La trama del procés dio un giro inesperado hace dos días: el abogado de Carles Puigdemont, autor de la declaración de independencia que espoleó la aplicación del artículo 155 y objeto de los desvelos de la Audiencia Nacional desde su huida a Bélgica pocas horas después, había sufrido un registro en su casa. La causa no tenía nada que ver con la independencia de Cataluña, sino con la investigación judicial a otra ilustre figura de la historia de España: Sito Miñanco, acaso el narcotraficante más conocido de las últimas décadas. Sin que muchos hubieran caído en ello, su abogado y el de Puigdemont era el mismo.
Su nombre es Gonzalo Boye, y hoy acapara titulares, portadas y, en muchos casos, incredulidad. ¿En qué clase de línea temporal los destinos de Sito Miñanco, capo de la droga popularizado por Fariña, y Carles Puigdemont, némesis a la fuga del nacionalismo español, quedaban reunidos en la misma persona? Se trataba de una coincidencia sólo explicable por la divina gracia de un novelista en permanente estado de inspiración. Pero nada más lejos de la realidad. Tras la suma de ambos nombres tan sólo se esconde Boye, un hombre de controvertida y alucinada trayectoria judicial.
Una en la que ha unido causas muy recurridas por los medios de comunicación. Desde la defensa de una víctima de los atentados del 11 de marzo hasta su involucración en el proceso judicial contra Edward Snowden, pasando por Israel, Guantánamo, Tania Sánchez (ex-pareja de Pablo Iglesias y antaño figura clave de la izquierda española) y, cómo no, la banda terrorista ETA. Un racimo de nombres increíble. He aquí un pequeño resumen de su trayectoria, ahora culminada por Carles Puigdemont.
El origen de todo: ETA
Mucho antes de transformarse en uno de los abogados más polémicas de España, Gonzalo Boye pasó algunos años en prisión por participar en el secuestro de Emiliano Revilla, dueño de un emporio de chorizos y objeto de los intereses de ETA a mediados de los noventa. Por aquel entonces la organización terrorista utilizaba a empresarios de gran proyección y riquezas para financiar sus actividades. Los casos más célebres son los de Ortega Lara, Julio Iglesias y muy especialmente Miguel Ángel Blanco, pero no fueron los únicos. ETA fue la responsable de 86 secuestros entre 1970 y 1997, de los cuales diez fueron asesinados.
Puigdemont. (Christian Charisius/AP)
Revilla fue uno de ellos. Pasó 249 días cautivo en un sótano de Madrid, y lo hizo, en parte, gracias a la colaboración de Boye. Chileno de nacimiento, por aquel entonces se había trasladado a Europa y estaba conectado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, movimiento insurgente de larga trayectoria armada en el país latinoamericano. Boye habría fundado una empresa, Eco World, junto a otro simpatizante del MIR, René Valenzuela, y habría prestado sus servicios a ETA para preparar la logística y la infraestructura del secuestro. Una vez consumado, habría prestado su coche para tareas de vigilancia.
¿El beneficio? Como se explica en este estupendo reportaje de El Mundo, estimado entre los 500.000€ y los 3.000.000€. Pese a que siempre ha defendido su inocencia, fue condenado a catorce años de cárcel por participar en el secuestro, conocer el paradero de Revilla y colaborar en su cautiverio. Pasó la mayor parte de su condena estudiando Derecho por la UNED. Salió de la cárcel abogado.
El 11-M y su popularización
Tras cumplir su condena, Boye se estrenó como abogado en el juicio del 11-M, precisamente en servicio a una mujer chilena que había perdido a su marido en los atentados. Boye, sobrino de un diplomático al servicio del embajador de Chile en Madrid, se valió de su relativa buena posición social para iniciar su carrera en la abogacía. Aquel juicio fue el inicio de muchas otras causas, la mayoría de alto perfil mediático y enorme carga simbólica.
Boye, por ejemplo, representó al Centro Palestino para los Derechos Humanos contra el ex-ministro de defensa israelí, Binyamin Ben-Eliezer, por uno de los múltiples bombardeos realizados contra Gaza. Poco después se involucraría en una acción similar, abriendo una querella contra los asesores jurídicos de George W. Bush por el armazón legal que permitiría la detención y el traslado de prisioneros internacionales a la prisión de Guantánamo, objeto de toda suerte de controversias y polémicas desde el inicio de la Guerra contra el Terror. Ambas causas tocaban una fibra sensible de parte de la izquierda, y aseguraban visibilidad.
Otro caso similar fue el de Rodrigo Lanza, uno de los condenados por agredir en 2006 a un policía de Barcelona y dejarlo en estado vegetativo por el resto de su vida. Aquella causa, saldada con el encarcelamiento de varios activistas, fue descrita como un "montaje" por el documental Ciutat Morta, en el que Lanza y el resto de los sentenciados denunciaban las falsedades elaboradas por la policía y afirmaban su inocencia. Años después, Lanza sería detenido por la policía por el asesinato de un hombre en un bar de Zaragoza. Su entorno volvería a proclamar su inocencia y a apuntar a una mano negra policial.
De Snowden a Bárcenas y a Puigdemont
Entrada la siguiente década, Boye siguió frecuentando causas con una elevada carga política y simbólica. Representó al Observatori DESC de Barcelona en su particular querella contra Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular y ya perseguido por la justicia de ordinario; y también entabló contacto y relación con Edward Snowden, reclamado por la justicia estadounidense por revelación de secretos de estado. Snowden, una figura respetada en numerosos círculos por desvelar los mecanismos y las herramientas que emplean los gobiernos para vigilar a su población, hoy le defiende abiertamente.
Boye junto a Tania Sánchez. (GTRES)
Su última parada sería la de Carles Puigdemont, reclamado por la Audiencia Nacional por su participación en los hechos que precipitaron la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Al contrario que Oriol Junqueras y el resto de figuras destacadas del govern, Puigdemont optó por marcharse de España tan pronto como la logística se lo permitió. Al parecer, Boye, ya parte destacada de su defensa, fue quien recomendó su huida a Bélgica. El ex-presidente de la Generalitat lleva recluido allí dos años (con paradas en Dinamarca y Alemania, negativa de la justicia incluida a extraditarle por rebelión). Boye sigue siendo su abogado.
En el camino tuvo tiempo para fundar la revista Mongolia (semanario satírico del que se retiraría más adelante, sin que trascendieran las causas; hoy sus directores, catalanes, mantienen un nítido discurso anti-independentista) y de participar en la defensa de Tania Sánchez, ex-dirigente de Izquierda Unida y de Podemos, por un supuesto delito de tráfico de influencias. La causa quedaría en tierra de nadie y la denuncia sería archivada tras no hallarse indicios de delito.
El caso Sito Miñanco
A principios de esta semana la policía registraba tanto el despacho como el domicilio de Boye. En un primer momento, la noticia causó suspicacias: ¿una actuación policial y judicial contra el abogado del ex-presidente de la Generalitat bajo el que pende una nueva solicitud de extradición y una semana después de la sentencia culpable del Tribunal Supremo contra los políticos independentistas? Resultaba, sin embargo, que lo noticioso tenía poco que ver con Puigdemont o con el procés. Boye estaba en el ojo de la justicia por sus relaciones con Sito Miñanco.
Célebre narcotraficante gallego, Miñanco salió de la cárcel de Algeciras hace dos años. No tardó en regresar. Miñanco había seguido operando desde prisión un lucrativo negocio de tráfico de estupefacientes, y a su salida en semilibertad retomó sus labores allí donde las había dejado. Fue detenido en febrero de 2018 acusado de blanqueo de capitales. La Audiencia de Pontevedra decretó una pena de cuatro años de prisión y de seis millones de euros en concepto de multa. Aquel mismo año Boye se encargó su defensa, una más.
Miñanco en 2018. (GTRES)
La Audiencia Nacional sospecha ahora que el abogado colaboró en el delito, blanqueando parte de dinero a través de una estructura societaria. Según El Confidencial, la investigación está centrada en 889.000 euros que el abogado trató de recuperar tras su incautación por la policía un año antes. El montante habría aparecido en el equipaje de cinco ciudadanos colombianos a su llegada a Barajas, sospechosos de trabajar para Sito Miñanco. Boye también podría haberse reunido con miembros de la organización criminal en junio de 2017, incluyendo a la hija de Miñanco.
Por el momento no ha sido detenido, pero la investigación abierta por la Audiencia Nacional, y los registros en su domicilio y oficina, han vuelto a enfangar la causa judicial del procés. Puigdemont y otros antiguos clientes de Boye, como Snowden, entrevén en las pesquisas una forma de desestabilizar y desprestigiar a los políticos independentistas, una forma de ganar la batalla mediática por parte de las cloacas de Estado. La trayectoria de Boye, como hemos visto, es lo suficientemente convulsa y accidentada como para hacerlo por sí misma.
Imagen: GTRES
