Madrid lleva años entre el amor y el odio con los patinetes eléctricos.
En 2018 obligó a la retirada de todos los patinetes eléctricos de alquiler compartido en apenas 72 horas. El año siguiente, el Ayuntamiento (entonces gobernado por Manuela Carmena) volvían a las calles con más de 8.600 licencias adjudicadas. Entonces había hasta 18 compañías que operaban en la ciudad.
Dadas las continuas molestias, en 2022 la ciudad volvía a revisar las condiciones para operar en la ciudad. Después de crecer hasta las 10.000 unidades, el Consistorio (ya con Martínez-Almeida al frente) sacó adelante una nueva licitación para operar con este tipo de vehículos. Se limitaba a tres las empresas que podían trabajar en las calles y se ponía el techo en un máximo de 6.000 patinetes eléctricos.
En mayo de 2023 se daba inicio a la nueva regulación. Los elegidos eran Tier, Lime y Dott. Estas empresas habían obtenido las puntuaciones más altas en el concurso y, por tanto, tenían permiso para operar en las calles madrileñas. En octubre, además, los patinetes eléctricos fueron prohibidos en el Metro, tras la explosión de uno de ellos que provocó daños en un vagón y la parada de toda una línea.
16 meses después de la licitación, Madrid ha retirado todas las licencias. Y no solo eso, aseguran que no volverán a sacar más licitaciones adelante.
Adiós, patinetes eléctricos
El anuncio ha llegado del propio alcalde de la ciudad que en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno ha confirmado la revocación de todas las licencias. Lime, Dott y Tier tendrán hasta octubre para retirar todos los vehículos de las calles de la ciudad. Eso sí, tienen 20 días por delante para hacer públicas sus alegaciones a la medida.
Según el Ayuntamiento de Madrid, no se volverán a conceder más licencias parqa este negocio porque "se ha comprobado que el mercado no puede atender a las necesidades establecidas por el Ayuntamiento que garanticen la máxima seguridad posible para los ciudadanos".
Desde el consistorio defienden su medida asegurando que las compañías quebrantan reiteradamente sus obligaciones. Entre las más destacadas, cada empresa tenía la obligación de retirar los patinetes defectuosos o mal aparcados en menos de 24 horas. También se premiaba a los operadores que obligaran a aparcar sus patinetes en espacios acotados y se obligaba a integrarse en la Plataforma Madrid Mobility 360.
Según el Gobierno de la ciudad, por falta de transparencia de las empresas no se ha podido comprobar que cumplan con el máximo de 3.600 patinetes aparcados en el interior de la M-30 y de los 2.400 dedicados al exterior de la misma. Tampoco que se mantuviera el ratio de 10 patinetes por cada 10.000 vecinos o que se impidiera el aparcamiento de estos vehículos en lugares no habilitados para ello (era obligatorio en el distrito Centro).
Madrid no es la única gran ciudad que ha prohibido este servicio. París también rechazó la posibilidad de desarrollar este negocio en sus calles después de sacar la propuesta a votación de los vecinos. El rechazo al servicio fue muy mayoritario y también se sacaron de la ciudad.
Foto | Jonas Jacobsson
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