La tumba de Franco en el Valle de los Caídos es un cristo (casi literalmente)

Un informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos solicitado por Zapatero en 2011 y entregado apenas una semana después de que el PP llegara al poder decía que era “urgente” resignificar el monumento. Que sigue siendo más una conmemoración del bando vencedor que un supuesto lugar en honor a todas las víctimas de la Guerra Civil, especialmente, y como dice la ONU, por estar coronado por los cuerpos de José Antonio y Franco y por tener en sus fosas cadáveres de republicanos, algunos sin identificar, que nunca dieron su permiso y que por tanto no disfrutan de “digna sepultura”.

Este informe ha sido la base durante años para distintos grupos parlamentarios encabezados por el PSOE para solicitar un traslado de los restos del dictador en una serie de propuestas que, tras insistir, encontraron la aprobación del Congreso en mayo de 2017. El Gobierno de Rajoy dejó este tema congelado (como todo lo referente a la Memoria Histórica) y ahora Sánchez quiere poner el decreto en marcha sin tardanza.

El artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 indica que el mausoleo “se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”. Al ser sagrado, es “inviolable”. Claro que, según la doctrina católica, la tumba de Franco no debería ser sagrada: el artículo 1242 del código canónico indica que en los templos solo pueden enterrarse obispos, cardenales o el Papa, en ningún caso dictadores. Se ha criticado a la Iglesia Católica por haber mirado para otro lado sobre este hecho, claro que hay quién recuerda que el régimen, y el monumento de Cuelgamuros, fueron y son un símbolo del nacional-catolicismo.

La vela de la Iglesia en este entierro

Aunque El Valle de los Caídos está considerado “cementerio público”, no religioso, y su titularidad es estatal y dependiente de Patrimonio Nacional, el derecho canónico hace que sean unos monjes benedictinos que dependen de una abadía en Francia los que deciden qué pasa dentro de la basílica, aunque no sea de su titularidad. Por ejemplo, se supone que la gente debería poder visitar el interior de las instalaciones, que tenemos tal derecho, pero los monjes tienen echado el cierre y nadie ha traspasado sus puertas en estos años, salvo contadas ocasiones.

Ahora mismo, la potestad de la custodia del cuerpo de Franco, como del resto de cuerpos de las fosas, parece que la tiene un abad, Santiago Cantera; un hombre que recibe de forma indirecta, las subvenciones de los españoles, pero que no es un empleado público ni está acatando las órdenes del Estado. Los obispos españoles protestan ante algunas de sus decisiones, como no respetar la sentencia legal que obligaba a exhumar los cuerpos de dos republicanos del Valle por petición de sus familiares, pero ha hecho oídos sordos y ha dicho que no hará nada hasta que intervengan los cuerpos de seguridad. La respuesta de Patrimonio ha sido paralizar el proceso alegando que "faltan informes".

Cantera no permite que nadie entre o se inmiscuya sobre lo que hay en la basílica y en los osarios, aunque para ello tenga que recurrir a tiquiñuelas legales. Se trata de una situación de limbo legal causada por un convenio preconstitucional que revela el carácter confesional y franquista que sigue rigiendo este espacio: en los 50 se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Fundación que dirigen los monjes y que se ha venido encargando de gestionar el recinto. Años más tarde, en 1982, una ley dio la gestión de los inmuebles a Patrimonio Nacional, pero en el documento no se menciona el Valle. Se da por supuesto que Cuelgamuros pasaba a quedar dirigido por el Estado, pero no aparece registrado de forma explícita.

Se cree que, si Patrimonio Nacional pone en marcha el proceso del decreto, los benedictinos acatarán las órdenes, pero sería mejor que el Estado no tuviese que pedir la autorización a la institución religiosa y que sea la misma Conferencia Episcopal la que proponga trasladar los restos.

Los Franco no tuvieron ni tienen ninguna potestad

Es lo que podríamos preguntarnos, por el deseo de los suyos. A decir verdad, hay muchos problemas con el cuerpo del Caudillo. Cuando murió, la familia, con su esposa Carmen Polo a la cabeza, pidió que lo trasladaran al panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo. Fue el rey Juan Carlos el que tres días después de su fallecimiento firmó que fuese trasladado al templo, según le indicó el Consejo de Ministros franquista, y haciendo caso omiso a lo que pedía la viuda.

Sobre el deseo expreso del dictador en vida, sólo está la versión del arquitecto original, que alega que el Generalísimo le dijo, señalando la basílica, “Bueno, Méndez, y en su día, yo aquí, ¿eh?”. En realidad, y pese a lo que pidiesen los Franco-Polo, siempre se construyó el Valle pensando que allí se enterraría al dictador.

Ahora es la familia la que ha cambiado de parecer, y han mandado una carta al abad manifestando su oposición al traslado. Amenazan incluso con litigar contra el Estado si finalmente el cuerpo del abuelo abandona el Valle.

Pese a todo, la familia no puede oponerse, ya que la ley de Memoria Histórica dice que "las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para retirar menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión y la dictadura". Su única potestad será decidir qué hacer con los restos una vez se trasladen.

Es decir, que aunque le cueste conseguir el permiso de la Conferencia Episcopal y del abad, Sánchez se puede salir con la suya y lograr la exhumación y el traslado de los restos de Franco gracias a estos cuatro pilares que son, en orden de importancia:

• Por el cariz exaltador y sagrado que el Valle hace del bando nacionalista y de la figura de Franco (y que entra en conflicto con la Ley de Memoria Histórica).

• Por ser un cementerio propiedad del Estado (a pesar de que los religiosos tengan la custodia).

• Por la misma norma que rige los cementerios públicos, que dicta que los restos humanos tienen un plazo limitado de estancia de 30 años.

• Y por el propio afectado, que se autoexcluyó de ser enterrado allí en su decreto de 1940 por el que anunciaba que la construcción de Guadarrama era "un monumento para los caídos en la Cruzada”. Franco murió de viejo el 20 de noviembre de 1975.

Sin ruido pero con contundencia

El citado informe de 2011 afirma que "si en su momento, el Gobierno estimase oportuno el traslado de dichos restos con la dignidad que requiere la exhumación de un jefe de Estado, debería valorarse el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública para evitar la radicalización de la misma”. La propuesta del traslado del cuerpo de Franco se aprobó en las Cortes por mayoría, sin votos en contra y con la abstención de los diputados del PP y ERC (éstos últimos por considerar demasiado suave la propuesta), con lo que se entiende que estaría representado el deseo de la mayoría de los españoles.

Los juristas puntualizan que “dignidad” no quiere decir “con honores”. En cualquier caso, y a lo que se refieren, es a intentar no provocar soflamas excesivas. No crear un espectáculo de esta medida que, en verdad, tiene su mayor importancia en su dimensión simbólica. Evitar a toda costa que se enciendan, si quedan, esos sectores nostálgicos con el régimen.

Pero es un trámite que en algún momento tendrá que realizarse. Ya que, por ejemplo, el artículo 16 de la Memoria Histórica dice que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Pese a ello, los franquistas y afines al fascismo siguen haciendo conmemoraciones del régimen en fechas señaladas en el Valle (y en otras ciudades).

De la fórmula jurídica por la que opte el Ejecutivo para mover a Franco dependerá que se cumple más o menos este apaciguamiento de los ánimos. ¿Y el futuro del Valle? Según el Gobierno actual, convertirlo "en un lugar de reconciliación". Muchos expertos creen que, pese a que haya cadáveres de los dos bandos, es imposible resignificar un espacio que abre sus puertas a los "caídos por Dios y por España". Como propuso Santos Juliá, otra de las opciones para el futuro de Cuelgamuros podría ser dejar de subvencionarlo y, por tanto, de manenerlo. "el mejor destino de ese sitio es su ruina. No volarlo, sino dejar que se derrumbe, que el tiempo lo devore".