La Seguridad Social está en quiebra, ¿y ahora qué? Así plantean empresas y políticos solucionarlo

La publicación de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado económico de la Tesorería General de la Seguridad Social causó hace un año una alarma generalizada entre las élites políticas y financieras. ¿Tan oscuro es el futuro del sistema de pensiones? El ente público ha perdido €100.000 millones entre 2010 y 2017, y las cuentas de 2019 arrojaban un patrimonio neto negativo de 13.720 millones. Mal augurio.

Era la primera vez que la TGSS entraba en "números rojos", pero no porque sea el primer año con esas brutales pérdidas (en realidad la Seguridad Social ha ido obteniendo saldos negativos anuales de unos 14.000 millones de euros en la última década), sino por un fallo en las previsiones de ingresos de 2018 y a que ya se ha finiquitado del todo el Fondo de Reserva.

Un mensaje ha calado desde entonces para explicar la situación de las arcas públicas: "quiebra técnica". De ahí que el propio Tribunal de Cuentas se viera obligado a emitir un comunicado bajando los humos. No hay por qué alarmarse, el Estado no va a dejar de pagar las pensiones mañana porque la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada.

Eso sí, se trata de una cuestión grave y urgente. La postura del Tribunal desde entonces ha sido consistente: sugiere que el Gobierno de "financiación estatal" mediante "transferencias a la Administración General del Estado", es decir, recortando gastos de otras partidas internas.

Lo que no es recomendable, advierten, es más préstamos. Tanto Rajoy como Sánchez han pedido préstamos en los tres últimos años, haciendo que la deuda pase de los €20.000 millones que ha tenido de forma sostenida en las últimas dos décadas a los €40.000 millones al término de 2019, lo que no soluciona el conflicto de fondo y agrava el necesario saneamiento estructural. Aquí van algunas claves del problema.

Cómo funciona la Seguridad Social

Para quien no lo conozca, la Tesorería General de la Seguridad Social es un ente público con personalidad jurídica propia. Sus gastos son, principalmente, pensiones (contributivas y no contributivas), bajas por enfermedad y maternidad e incapacidad e invalidez en el trabajo.

Sus ingresos proceden de los Presupuestos Generales, y derivan del IRP de personas y empresas y del dinero para bajas de las mutuas. Entre sus gastos también está el mantenimiento de este mismo organismo, y una parte de ingresos procede directamente de ingresos patrimoniales y financieros de los recursos de este ente público.

Es decir, y por resumirlo mucho, la Seguridad Social paga pensiones y bajas y su financiación viene a cargo de las cotizaciones en la seguridad social y vía Presupuestos del Estado. El famoso Pacto de Toledo estableció que se establecieran estas fuentes de financiación para estos gastos sociales, y buscaban garantizar una jubilación digna.

¿Pero qué ha pasado durante el último lustro, cuando España ha ido bien y los números de la Seguridad Social han seguido siendo calamitosos? Los datos de empleo habían mejorado sustancialmente durante la primera mitad de 2019, hasta que el inicio de una incipiente crisis económica a principios de este año (y el coronavirus después) han desbaratado todas las predicciones.

España ha pasado cinco años creando empleo y sacando a población del paro. ¿Qué ha ocurrido entonces? Muy sencillo. Por un lado cada vez hay más pensionistas, con pensiones más cuantiosas, y va a ir a más con la llegada a la edad dorada de los baby boomers. Segundo: nuestro empleo es parcial, temporal y de mala calidad, lo que hace que las cotizaciones de la ciudadanía sean inferiores a las que teníamos antes de la crisis.

Lo que el Gobierno dice que ha hecho y hará

Como comentábamos, el informe refleja la mala evolución del sistema durante una década y hasta 2017, antes de la llegada del PSOE. A eso se aferran los socialistas para afirmar que los informes del Tribunal de Cuentas de 2018 y 2019 serán más positivos por medidas del nuevo Gobierno.

Según ellos, la subida del salario mínimo a 900 "ha supuesto un alza del 22,3% en las bases mínimas de cotización", lo que se valoraría en miles de millones extra, aunque aún no hay informes claros sobre los efectos de la subida en la economía. El PSOE también subió un 7% en las bases máximas de cotización, y estiman que aportará "algo más de 1.100 millones por ejercicio". El incremento del 11% en cotizaciones vía creación de empleo también podrá tener unos modestos efectos.

En el terreno futuro, aseguran que la Seguridad Social podría ingresar otros €3.500 millones con más creación de empleo, aunque es el tipo de previsión con peores resultados que los previstos (por ejemplo, las cotizaciones sociales crecieron un decepcionante 2,8%, frente al 6,7% presupuestado por el Gobierno de Rajoy en 2015).

También se ha comprometido a implantar la Tasa Tobin a las transacciones financieras y un tributo específico sobre los beneficios de la banca del 8% que aportarían, según ellos, €2.745 millones más, aunque no están claros los efectos económicos negativos de estas tasas. Todo ello, en el escenario más optimista, supondría una inyección de €9.000 millones al año... Para una hucha que está perdiendo unos €18.000 millones anuales. Todo ello sin computar la crisis económica a lo que nos abocamos.

Las cuentas, en suma, no salen.

Lo que proponen otros partidos y empresas

Como ya comentamos, el debate sobre el Pacto de Toledo y las pensiones iba a ser el gran problema electoral del actual ejercicio. Sobre la seguridad en la calidad y crecimiento de las pensiones, PSOE, Podemos se comprometen a "blindarlas" y el PP promete ir revalorizándolas sin blindaje. De distintas maneras PP, Ciudadanos y VOX están hablando de crear encajes en los que se impulsen las pensiones privadas.

Los partidos de izquierdas buscan ampliar y mejorar las pensiones cubriendo esa financiación por otras vías, mayormente más presión fiscal a empresas y rentas altas (como por ejemplo subir el salario mínimo que comentábamos al principio). Los de derechas apuestan por crear medidas de impulso a la natalidad.

El BBVA Research, por su parte, propone un pack combinado. No derogar las reformas de (jubilación a los 67, desvincular las subidas de las pensiones al IPC), vincular la pensión mínima a la evolución de la economía, aumentar productividad, empleo y salarios, eliminar las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, promover una mayor apertura a planes privados y, sobre todo, transicionar del modelo actual a uno de cuentas individuales, donde cada cotizante se financia su propia pensión.

Fedea también pide una transición a un sistema de cuentas individuales, elevar la edad mínima de jubilación a los 63 años, establecer un factor de proporcionalidad entre la pensión y las cotizaciones efectivamente realizadas  y ampliar el número de años necesarios para obtener la pensión completa.  Por su parte, el economista Ignacio Conde Ruiz para Nada es Gratis pide  introducir el Factor de Equidad Intergeneracional (un cambio de cálculo que depende de los cambios en la esperanza de vida) y un nuevo sistema de indexación por la que la revalorización de las pensiones depende de la evolución de la economía.