Un Tribunal Supremo en Soria: cada vez más países se plantean descentralizar sus instituciones

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han encontrado otro motivo por el que llevar su disputa personal y política al tablero nacional. En esta ocasión a cuenta de las instituciones públicas. "¿Por qué no pueden estar en otras partes de España?", se preguntaba ayer tras participar en un foro celebrado en Santander y en respuesta a las inquietudes planteadas por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Sánchez así hacía suya una idea muy vieja pero con escaso recorrido político, en parte por la resistencia de Madrid, capital y centro de todo organismo público del país.

Todo.

La concentración. Si hacemos ahínco en el adjetivo es porque Madrid es la sede de organismos en apariencia tan ajenos a su geografía como el Instituto Oceanográfico o Puertos del Estado. La peculiar construcción moderna del estado español colocó a la ciudad castellana en el centro de todas las cosas. Allí se ubican instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo, pero también otras más pequeñas como la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, el Instituto de La Marina o la Organización Nacional de Trasplantes.

En última instancia, todo lo que se decide o ejecuta en España pasa por Madrid.

La petición. Esto lleva en disputa algunos años. Las primeras voces que sugirieron "repartir" las instituciones del estado por toda la geografía lo planteaban como una suerte de bálsamo ideológico. Durante las fases más críticas del procés, algunos columnistas y políticos vieron en el traslado del Senado a Barcelona, una vieja idea planteada en su día por Pasqual Maragall, una forma de apaciguar los ánimos. Desde entonces, otras regiones, en boca de sus presidentes (Ximo Puig, Feijoó, Juanma Moreno, Revilla) han visto una oportunidad.

La idea. Muy simple: llevar instituciones como Puertos del Estado a Valencia (petición expresa de Puig) o el Centro de Procesamiento de Datos a Soria (esta sí hecha realidad e inaugurada ya por el ministro Escrivá). Sacarlas de Madrid. El objetivo sería doble. Por un lado, reforzaría los lazos de todos los españoles con el estado; y por otro permitiría crear puestos de trabajo, fijar población y realzar las perspectivas económicas de regiones hoy vaciadas a su suerte (la España vaciada). Esto último es optimista. Si algo hay en las capitales de provincia interiores es empleo público.

Ejemplos. Nada de esto es original, radical o novedoso. Hay ejemplos en Europa. Alemania, estado federal, es el más claro. El Consejo Federal tiene sede en Berlín y en Bonn; el Supremo y el Constitucional se encuentran en Karlsruhe; la Biblioteca Nacional de Alemania está en Frankfurt, así como la Agencia Europea de Medicamentos; el Archivo Federal, en Coblenza; la Autoridad de Supervisión Financiera, en Bonn y Frankfurt; la Oficina de Aeronáutica, en Brunswick; la Academia Alemana de la Lengua y la Agencia Espacial Europea, en Darmstadt. Y así sucesivamente.

Este es el caso más extremo. Pero no el único. Hace poco, Portugal decidía trasladar el Constitucional a Coimbra (no sin polémica). Reino Unido, un país de instituciones muy londinenses, lleva años discutiendo su redistribución. La idea de repartir a 50.000 funcionarios por el norte de Inglaterra ha sido apoyada por diputados conservadores; y el gobierno de Johnson desea abrir nuevas instituciones en otras ciudades ahora que Reino Unido debe hacerse cargo de áreas antes en manos de Bruselas.

Lo contrario. Por supuesto, también hay administraciones públicas muy centralizadas. Francia, donde el gobierno es sinónimo de París, es el ejemplo paradigmático, pero también Italia o Polonia, donde casi todo pasa por Roma o Varsovia. En países más pequeños y compactos como Dinamarca la capital concentra casi todas las agencias públicas, aunque allí el peso de las desigualdades regionales es menor. Un contrapunto a esto último es Países Bajos, con numerosas instituciones menores y mayores repartidas por distintos puntos de su reducida geografía.

La disputa. La forma de uno u otro país es fruto de su historia, desde la atomización del poder económico y político en los territorios alemanes hasta la centralización jacobina como respuesta a las revueltas federalistas de la Revolución Francesa. Pero nada es inmutable, tampoco en España. Lo que no significa que los planes de Sánchez sean viables: Ayuso ya ha criticado la idea como un "ataque directo" a Madrid, con su consejero equiparándolo a una "confrontación de territorios".

En muchos sentidos, la centralización/descentralización de instituciones mimetiza las sinergias territoriales y políticas de España desde su configuración moderno. Una tensión centro-periferia que, en plena desafección del interior y brecha urbano-rural, quizá se decante por una vez del lado de la periferia.

Imagen: Malouette/Flickr