Lleida pagará 442.000 euros a una empresa de radares porque ordenó que dejaran de poner multas. El motivo: elecciones municipales

Año 2013, el Ayuntamiento de Lleida adjudica a la empresa Benito Arnó la instalación de diversos dispositivos por la ciudad para el control del tráfico. Concretamente, hablamos de cámaras de semáforo rojo y tres radares de velocidad que podían irse moviendo por nueve cajas vacías a partir de 2014.

Los resultados no tardan en dejarse notar. Apenas unos meses después, las críticas llueven. En apenas siete meses se imponen más de 11.000 sanciones y el Ayuntamiento recauda unos 370.000 euros, de los cuales un tercio de los ingresos van a parar a la empresa concesionaria.

Malos tiempos para circular desprevenido por Lleida y peores tiempos para enfrentar unas elecciones municipales, debió pensar Àngel Ros, quien dirigía la ciudad en aquellos momentos. El resultado: un alcalde que asustado por las críticas eleva el límite de las multas a 65 km/h para tratar de aplacar los ánimos unos meses antes del paso por las urnas en 2015.

En ese momento, comienzan las hostilidades. La empresa concesionaria denuncia al Ayuntamiento porque, según sus cálculos, alrededor de 100.000 sanciones dejan de ser contabilizadas y, por supuesto, cobradas. El Ayuntamiento se defiende y asegura que, primero, el nuevo margen fue consensuado entre ambas partes y, segundo, que la concesionaria está incumpliendo otras partes de su contrato.

El litigio ha concluido ahora, en 2024.

A pagar 442.000 euros en multas por no poner multas

Aunque en un primer momento la concesionaria menciona 100.000 multas sin tramitarse, con el paso del tiempo y del procedimiento judicial llega a aumentar este número hasta el medio millón de multas.

Estamos ya en el año 2021 y el procedimiento judicial sigue adelante. Desde 2015, poco antes de las elecciones, los radares están multando a partir de los 65 km/h, una velocidad que se rebaja a los 60 km/h en 2018 después de meses retrasando la decisión, anunciada por primera vez ya en 2017.

En enero de 2018 el procedimiento judicial se detiene pero como hemos visto, ser retomaría años más tarde cuando la empresa concesionaria tiene claro que en todo el tiempo que los radares han estado activos pero no multaban por debajo de los 65 km/h primero y de los 60 km/h después han dejado de tramitarse medio millón de sanciones.

Sus cuentas son claras: reclama nueve euros por cada sanción no impuesta. En total, pide al Ayuntamiento que le devuelva 4,5 millones de euros en compensación por las infracciones no recogidas. La sentencia judicial, sin embargo, obligará al Ayuntamiento de Lleida a pagar 442.000 euros a la empresa concesionaria.

Años después de que comenzaran los juicios, el Ayuntamiento de Lleida ha asumido que tendrá que pagar a Benito Arnós una suma que se acerca al medio millón de euros repartido en dos pagos. El primero será de 142.000 euros y deberá llevarse a cabo este mismo año. El segundo será de 300.000 a desembolsar el próximo año.

Se termina así un litigio curioso que ha obligado al Ayuntamiento a poner de su bolsillo el dinero que los propios infractores no abonaron al ser reconocidos como tales por unos aparatos que el propio consistorio instaló.

Foto | Denny Müller

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