La irrupción de Justin Trudeau en la arena política internacional fue uno de los acontecimientos más sensacionales del pasado lustro. Su aire renovador y su evidente carácter memético le granjearon tantos admiradores como velados detractores. Su carrera ahora, cuatro años después de llegar al gobierno de Canadá, corre peligro: la posible obstrucción a su propia fiscal general podría terminar con su salida.
¿Qué? A principios de este mes, The Globe and The Mail filtraba una historia explosiva: Trudeau y miembros destacados de su equipo de gobierno habrían presionado a la fiscal general del estado, Jody Wilson-Raybould, para que llegara a un acuerdo extrajudicial con una de las principales compañías canadienses, SNC-Lavalin. Wilson-Raybould dejaría su puesto a los días de comenzar los rumores.
En silencio.
¿Por qué? SNC-Lavalin es una constructora gigantesca que emplea a más de 50.000 personas en Canadá. Wilson-Raybould investigaba supuestos sobornos efectuados hace años al gobierno de Muammar Gaddaffi en Libia para el desarrollo de diversos proyectos. De llevar la cuestión a juicio, y de resultar condenada SNC-Lavalin, podría quedar al margen de cualquier contrato público por diez años.
Hubiera supuesto una carga insostenible para una constructora de calado nacional, y quizá hubiera provocado su venta a empresas extranjeras.
Las presiones. Era una investigación importante. Y Trudeu parecía saberlo. Al parecer, tanto él como sus colaboradores mantuvieron hasta diez reuniones en privado con Wilson-Raybould para forzar un arreglo que sorteara el juicio. La fiscal, elegida por el propio Trudeau y miembro del Partido Liberal, se negó. Como resultado, abandonó su puesto. Los rumores se multiplicaron en los medios.
El silencio. Hasta aquí todo eran conjeturas. Wilson-Raybould mantuvo un sepulcral silencio de un mes hasta ayer, cuando compareció frente a una comisión del Congreso. ¿Resultado? La ex-fiscal ha confirmado punto por punto todo lo publicado en prensa durante el último mes. Es decir, Trudeau sí presionó a su fiscal general para beneficiar a una empresa privada. Su equipo de gobierno sí obstruyó a la justicia.
Consecuencias. Imprevisibles. La oposición ya ha perdido su dimisión. El escándalo, en un país aún no inoculado a vaivenes de este tipo, es mayúsculo, comparable, en palabras de la ex-fiscal, al Watergate. El primer ministro niega la mayor, y tiene cierto espacio de maniobra: Wilson-Raybould no ha podido probar que Trudeau o sus colaboradores le ordenaran explícitamente que detuviera la investigación.
La obstrucción de los procesos judiciales es, además, un delito penal en Canadá. Más allá de las consecuencias legales, Trudeau afronta una crisis sin precedentes en su carrera política. Una que, termine o no con su mandato, ha dañado irremediablemente su imagen pública.
Imagen: Eco Clement/Upi
