La Renta Básica Universal vuelve a debate por el coronavirus: algunos países ya estudian implementarla

Andrew Yang, uno de los candidatos (ya desmarcado) para las primarias del Partido Demócrata estadounidense y que hizo de la renta básica su propuesta central, decía lo siguiente el otro día en Twitter: “debería haber estado hablando de pandemia en vez de de automatización del trabajo”. Sí, en tiempos de crisis sanitaria y económica global, la renta básica está viviendo un impulso ideológico impensable apenas unos meses atrás.

“Tiene que actuar el Estado”: Luis de Guindos, ex dirigente de Lehman Brothers, exministro de Economía en tiempos de Mariano Rajoy y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) habló públicamente en La Sexta de la necesidad de instaurar esta medida. Hace falta una "renta mínima de emergencia", transitoria mientras dure esta situación, en su opinión, “para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social”. Lo dice el mismo ministro que estuvo al frente de distintas medidas de austeridad que supusieron un recorte público total del 8% del PIB español en menos de una década.

El plan de Estados Unidos: Trump, ex empresario y presidente por el Partido Republicano, también ha encontrado en una suerte de renta básica la solución a la pandemia. El proyecto de ley presentado en el Senado por su gabinete, una inyección de un billón de dólares, contempla amplios rescates a empresas de todo tamaño, obligar a la empresas supeditar su producción a la fabricación de equipos y materiales sanitarios usables por el Estado y unas transferencias personales de 1.200 dólares (variables según nivel de renta e hijos a cargo) de urgencia para la próxima semana, repetible dentro de otras tres semanas si la crisis continúa y ampliable si la situación persiste en un mes y medio.

El proyecto ha quedado suspendido porque, de hecho, los demócratas han votado en contra por considerarlo insuficiente dada la magnitud de la emergencia.

También en Hong Kong: bajo el gobierno actual de la dirigente pro-china Carrie Lam el territorio decretó el mes pasado un pago único a todos sus ciudadanos de 10.000 dólares HK (alrededor de 1.140 euros) per cápita. Una medida que es, para los opositores, insuficiente y mal dirigida: en un país con una altísima renta per cápita y unas enormes diferencias de ingresos entre los más acaudalados y las clases bajas, esa universalidad en el cobro se siente como una injusticia distributiva.

“RBU(C) Ya”: los diarios y expertos económicos también claman por esta medida. Daniel Susskind para el liberal Financial Times animaba al gobierno británico a que, para que nadie se quede tirado durante la crisis, implante ya mismo una renta de 1.000 libras al mes por ciudadano. Cuentan que, aunque siempre habían mirado esta propuesta con escepticismo, los tiempos actuales urgen de esta solución, una que ayudará a las clases más desfavorecidas y que sale reforzada frente a otros encajes de ayudas por su sencillez: “si el pico de la crisis llega en las próximas semanas podemos hacer esta transferencia rápidamente; en estos tiempos la presteza es una ventaja que no debemos subestimar”.

Además, esta “renta básica universal de cuarentena”, como ya la están llamando, induciría a otros ahorros en el campo de la salud (muchos trabajadores contagiados no irían a trabajar), prevención de la delincuencia y otros tantos costes indirectos.

De la austeridad al keynesianismo: la respuesta económica frente al COVID-19 está siendo heterogénea en todos los países, pero sorprende la hondura de protecciones sociales que están llevando los políticos de distinto signo, incluidos aquellos con gobernantes conservadores. En ese sentido, la declaración de Ursula von der Leyen, la jefa del Ejecutivo comunitario de la UE, de que se suspende la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que los Estados hagan todo lo que esté en su mano para poner freno al virus, apunta a un futuro con recetas económicas muy distintas a las vistas hasta ahora. La rumorología habla de prohibición de despidos (ya vigente en Italia), eurobonos e incluso el cierre temporal de la Bolsa.