Según las estimaciones previas, reparar Notre Dame iba a costar decenas de millones de euros. La factura inmediata sería de unos 40 millones, y un saneamiento más ambicioso estaba en torno a los 100. Era una cuantía enorme, más abultada que la de otras catedrales de similar tamaño, pero los particulares obstáculos de la arquitectura gótica y la singularidad de la obra hacían que la Dama de París fuese especialmente costosa.
Ahora, y según expertos restauradores, hablamos de varios centenares de millones de euros. Un proyecto que no verá su fin hasta por lo menos 2035, si no más tarde.
Pese a que aún no se conocen las causas del incendio, todo apunta a que estén "potencialmente vinculadas" a las obras de renovación del edificio.
De ser cierto, el incendio no tendría por qué estar relacionado con el pobre estado de la catedral, pero la catástrofe ha servido para que muchos viesen en el fuego de ayer una llamada de atención a la humanidad acerca de la fragilidad de su patrimonio histórico, obras de incalculable valor cultural, artístico y simbólico que permitimos que se erosionen hasta puntos preocupantes por nuestra indiferencia.
La separación Iglesia-Estado y el patrimonio como víctima indirecta
La ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905 hizo que la nación avanzase en su secularidad. Gracias a esa ley muchos edificios religiosos pasaron a ser propiedad del Estado y los gobiernos locales, sin haber mediado expropiaciones, aunque "poniendo tales edificios a disposición de las organizaciones religiosas sin costo para éstas siempre que esos edificios se usen con fines de culto". Notre Dame tiene el permiso para ser utilizado libremente por la archidiócesis católica de París.
Entre los puntos de la ley también se estipulaba el modelo de financiación de las reparaciones, que es indirecto. La organización religiosa asignada “tienen la facultad pero no la obligación” de sufragar el mantenimiento del edificio. Sí se les pide que apelen a diferentes posibles fuentes de financiación, amigos del patrimonio, entes privados y también el Estado.
La responsabilidad del Estado varía según el estado legal de los edificios (protegidos o no), el tamaño (todas las catedrales son suyas) y la naturaleza del trabajo (si es un simple mantenimiento o una campaña de recuperación).
Así, ocurría que el Ministerio de Cultura ofreció antes de 2017 dos millones de euros anuales durante una década para la restauración de esta catedral por la que pasan 13 millones de turistas al año, pero esos millones eran una simple inyección para las obras de mantenimiento más inmediatas, muy insuficientes de las que Notre Dame necesitaba.
La falta de presupuesto podría tener otros trastornos adicionales. Dada la escasez de recursos y la urgencia de algunas reparaciones, se utiliza el dinero a modo de parches temporales que pueden erosionar el patrimonio final y causar trastornos estructurales o de rigor arquitectónico en el futuro.
Contaba Philippe Villeneuve, el principal arquitecto a cargo de la renovación de la catedral, que varias gárgolas, que funcionaban como evacuadoras del agua de lluvia, habían caído y habían sido reemplazadas por tuberías de PVC. También que algunos pináculos se sostenían por vigas y correas, que la mampostería desprendida se guardaba y sustituía por otros materiales…
Otro problema de este tipo de estructuras: el deterioro es potencial, de manera que a mayores desperfectos de los materiales, más fácil es que otras piezas también quiebren.
Por otra parte, el presupuesto estatal francés para el mantenimiento del patrimonio religioso ha caído en picado en los últimos 15 años a nivel local y estatal. Macron sugirió que el Estado francés cobrase a los visitantes por la entrada a catedrales como Notre Dame, cosa que no hace en la actualidad (y que sí hace Gran Bretaña), pero fue una propuesta que causó gran escarnio público.
Mientras tanto, la recaudación de fondos de forma privada, por su naturaleza voluntaria, está sujeta a los caprichos momentáneos de aquellos que podrían financiar las obras, y no aseguran por completo el futuro de las obras.
La financiación en el resto de Europa
En España el grueso de los bienes eclesiásticos, incluida más de una treintena de catedrales o la mitad de los cementerios del país, los inscribió la Iglesia gracias a una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1944. A diferencia de los principales países europeos, aquí tanto propiedad como uso recae en la misma figura religiosa. España aporta, a través de subvenciones directas o indirectas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales a la Iglesia católica.
Sin embargo, tanto el Plan Nacional de Catedrales de 1979 y el Plan de Abadías, Monasterios y Conventos de 1997 hace que sean las arcas públicas las que financien el grueso de la conservación, iluminación y restauración de las obras más importantes, como las catedrales.
A parte de las dotaciones a la Iglesia, hemos aportado al menos otros 500 millones de euros las restauraciones de centenares de templos, aunque la cifra no ha sido suficiente. En ocasiones la Iglesia ha recurrido a la ayuda de fondos privados, con cierta polémica, ya que utiliza esa financiación privada para, después, justificar el cobro de entradas a templos.
Nuestro modelo es muy similar al italiano, con la diferencia de que en aquel país la Iglesia Católica recibe, además, un pago directo y obligatorio vía impuestos.
En Irlanda y Reino Unido la Iglesia no tiene dotación presupuestaria estatal directa pero mantiene la propiedad de muchas iglesias, incluidas las principales catedrales. El Gobierno sólo destina fondos públicos al "mantenimiento y conservación de los edificios de interés artístico", es decir, algunas de las obras con mayor carga de patrimonio histórico, y en esos casos se aseguran una parte de la explotación económica del recinto. Como en Francia, los expertos aseguran que el dinero dedicado a la restauración es insuficiente.
A diferencia de Francia, para la mayoría del resto de países de Europa el mantenimiento está más claramente fundado por los Estados. Pese a que en Portugal, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda y Holanda un porcentaje importante de los principales enclaves religiosos del país han pasado a ser propiedad del Estados, estos siguen garantizando más fondos extraordinarios, muchos de ellos vinculados a la Unesco. Sus discusiones no van tanto en el camino de la responsabilidad de la financiación y el mantenimiento de las obras como en la futura secularidad y reutilización para otros fines colectivos.
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