posibilidad de obtener más de treinta escaños en el Congreso de los Diputados. La circunstancia provoca que la competencia entre ellos sea extrema: un puñado de votos en una provincia clave puede determinar que una formación u otra quede por delante en el parlamento.
¿Pero cuáles? Hay varias particularidades a tener en cuenta a la hora de entender el desarrollo de las próximas elecciones. El sistema electoral español fue diseñado para asegurar mayorías estables que favorecieran la gobernabilidad. En su origen, los legisladores plantearon un modelo que premiara territorialmente a los dos partidos más votados de cada bloque ideológico. Durante años, esos dos partidos han sido PP y PSOE.
Ambos han jugado la baza del "voto útil" en prácticamente cada ciclo electoral. Votar a otras formaciones, argumentaban, era tirar el voto. Esta idea ha ganado aún más peso en el discurso del Partido Popular, presionado por dos rivales diferentes, durante las últimas semanas. Pablo Casado ha llamado a los votantes conservadores ha priorizar a su formación sobre otras por cuestiones prácticas, no ideológicas.
¿Qué significa esto? Para entenderlo, y para entender si hay algo de cierto en su discurso, es necesario comprender el sistema electoral español.
El peso de las provincias de interior
La característica fundamental del sistema electoral consagrado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral no es la célebre Ley D'Hont, discutida en infinidad de ocasiones en todos los medios de comunicación, sino la distorsión provincial.
España es un país de desigual demografía. Las provincias costeras disfrutan de grandes bolsas de población concentradas en un amplio puñado de ciudades. Comunidades como Cataluña o Andalucía superan los siete millones de habitantes; la Comunidad Valenciana, los cuatro; Euskadi, pese a su pequeño tamaño, los dos; y Galicia roza los tres millones. En el interior sucede lo contrario: mucho terreno, poca gente.
La excepción siempre ha sido Madrid. La lógica democrática pura dicta que los escaños se repartan de forma proporcional a la población. Pero los legisladores introdujeron una singular distorsión cuando diseñaron la ley electoral: todas las provincias españolas disfrutarían de un mínimo de dos diputados por defecto. A partir de ahí, sumarían un representante por cada 100.000 habitantes. En la práctica, todas las provincias (excepto Soria) envían un mínimo de tres diputados al Congreso.
¿Qué significa esto? Que están sobrerrepresentadas. No todos los votos valen lo mismo; no suman a bulto. En Soria, la circunscripción menos poblada de España, es posible obtener un representante con tan sólo 12.000 votos (le sucedió al PSOE en las pasadas elecciones). Son menos de los que obtuvo PACMA en la circunscripción de Madrid (38.000) para no acceder al Congreso. Allí, Ciudadanos necesitó de 101.000 votos por cada escaño obtenido (6).
Las distorsiones territoriales de la LOREG se introdujeron con un sentido: asegurar la representación efectiva de las provincias poco pobladas. Un sistema electoral puro, similar al empleado en las elecciones europeas, provocaría que los votos de Soria o Teruel tuvieran poca relevancia para los partidos políticos. En consecuencia, el Congreso jamás prestaría demasiada atención a sus necesidades o reivindicaciones.
La ley generaba otro efecto: en las provincias pequeñas la proporcionalidad desaparecía. En circunscripciones muy pobladas el número de escaños se corresponde de forma casi exacta con el porcentaje de voto obtenido. En Barcelona, por ejemplo, Ciudadanos y CDC obtuvieron cuatro escaños con el 11% y el 12% de los sufragios totales en 2016. Es allí donde las formaciones minoritarias tienen más posibilidades de obtener representación. La barrera de entrada, por así decirlo, es más baja.
Lo contrario sucede en lugares como Palencia o Zamora. Al entregarse muy pocos escaños (cuatro en el mejor de los casos), se requiere de mayores porcentajes para ganar uno de ellos. En Teruel, Unidos Podemos y Ciudadanos obtuvieron el 16% y el 13% de los votos respectivamente, más que CDC en Barcelona. Ninguno de los dos consiguió diputado. En la práctica, aquellos sufragios no valieron para nada. Se perdieron en el sumidero del sistema electoral.
La lógica del "voto útil"
El sistema electoral privilegia así a los dos primeros partidos de las provincias más pequeñas. O lo que es lo mismo: al status quo construido por Partido Popular y Partido Socialista en las comunidades menos pobladas. Los partidos nuevos necesitan de extraordinarios porcentajes de voto para arrebatarles el control de casi 26 escaños (sin contar a las circunscripciones de cuatro diputados). Su hegemonía se constituye aquí.
Cuando Pablo Casado o los portavoces socialistas se refieren al "voto útil" no están apelando al pragmatismo altruista de su electorado; están dinamitando el avance de formaciones que puedan competir con ellos en las circunscripciones clave.
¿Pero cómo te afecta? Primero, hay que tener en cuenta que un solo voto casi nunca cambia nada. Las apelaciones a la "utilidad" del voto son en realidad llamadas a la acción colectiva. Buscan movilizar a grandes masas de votantes aún indecisos cuyo sufragio no está decidido. Votar PP o PSOE, de este modo, sería una garantía: ellos sí lograrán llegar al Congreso desde tu provincia; Cs y UP probablemente no.
El voto útil es cualquier voto, porque proyecta la voluntad de cada ciudadano. En cualquier circunscripción y a cualquier partido.
Más allá de esto, la existencia de un "voto útil" es una idea discutible en numerosas circunscripciones, especialmente en las más grandes. Allí los partidos de ámbito nacional tiran pocos votos. Unidas Podemos y Ciudadanos obtuvieron representación en todas las grandes ciudades de España. Es decir, sus votantes sí quedaron representados en el Congreso. Sus sufragios sí contribuyeron a ampliar su peso parlamentario y a establecer alianzas electorales.
La clave reside en las más pequeñas. Como hemos visto, se requiere de un sobresaliente volumen de voto para acceder a los escaños de Ávila o Salamanca. ¿Qué hacer entonces?
Supongamos que un elector conservador de Cuenca desea poner fin al gobierno socialista de Pedro Sánchez, pero no tiene claro a quién votar. La provincia entrega tres escaños al Congreso de los Diputados, de los cuales dos, tomando como referencia las encuestas nacionales, irían a parar al PSOE. ¿Cómo pueden evitarlo los conservadores conquenses? Concentrando sus votos en el principal partido de la derecha. Es decir, en el PP.
De lo contrario se puede dar una dolorosa paradoja: Ciudadanos y Vox, con un nada desdeñable porcentaje del 14% o el 12% de los votos, quedarían fuera del Congreso y habrían detraído sufragios al Partido Popular para arrebatar un escaño a Sánchez. Es lo que le ha sucedido a IU durante décadas. Sus votos en provincias pequeñas lastraban al PSOE y no le aseguraban representación alguna. Para muchos votantes indecisos, resultaba más útil unificar su apoyo en los socialistas.
En 2008, IU/ICV obtuvo más de 969.000 votos en toda España, pero tan sólo dos diputados, uno por Madrid (163.000) y otro por Barcelona (154.000). Es decir, las papeletas de 652.000 electores (el doble de las obtenidas por PNV, 6 escaños, y ERC, 3 escaños) se quedaron en el camino. No entregaron diputado alguno. Eso sí: de haber recaído en el PSOE no se habrían traducido necesariamente en más escaños para los socialistas; la distancia con el PP en muchas provincias era demasiado grande.
¿Tiene sentido votar así? No demasiado. El sistema de reparto de D'Hont es más complejo. Y la llamada al "voto útil" parte de un marco establecido históricamente en el que el PP lidera el espectro conservador. Ciudadanos y Vox pueden reclamar el voto útil para sí mismos, argumentando lo mismo que el PP. Desde el punto de vista de los bloques (de izquierdas o derechas), concentrar el voto en un partido tiene sentido (y sólo en circunscripciones pequeñas). Pero ese partido no tiene por qué ser el PP o el PSOE.
El voto útil no es un manual de uso para favorecer a uno u otro bloque, sino una estrategia electoral empleada por los grandes partidos para imponerse a su competencia. En la práctica, un voto es un voto. Y el mejor modo de hacerlo es a conciencia.
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