El Gobierno quería que los VTC se reservaran con 15 minutos de antelación. La Justicia quizá opine distinto

El uso de los vehículos de transporte con conductor (VTC) puede cambiar por completo. Al menos después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido íntegramente el recurso que la Asociación Empresarial VTC Andalucía ha interpuesto contra el el Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor.

Así lo ha confirmado en exclusiva El Confidencial. El diario digital explica que todo nace de un error de forma del Gobierno en la aprobación de este sistema. Desde que comenzara su aplicación en octubre de 2021, era necesario que empresas como Cabify, Uber o Bolt especificaran todos los datos relativos al viaje, como las horas de recogida y llegada, los trayectos recorridos, la matrícula del vehículo o, incluso, el lugar más alejado desde la recogida si el trayecto se iniciaba y terminaba en el mismo lugar.

Lo que se escondía detrás de este registro era una herramienta para que las comunidades autónomas más beligerantes con los servicios VTC, como Cataluña o Valencia, confirmaran que estos vehículos se habían pedido con un tiempo mínimo de 15 minutos de antelación. Una situación que los dejaba en desventaja frente al taxi.

Sin consulta

En el artículo de El Confidencial se explica que los magistrados del TSJM inciden en que la medida se tomó "sin hacer las consultas necesarias para sacarlo adelante, ya que solo consultó al taxi, sin pedir opinión a la VTC".

Durante el procedimiento, no se recogió el trámite de audiencia o participación. Sólo se especifican los trámites con Antaxi y el Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera pero para la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Madrid es insuficiente, pues "no se ha visto satisfecho el procedimiento de evacuación de trámites de audiencia, información pública o informes exigidos para la elaboración y, ulterior, aprobación de disposiciones generales.

De momento, contra la decisión del TSJM cabe recurso, por lo que habrá que esperar para ver las implicaciones de la decisión del Tribunal madrileño. De momento, cada comunidad autónoma legisla según sus propias reglas el funcionamiento de estos servicios VTC, debido a que el conocido como Decreto Ábalos dejó todo en sus manos.

En Madrid, por ejemplo, se h mantenido el número de licencias VTC en torno a las 9.000 y los taxistas verán cambios sustanciales en su manera de trabajas. En Barcelona, por el contrario, se ha legislado a favor del sector del taxi. La asociación que ha interpuesto este recurso, ahora admitido íntegro por el TSJM, hace tiempo que pide una regulación estatal para el servicio VTC.