Portugal despenalizó el consumo de drogas en 2001. Su uso y tenencia siguen estando prohibidos, pero estos ya no son un delito sino una falta administrativa. En otras palabras: consumir drogas es ilegal, pero los infractores pagan una multa o se apuntan a un programa de ayuda en lugar de ir a la cárcel. La estrategia tiene como objetivo reservar la prisión para los traficantes y la terapia para los drogadictos.
Más de tres lustros después, los resultados han acallado a los escépticos. El consumo no se ha disparado, pero se ha mejorado mucho en programas de ayuda social, prevención y tratamiento. Todo gracias al padre de la política de drogas portuguesa, el director general del Servicio de Intervención en los Comportamientos Adictivos y las Dependencias (SICAD) del Ministerio de Salud, João Goulão.
La Directora del Programa de Políticas Globales sobre Drogas de la Fundación Open Society, Kasia Malinowska, ha estudiado a fondo el caso luso. En su informe Políticas sobre drogas en Portugal analiza la clave de su éxito. Este, adelantamos, no depende tanto de las leyes como del fuerte apoyo estatal y el cambio de mentalidad. El pragmatismo de Goulão puede resumirse así: no se puede acabar con las drogas, así que al menos reduzcamos el daño que hacen.
Malinowska explica a Magnet que el cambio legal se llevó a cabo entre todos los sectores del Gobierno, con varios ministerios implicados. "Fue algo muy deliberado, no un proceso ad hoc o parcial como a menudo ocurre en otros países". Porque si solo se despenalizaba el consumo de estupefacientes todo sería inútil. Había que poner en marcha los mecanismos sociales de apoyo al ciudadano que fueran necesarios.
"Durante estas discusiones se hicieron acuerdos y compromisos que convirtieron la despenalización en algo viable. Esto permitió un despliegue reflexivo e incluyó la expansión del tratamiento y la reducción de daños, incluida la ampliación del acceso a la metadona", continúa Malinowska. Todo esto ha facilitado, en su opinión, que el proyecto no haya sido puesto en duda en casi dos décadas y haya sobrevivido a los cambios de gobierno.
La transformación también fue cultural. Como explica Susana Ferreira en su artículo de The Guardian, las drogas y los adictos empezaron a ser vistos de otra forma. Estos ya no eran yonquis y criminales, sino enfermos que sufrían una adicción.
En 2001 el 1% de los portugueses sufría de adicción a la heroína. Hoy ese porcentaje se ha reducido a menos de la mitad: 0,3 %, según los últimos datos de 2016. En España, aunque la alerta y alarma social se mantengan, el consumo sigue a la baja: si en 1995 el 0,8 % de la población había consumido esta sustancia alguna vez, en 2015 el porcentaje cayó al 0,6%.
Los resultados portugueses van más allá, tal y como resume Goulão en este artículo de RT. Desde 2001, ha aumentado la edad de iniciación al consumo, la demanda de tratamiento, ha caído el uso de drogas inyectables, se ha reducido el número de nuevos usuarios y la delincuencia relacionada con el consumo. También han caído los casos de sobredosis y las infecciones por VIH: en 2000, el país vecino batió un récord con 104,2 casos por cada millón de habitantes; en 2015, estos se habían reducido hasta 4,2 por millón.
¿Y España qué?
En la lucha contra los estupefacientes, la mayoría de países opta por penalizar su tráfico, producción y consumo. Muy pocos son más tolerantes con el consumo como hace Portugal.
Podría parecer una buena idea que España siguiera el ejemplo de sus vecinos si no fuera porque la ley española es muy similar, más antigua e incluso más permisiva. De hecho, en nuestro país el uso personal de estupefacientes nunca estuvo criminalizado, ni siquiera durante la dictadura franquista, aunque las sanciones administrativas por el consumo público se han endurecido en los últimos años, sobre todo con la Ley mordaza de 2015.
Como señala Héctor G. Barnés en El Confidencial, España es una pionera olvidada en lo que a políticas de drogas se refiere. El motivo es que "España ha visto un movimiento desde abajo hacia arriba", en el que las comunidades autónomas han adoptado nuevas medidas "en ocasiones enfrentándose con el Gobierno central", mientras que en Portugal especialistas y políticos se unieron. Como señala el título de un estudio al respecto publicado este año: "Más vale pedir perdón que permiso".
Aun así, el médico de la Agència de Salut Pública de Barcelona Joan Villalbí confirma que las situaciones española y portuguesa son muy parecidas. "La diferencia principal es que en nuestro país el hecho de que el consumo no se persiga viene de resoluciones de los jueces, que llegaron a esta conclusión cuando comenzaron a aparecer estudios que señalaban la drogadicción como una adicción. En Portugal viene de su ley".
Esta semejanza es debida a que ambos países sufrieron estragos por culpa de la heroína durante los 80. España y Portugal salieron de una dictadura casi al mismo tiempo (en 1974 tuvo lugar la Revolución de los Claveles, un año antes de que muriera Franco), lo que se tradujo en un aumento en las libertades personales que la juventud tuvo problemas para gestionar. La movida y la ruta Destroy son dos ejemplos patrios de este desfase.
En España, el Plan Nacional de Drogas de 1985 nació en respuesta a la heroína y el sida. Villalbí alaba su importancia: "Fue un modelo. En Barcelona se nos morían 200 personas al año de sobredosis, porque no había especialistas en drogas, y ahora no llegan a 50. El número de usuarios sigue siendo alto pero el problema está más tratado y enfocado. Hemos ido aprendiendo y el país está mucho más preparado".
En los 90 comenzaron en España los tratamientos sustitutivos con metadona, un primer paso para superar la abstinencia y comenzar la recuperación. En 1988, Goulão había abierto en Portugal el primer Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT). Estas narcosalas, que hoy encontramos en ciudades como Barcelona y Bilbao, son espacios de consumo higiénico y supervisado donde los usuarios que no quieren ir a tratamiento pueden consumir su sustancia en presencia de enfermeros y con jeringas limpias.
Cannabis y legalización total
En este panorama de descriminalización del consumo de drogas no falta quien apuesta por su legalización absoluta. Es lo que proponen partidos políticos como el Partido Libertario. Estos últimos defienden, en palabras de su presidente, Daniel Martínez, "la legalización de todas las drogas", pues consideran la prohibición como "problemas adicionales a los que ya vive el adicto".
Malinowska también defiende que la legalización es una opción "mucho mejor" que el panorama actual. "Hoy en día el mercado esta controlado y dirigido por actores ilícitos casi en su totalidad", comenta. "En el mejor de los casos, lleva a un montón de interrogantes y oportunidades perdidas: la calidad de las sustancias es desconocida y los beneficios no se invierten en servicios de tratamiento y prevención. En el peor, lleva a la corrupción gubernamental y a la violencia". Por todo ello considera que "es una solución mucho mejor cuando el estado es capaz de regular" el problema de las drogas.
Villalbí es más cauto. "No es razonable legalizar el consumo totalmente porque entonces puede haber otros problemas. Por ejemplo, si hay más acceso acabará habiendo más consumo: cuando el cannabis era muy perseguido se usaba muy poco, ahora se usa más, y si se puede consumir se acabará usando más". Por eso considera que la proliferación de clubs cannábicos cuenta con ventajas, como eliminar la necesidad de acudir al mercado negro, pero no está exenta de inconvenientes.
En este sentido, Goulão ha criticado en alguna ocasión la "enorme complacencia social" con la que cuenta el cannabis.
Por eso Villalbí considera que, en lo referente a la marihuana, no es necesario ser el primero de la clase sino aprender del resto e intentar mejorar sus sistemas. "La experiencia de Uruguay es muy interesante: tienen producción pública, pero la distribución les cuesta porque la mayoría de las farmacias no han querido". De momento, el último país en sumarse a la lista ha sido Canadá.
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