Cuatro días después del veredicto, España sigue dándole vueltas a la sentencia condenatoria de La Manada. Se ha debatido ya largo y tendido sobre la reacción de la víctima y su posible explicación psicológica, sobre la elección concreta del tipo penal y sobre la propia figura de los jueces. Tras la crítica pública y la reacción airada de las asociaciones judiciales defendiendo su labor, el último protagonista en sumarse de forma alborotada al ruido ha sido el propio Gobierno de España.
¿Qué ha pasado? El protagonista hoy es Rafael Catalá, en unas declaraciones increíbles al punto de la mañana insinuando que el juez Ricardo González, el único que emitió un voto particular abogando por la absolución de La Manada, contaba con algún problema personal que debería haberle impedido formar parte del tribunal. "Todos saben que tiene algún problema singular", ha explicado, señalando como culpable al Consejo General del Poder Judicial por permitir su presencia.
¿Por qué es importante? Las declaraciones son una bomba: de facto, el gobierno está entrando en un resbaladizo terreno que mira con suspicacia a la separación de poderes. Durante décadas, el poder político se había limitado a "acatar y respetar" las resoluciones judiciales. Tras las durísimas críticas de la oposición al voto particular de González, muy polémico y controvertido, el ministro ha decidido reaccionar del modo más brutal posible: impugnando la vida privada del propio juez.
La reacción judicial. Las palabras de Catalá han abierto la veda sobre el juez. Hoy mismo hemos sabido que la Audiencia de Navarra solicitó investigar su extraordinaria dilación escribiendo el voto particular de la sentencia, tan largo como la propia sentencia. También han suscitado una casi unánime reacción en la judicatura: todas las asociaciones de jueces y fiscales están pidiendo a esta hora la dimisión de Catalá, cuyas palabras ahondan sobre una justicia discutidísima.
La reacción social. ¿Pero por qué hacerlo? En parte, por la reacción de las calles a la sentencia y por su repercusión internacional. La elección de "abuso" y no de "agresión" ha cristalizado en un descontento social progresivo hacia el sistema judicial. El gobierno ha podido entender que una forma de posicionarse junto al ruido de la calle es señalando personalmente a González y obviando el centro de las críticas: la estructura de fondo que ha negado la "agresión" en este caso.
¿Qué va a pasar? Como en otras ocasiones, el ruido generado alrededor de La Manada ha provocado que los partidos políticos quieran reaccionar con rapidez. Desde el gobierno se ha propuesto ya una revisión del Código Penal cuya resolución es incierta: hasta ahora, todos los cambios surgidos al albur de sentencias o crímenes horrendos sólo han servido para cambiar penas, aunque el origen del problema de La Manada resida en la definición de términos muy concretos.
Imagen | Víctor J. Blanco/AP
