Pocos conflictos en la historia de Argentina han agotado tantos cartuchos de tinta impresa como la Guerra de las Malvinas. Durante la primavera de 1982, el país sudamericano tomaba las islas, en pleno Atlántico Sur, y provocaba la intervención de la Armada Británica, garante de la soberanía del Reino Unido en sus dominios territoriales. La batalla fue corta y llegó a su fin, con rotunda victoria británica, el 14 de junio de 1982. Desde entonces, las Malvinas han formado parte del Reino Unido, pero el conflicto, latente, nunca se ha apagado del todo.
Menos aún ayer, cuando la ONU, en una decisión cuyas consecuencias a corto y largo plazo se prevén de amplio calado internacional, ha resuelto que el archipiélago queda rodeado por los límites soberanos de Argentina, tras expandir sustancialmente las aguas territoriales del país latinoamericano. Lejos de ser una mera formalidad, Naciones Unidas ha vuelto a poner encima de la mesa una disputa que se remonta a los albores del siglo XX y que, desde sus cruentas consecuencias a principios de los ochenta, con más de un millar de muertos, ha moldeado el carácter nacional y la identidad de Argentina.
¿Qué ha sucedido exactamente? En concreto, que la Comisión de los Límites de las Plataformas Continentales ha dado la razón a Argentina en relación a sus reivindicaciones territoriales. En 2009, el gobierno argentino envió un informe a la ONU argumentando por qué sus límites marítimos debían pasar de los actuales 320 kilómetros (desde su costa) hasta los 560 kilómetros. Siete años después, Naciones Unidas ha dado su respuesta, y ha sido afirmativa. Ahora, el mapa marítimo de Argentina engloba un archipiélago que, de facto, forma parte de Reino Unido (engloba, no incluye: la resolución de la ONU rodea al territorio emergido de las Malvinas, no a las islas en sí, sobre el que no se pronuncia).
O no exactamente. Las islas son consideradas por la propia ONU como un territorio no autónomo administrado por el Reino Unido, y han sido incluidas en el listado del Comité Especial de Descolonización desde el fin de la guerra. A nivel oficial, la soberanía de las islas sigue en disputa, pero la resolución adoptada por la comisión de Naciones Unidas no hace sino avivar las diferencias entre ambos países. Es improbable que Reino Unido, que ya ha manifestado su desacuerdo, acepte de buen grado, por más mediación de la ONU que se interponga: hay en juego algo más que miles de kilómetros cuadrados de agua.
El crudo, el verdadero quid de la cuestión
Y es el petróleo. Al margen del carácter simbólico de las islas, cuya naturaleza no entra en juego aquí, Argentina ha ganado un 35% de masa continental, superando de este modo el millón de kilómetros cuadrados soberanos en el Atlántico Sur. Eso, además de una rotunda victoria en términos identitarios, implica acceder a los vastos recursos del lecho marino que rodea al archipiélago. Son notables, y llevan siendo explorados para su explotación, desde finales de los noventa, por un amplio abanico de empresas especializadas, como Premier Oil.
Hasta el momento, han afrontado numerosas trabas por parte del gobierno argentino, interesado también en los posibles recursos a obtener del lecho marino que rodea a las Malvinas. Como recordaba The Economist hace dos años, la posibilidad de obtener amplios recursos derivados de una política fiscal independiente, al margen del Reino Unido, hace que el gobierno de las Malvinas observe con golosos ojos su territorio colindante. Sin embargo, la resolución de hoy de la ONU ofrece amparo legal a Argentina, al menos sobre el papel, para vetar futuras exploraciones al margen de su consentimiento. Sea como fuere, son planes a futuro: se requiere de una alta inversión para comenzar a bombear crudo a la superficie.
Es evidente que esto tendrá consecuencias sobre la economía de las islas, y también sobre la de ambos países. Las acciones de las empresas exploradores británicas han caído, como consecuencia lógica. Y los habitantes de las Malvinas, ciudadanos británicos y más de 3.000, observan con preopcupación el desarrollo de los acontecimientos, como relata la BBC. En todo caso, el informe de la comisión de Naciones Unidas tiene carácter recomendatorio, y no vinculante. En eso se basa el gobierno británico para restar importancia a su decisión, recordando que el deseo expreso de la abrumadora mayoría de los vecinos de las Malvinas desean seguir siendo una región no autónoma del Reino Unido.
Sin embargo, la resolución de la ONU no trata de esta última cuestión, pese al recordatorio insistente del Foreing Office. Hay otros argumentos a favor del Reino Unido: desde un punto de vista científico, como se explica en The Conversation, el país británico podría (y así lo hizo en su momento) reivindicar exactamente la misma porción de suelo marítimo que Argentina, siguiendo el mismo razonamiento argüido por la comisión de lechos martítimos para dar la razón al país argentino. En perspectiva, además, ambas reclamaciones también se enmarcan dentro de la disputa por los recursos de la Antártida, y la solución final podría optar por el mismo camino: compartir la extensión de las aguas territoriales.
De nuevo, hay pocos elementos claros que permitan entrever una resolución de la disputa. Pero esa misma es la naturaleza histórica del conflicto de las Malvinas, resuelto en última instancia con una guerra. Este último episodio no añade sino incertidumbre y nuevos fogonazos de conflictos diplomáticos entre ambos países, en el contexto de la lucha por los previsiblemente ricos recursos de su lecho marino. Pero está lejos de haber finalizado.
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