Tienes un gran jardín, paga más por el agua: Madrid quiere revisar sus tarifas para evitar "consumos suntuosos"

Madrid, ante el desafío de garantizar el suministro de una población creciente y sin nuevas fuentes de agua

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Madrid quiere un uso más responsable de su agua. Y ya tiene una estrategia para lograrlo: apuntar a la cartera de aquellos vecinos que abren los grifos para usos "suntuosos". Conscientes del reto que supone atender una población al alza con unos recursos limitados, el Canal de Isabel II ha decidido revisar este año su tabla de tarifas máximas. Su objetivo es muy sencillo: lograr “un consumo más responsable y eficiente” y prepararse de paso para sequías como la que está azotando a buena parte de Cataluña.

De momento el organismo solo ha aportado una memoria justificativa, un documento muy simple, de tres páginas, en el que desliza sus intenciones y argumentos. El mensaje que se desprende es sin embargo muy claro: si tienes un gran jardín y quieres regarlo tendrás que rascarte un poco más el bolsillo.

Revisando las tarifas. La noticia no es del todo nueva. En diciembre el Canal de Isabel II avanzaba ya que, aunque 2024 iba a arrancar con el precio del agua congelada, su intención era modificar la estructura tarifaria. "El propósito es incrementar su progresividad y fomentar así un uso más eficiente del agua", argumentaba el organismo. Su planteamiento debía pasar aún a la Comunidad de Madrid para iniciar la tramitación y no se esperaba que la nueva estructura de pecios estuviera lista hasta marzo. La idea de fondo: que quienes consumen mucho paguen más. La empresa publicaba lleva once años sin subir sus tarifas del agua.

Pero… ¿Qué pretende? La idea es "perfeccionar" la estructura tarifaria recogida en un decreto de 2018, un documento en el que se regulan los precios máximos que se cobran por diferentes servicios relacionados con el agua, como la aducción, distribución, alcantarillado, depuración o reutilización. Que se quiera revisar ahora responde —según la memoria de la Consejería de Medio Ambiente— al deseo de "fomentar el uso responsable" del suministro y "su consumo eficiente". Tras los cambios el organismo garantizaque la tabla de tarifas será “justa y equitativa”.

"El proyecto pretende fomentar una mayor progresividad", ahonda el documento, que aclara que para lograrlo se "actualizarán" los coeficientes variables de las tarifas para el uso doméstico —entre otros, como los riegos públicos— y reducirán los límites de los bloques de consumo. Con los cambios el órgano regional pretende lograr un sistema más ajustado a los usuarios y sobre todo que "premie el consumo responsable y desincentive el excesivo".

La encrucijada del agua. Con el cambio, Madrid quiere prepararse ante un escenario complejo en el que se combinan tres grandes desafíos que pueden comprometer el suministro. El primero es el riesgo de que una sequía prolongada como la que ahora castiga a Barcelona pueda vaciar sus embalses. El segundo, que la región no lo tiene sencillo a la hora de dotarse de más fuentes de agua.

"La búsqueda de nuevas fuentes de suministro convencionales (presas, trasvases o pozos) ha llegado a un límite tal que no es posible aumentar de manera significativa los recursos convencionales para abastecer una población creciente", argumenta. La alternativa es el agua regenerada, aunque la consejería cree que a corto plazo su aumento será "marginal".

Habría aún un tercer factor crucial, que afecta de forma directa a la capacidad de suministro. No se trata ya de que llueva menos o de que se reduzcan las opciones de lograr más agua; es que todo indica que la demanda crecerá con el paso del tiempo. El organismo cita cálculos del INE que muestran que durante los próximos 15 años Madrid ganará más de un millón de habitantes, lo que le hará pasar de 6,7 a 7,8 millones. Eso, razona, "supondrá un incremento sustancial en las necesidades de agua apta para consumo".

133 litros por habitante. El organismo no se limita a desgranar argumentos o proyecciones de futuro. En su memoria avanza también algunas cifras importantes, como los límites de consumo fijados por habitante y día. Si el actual para las familias es de 25 metros cúbicos, lo que equivale a 167 l por persona y jornada, su propósito es bajarlo hasta establecerlo en 133 l. El cambio es importante. En el decreto de 2018 puede verse cómo cada bloque de consumo implica un coste distinto: por los primeros 25 m3 se paga cierta cantidad que sube ligeramente para los siguientes 25 m3 y se encarece aún más para quienes superan incluso esa franja.

En la memoria publicada por la Consejería de Medio Ambiente se recuerda que la OMS calcula que, para cubrir sus "necesidades básicas", una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua cada 24 horas. "La propuesta supone garantizar 133 l/habitante/día, cantidad aún muy por encima de los 100 l considerados como cantidad óptima por la Organización Mundial de la Salud", argumenta.

Usos "suntuosos". El texto no ahonda en detalles, pero desliza una frase reveladora. "El proyecto modifica los límites de los bloques actuales, crea uno nuevo de consumo y actualiza los importes de los coeficientes variables de las tarifas máximas con el fin de incentivar el ahorro y evitar los consumos ineficientes o suntuosos como son los riegos". Esa última coletilla ya ha llevado a El País a señalar que los cambios de tarifas supondrán probablemente que quienes tengan grandes jardines paguen más.

“Un consumo doméstico de 100 litros/habitante/día puede considerarse razonable e indicativo de un consumo responsable en viviendas —apostillan desde la entidad madrileña—. El consumo que excede esta cantidad se dedica fundamentalmente a usos exteriores, como riegos y piscinas, no esenciales, y podría reducirse en cierto porcentaje adoptando medidas de ahorro y eficiencia".

El debate, servido. El cambio en las tarifas ha caldeado ya el debate político. En la Asamblea regional Vox ha tachado el argumentario de "eufemismos" y denuncia que el objetivo es "esconder lo que al final es una subida de los precios del agua para los usuarios". "¿Si no hay problemas de sequía, por qué hay que penalizar el consumo?", insiste su diputado Íñigo Henríquez de Luna. Desde el Canal de Isabel II no lo ven así y su consejero delegado, Mariano González, asegura que los ajustes incluso pueden provocar el fenómeno opuesto: una pérdida de ingresos. En cualquier caso, matiza, el impacto del cambio en las tarifas.

"Salvo los que tengan un gran jardín, los madrileños en bloque 1, consumo doméstico, cerca del 60% de la población, no van a tener ninguna actualización de tarifa", aseguró en declaraciones recogidas por El País. El cambio lo experimentarán otros, aquellos con consumos mayores.

Desde el PSOE se ha censurado también a quiénes afectarán los ajustes de los bloques de consumo. "No tiene sentido, o al menos exige una clara y rápida explicación, dejar fuera de la ecuación los usos comerciales, asimilados a comercial e industriales, más cuando llevamos 10 años con tarifas congeladas".

Imagen | Manuel M. V. (Flickr)

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