La Comisión Nacional del Mercado de Valores amanecía con una importante noticia para el mundo de los medios de comunicación: el grupo PRISA tiene aprobado, a falta de algunos flecos, deshacerse del negocio de educación en nuestro país, vendiéndole Santillana España a la finlandesa Sanoma por 465 millones de euros. Además ha conseguido refinanciar su gigantesca deuda, 1.148 millones de euros, para ampliar el calendario de pagos hasta 2025, tres años más de lo previsto. De lo ganado por la histórica venta, 400 millones irán directos a tapar el agujero.
España, no el mundo: PRISA se deshace de la versión española como había hecho un año antes de la división estadounidense, pero mantiene en propiedad todas las sucursales latinoamericanas, donde Santillana tiene presencia en todos los países de este continente. Santillana es su joya de la corona, 616.000 millones de euros en ingresos en 2019 cuando el conjunto del grupo generó 1.096.000 sumando todos sus departamentos. De esos 616.000, 129.000 fueron generados por Santillana España y 482.000 por Latinoamérica.
¿Por qué deshacerse de su pieza más preciada? Al margen de los ingresos que se generan, es su división más poderosa, el mascarón de proa y músculo de liquidez desde los tiempos de Jesús Polanco. Además, todo parece indicar que sería el sector en el que invertir, su propia memoria interna indica que, si los ingresos de explotación de Educación crecieron un 7.7% anual en 2018, los de Radio caían un -4.8%, Prensa un -4.7% y Media Capital, filial portuguesa, se dejaba -9.2%. Y eso con cifras de hace dos años, cuando la cosa estaba mal pero no a niveles Covid, que han herido gravemente a buena parte del sector editorial en todo el país. Por seguir con PRISA, si sus títulos cotizaban a 1.43 euros en bolsa en octubre de 2019, hoy han estado en 42 céntimos.
Fragmento del informe de cuentas anual de PRISA 2019 auditado por Deloitte.
Primero, por la urgente necesidad de pagar su deuda, como es lógico. Pero también como respuesta al plan de reorganización que vive la empresa dentro de una lucha interna por el poder y el futuro de PRISA. A los dos lados del ring Amber Capital, que ostenta más del 30% de la compañía y casi el mismo porcentaje en derechos de voto, y al otro Javier Monzón, su presidente no ejecutivo sin apenas participaciones. Amber cuenta con el apoyo de HSBC, el siguiente accionista más importante con un 9% del derecho a voto, y después vendría Telefónica, con otro 9% y que sólo busca, según cuentan, salir del fondo cuando el precio sea bueno. Amber querría contar con más poder, pero para hacerlo ya tendría que lanzar una opa.
En este contexto es Amber, con el respaldo de los bancos que ostentan su deuda, quien está intentando que PRISA fragmente los negocios de educación y medios de comunicación en dos partes distintas para que la parte más próspera “deje de asumir el riesgo reputacional y financiero que supone el negocio editorial”, según fuentes de El Economista. En el año y medio que Monzón lleva al frente no sólo no cumplió ninguno de los objetivos previstos, sino que, al no pagar en fecha uno de los pagos de deuda en abril, hizo que a la larga se encarecieran aún más sus millonarias mensualidades.
Así, con el anuncio de hoy se certifica que el plan de Amber va viento en popa. Ahora la división mediática del poderoso grupo se presenta aún más débil para sus accionistas.
