Allí donde los test rápidos de autodetección de coronavirus están llegando, los políticos locales se están planteando cómo puede adherirse esta herramienta al día a día para hacer los entornos más seguros. Una capa de seguridad añadida que, aunque estemos ya en los estertores de la pandemia, salvará aún más vidas.
Pruebas rutinarias. En Alemania, tanto el Ministro Federal de Trabajo, Hubertus Heil, como el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, han anunciado un plan para obligar a las empresas a nivel nacional el ofrecimiento de pruebas de autodiagnóstico para cada empleado. Fuentes del entorno de su partido (SPD) dentro de la coalición de gobierno han puntualizado que una única prueba semanal no será suficiente. El precio de estos kits va de los 2€ a los 10€ en los diferentes países europeos (varía mucho según número de proveedores, capacidad de producción y suministro de la región), suponiendo un precio medio por prueba de unos 5€.
Todo esto es, de momento, el punto de partida de una negociación. El ministro de Economía, Peter Altmaier, que es de la parte de la CDU, defiende que los autotests deben seguir siendo voluntarios para las empresas (que han mostrado su oposición a la nueva propuesta del partido socialista).
Lo habitual. En realidad en Alemania ya se están haciendo muchas pruebas en los centros de trabajo. Según Scholz, una encuesta encargada por el gobierno evidenció que el 61% de los empleados del país reciben de su empleador la posibilidad de hacerse pruebas de covid "con regularidad", signifique lo que signifique. Esto entra en contradicción con los datos de su ministerio, según el cual los empleados que reciben pruebas "regulares" son entre el 20% y el 40%, como denuncian también los sindicatos.
Las empresas alemanas, como otros territorios, también han ido relajando la obligatoriedad del teletrabajo y, aunque las cifras epidemiológicas no son lo suficientemente buenas, ahora acude a las oficinas más gente que antes del comienzo de la segunda ola. Tanto la CDU como el SPD están de acuerdo en que sería idóneo que el 90% de los trabajadores presenciales se expusiera a esta medida de forma rutinaria y ambos partidos creen que tienen margen para conseguirlo en los próximos meses. Una idea cotejada, por ejemplo, es subvencionar estas pruebas para las PYMEs.
Profesores en Francia y Luxemburgo. Sobre esta misma cuestión, Francia ha anunciado que irá poco a poco incorporando un doble testeo semanal rápido gratuito para profesores de primaria (que están descontentos por los retrasos en su campaña de vacunación) y después sumarán profesores de secundaria y alumnos de primaria y secundaria, con la idea de tener todos los protocolos activos para finales de junio (sí, paradójicamente coincidiendo con el arranque de las vacaciones). Francia aprobó el uso de estos tests de autodiagnóstico la semana pasada. En Luxemburgo ya se aplica así y no sólo para profesores, también para cuidadores de residencias.
Otros ejemplos. En Reino Unido llevan algo más de tiempo con esto y ya se aplica en los centros educativos, pero uno de los países más afectados por el virus ha ido un paso más allá en su política de defensa de estos tests y ha anunciado que ofrecerá dos de ellos de forma gratuita para cada ciudadano a partir de hoy, a recoger en centros de trabajo, farmacias y más. Según estimaciones de su gobierno, esta medida tendría un coste aproximado de €42.000 millones si lo mantienen durante los próximos dos años.
Y el impacto sería "poco claro". Estas pruebas, como hemos visto, tienen un nivel de fiabilidad entre el 80% y el 90%, pero el ejecutivo considera que, pese a ello, su capacidad de detención de los asintomáticos sigue siendo útil a nivel macrosanitario.
Enormes problemas éticos y prácticos. En todos los países citados la conducción de estas pruebas es por el momento voluntaria y el sujeto puede negarse a que se la practiquen. De ser obligatorias podrían suponer una vulneración de sus derechos sanitarios (salvo aquellas regiones que hayan legislado leyes de protección covid, como ocurre en ciertos estados federales alemanes) y los tribunales constitucionales acabarían dándole la razón al trabajador o estudiante renegado. Con estos tests nadie está obligado a reportar su positivo, y además el resultado no es jurídicamente válido, siendo casi siempre necesaria una PCR que tendrían que hacerse posteriormente, con lo que se trata de herramientas en un limbo jurídico que dependen de la buena intención de los sujetos.
¿Y en España? Aunque Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria, Holanda, Francia y Portugal ya han aprobado el uso y la venta general de estos productos, vendiéndose en el Lidl o en el Carrefour y agotándose sus unidades por la demanda de los ciudadanos, España aún sigue restringiéndolos apoyándose en informes como el del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, según el cual dichos tests "no son útiles en el caso de que exista sospecha de infección".
Imagen: Clara Margais/DPA
