La relación entre Elon Musk y los accionistas de Tesla está siendo como comerse una hamburguesa: sabes que la necesitas para alimentarte, pero es tan resbaladiza que es imposible comérsela manteniendo la dignidad.
La negativa de una parte de los accionistas de la empresa a desembolsar 46.000 millones de dólares como salario para Elon Musk está generando muchas tensiones en el seno de Tesla. Una nueva demanda presentada en un juzgado de Delaware echa más leña al fuego acusando a Musk por la venta de acciones valoradas en 7.500 millones de dólares, alegando el uso de información privilegiada.
Se avecinaba tormenta, y abrió su paraguas. Michael Perry, accionista de Tesla, ha presentado una demanda ante el tribunal de Delaware (sí, otra vez Delaware) acusando a Elon Musk de utilizar la información privilegiada que tenía en su poder para vender sus acciones.
El accionista asegura que el CEO de Tesla faltó a su deber fiduciario al vender 45 millones de acciones de la compañía que dirige, antes de hacer públicos unos malos de ventas que sabía que iban a afectar negativamente a la cotización de la compañía. Los hechos se produjeron antes de la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2022.
La acusación contra Elon Musk. En su demanda, Perry asegura que el CEO de Tesla había estado prometiendo “un fin de año épico” en cuanto a ganancias, pero los datos que iba a presentar en el último trimestre de 2022 no eran buenos.
Por lo tanto, según se recoge en su demanda, antes de dar a conocer esos resultados, Elon Musk vendió dos paquetes de acciones con un valor conjunto de 7.530.113.926 millones de dólares, sabiendo que, semanas más tarde, su cotización iba a caer.
Efectivamente, tras la presentación de resultados, el 3 de enero de 2023, las acciones de Tesla cayeron un 55% marcando una cotización mínima con respecto a los tres ejercicios anteriores. Ahora el demandante reclama que Elon Musk devuelva a la compañía los 3.000 millones de dólares que obtuvo de beneficio en esa operación.
Acusación contra la junta directiva de Tesla. El accionista también hace extensiva su demanda a la junta directiva de Tesla a la que acusa de dejación de funciones, por permitir que Elon Musk operara con total impunidad en contra de los intereses de los accionistas, acusándoles de ser "conscientes y culpables" y señala la actitud de “indiferencia imprudente” de la junta directiva de Tesla.
Regulación de prácticas anticorrupción. La normativa de EEUU dispone de mecanismos y normativas que impiden (u obstaculiza) que directivos con información privilegiada pueda operar a su favor vendiendo grandes paquetes de acciones usando información privilegiada. Sin embargo, la demanda considera que Tesla no los activó.
La normativa de la Comisión de Bolsa y Valores SEC prevé que, directivos y accionistas destacados que vendan acciones, puedan acogerse a la Regla 10B5-1. Por simplificarlo, esta regla contempla la externalización de la gestión de los valores a un corredor externo durante un periodo de hasta 90 días. De ese modo, se dejaría “enfriar” la información privilegiada para evitar un posible fraude de valores. Esa es la teoría.
En la práctica, la SEC es consciente de que esta norma es un auténtico coladero para los grandes inversores con información privilegiada y ya prepara su endurecimiento.
Tesla cuenta con información en tiempo real. La demanda de Perry se basa en el hecho de que Elon Musk contaba con información en tiempo real sobre el volumen de ventas de la compañía. El propio Elon Musk presumía de elloante los accionistas en la presentación de resultados del primer trimestre de 2023. “No creo que haya ninguna empresa en la Tierra que tenga mejores datos en tiempo real que Tesla. Tenemos nuestro dedo tomándole el pulso a Tesla en todo momento en tiempo real y no tiene latencia”.
Es decir, que Musk conocía ya en noviembre de 2022 que, salvo que se produjera un milagro en las cifras de ventas, estas iban a ser malas, y necesitaba vender sus acciones a buen precio para saldar su deuda con los prestamistas de Twitter. “Musk vendió estas acciones antes de que la información no pública en su poder pudiera divulgarse públicamente y afectar el precio de las acciones de la compañía”, asegura el accionista en su demanda.
Imagen | Flikr (Ministério das comunicaçoes)
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